Los partidos de oposición abrieron el debate con la presentación de mociones suspensivas contra la iniciativa Presidencial que fue avalada en la Cámara de Senadores.
SinEmbargo.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados inició esta tarde la discusión de las modificaciones a diversas leyes que Morena propuso como Plan B de la Reforma Electoral, mismas que fueron aprobadas por la mañana en el Senado de la República.
A unas horas de que los senadores devolvieran las minutas de reforma al Palacio de San Lázaro, la mayoría parlamentaria de Morena y los partidos aliados avalaron dar trámite fast-track al proyecto que evitará pasar por comisiones para su dictamen.
La sesión inició con la presentación de mociones suspensivas por parte de los legisladores de la oposición que buscaban evadir el debate en el Pleno.
Los grupos parlamentarios del PAN y MC presentaron su propuesta para turnar el Plan B a comisiones, pero el Pleno desechó por mayoría ambos recursos.
El Diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, adelantó que ante el rechazo a su moción suspensiva, estarán dando “la lucha en la Suprema Corte”.
Las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda, fueron aprobadas en lo general y en lo particular por el pleno del Senado de la República durante la sesión de este jueves.
La minuta con proyecto de decreto, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dichas leyes, fue avalada con 65 votos a favor, 52 en contra en lo general, mientras que en lo particular fue aprobada con 64 votos a favor y 48 en contra.
El presidente de la Mesa Directiva, el Senador Alejandro Armenta Mier, señaló que sería turnado con modificaciones a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.
Se determinó que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Además, establece que la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional y tener fines informativos o educativos; así como ser objetiva, oportuna, necesaria, accesible e incluyente. Asimismo, deberá abstenerse de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
Tampoco “constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.
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