Diputados de México aprueban ley para combatir empresas fantasma y defraudación fiscal

MÉXICO, 15 oct (Xinhua) — La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que combate a las empresas fantasma y reformas para que la defraudación fiscal con facturas falsas sea equiparada con delincuencia organizada.
La minuta aprobada por mayoría considera “como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa”. Además, incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El documento fue avalado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, y enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Establece como delito la defraudación fiscal, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.Se indica que los criterios de oportunidad del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales serán procedentes en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.
Del Código Fiscal de la Federación se deroga la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, en el cual se indica que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, a quien por sí o interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Además, añade el documento previamente avalado en el Senado, será castigado con las mismas penas, al que sabiéndolo permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del Código Fiscal.
De igual manera, se refiere que se requerirá querella de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por este delito. Y el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a operaciones de procedencia ilícita, se podrán perseguir simultáneamente.
Durante la discusión en el pleno, la diputada Paola Tenorio argumentó que la defraudación fiscal ha frenado el crecimiento de la economía nacional, ha debilitado a las instituciones e incrementado la desigualdad social. “El objeto de esta reforma es combatir y sancionar únicamente a los contribuyentes deshonestos y corruptos que dañan a nuestro país, así que dejen de malinformar con un terrorismo fiscal que no existe. ¿O acaso están ustedes inmiscuidos en algo y por eso insisten tanto en defender lo indefendible?”, destacó.
En coincidencia, el diputado Marco Antonio Medina aseveró que con dicho dictamen “supondrá el reforzamiento en la participación de distintas instituciones del ámbito federal en la solución a un problema de suma gravedad que se ha gestado durante muchos años, y que ha socavado la base fiscal del Estado y representado un peligro para la seguridad nacional”.
En tanto que los diputados la oposición justificaron su negativa de votar dichas reformas por considerarlas “terrorismo fiscal”, al considerar dichos delitos como una amenaza a la seguridad nacional y castigos como delitos de delincuencia organizada, que ameritan prisión preventiva oficiosa.

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