Las dependencias tienen menos de un mes para eliminar los fideicomisos y depositar los recursos.
Miguel A. Ensástigue | OEM-Informex.
Las dependencias del gobierno tienen un mes contado a partir del 7 de noviembre para eliminar sus fideicomisos y devolver los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), detalló la Secretaría de Hacienda en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En el documento, que establece el camino para desaparecer los fideicomisos, se establece que todas las secretarías que cuenten con alguno de estos fondos tendrán que hacer una rendición de cuentas sobre la administración del dinero.
Estas disposiciones forman parte del plan de austeridad que emprendió el presidente en abril, cuando ordenó la extinción de fideicomisos, mandatos y actos jurídicos similares para contar con mayores recursos para afrontar la pandemia.
Estos mecanismos operan a través de un banco, que recibe aportaciones por parte del Gobierno federal y se encarga de otorgar el dinero correspondiente a cada organismo público para el desarrollo de sus tareas a lo largo del año.
Con el decreto, se eliminan 109 fideicomisos que dejarán al erario 68 mil 400 millones de pesos y serán invertidos en el sector salud, especialmente para la adquisición de una vacuna contra el Covid.
En sustitución de los fideicomisos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de dispersar los recursos de manera directa, sin algún intermediario o institución financiera, para que cada oficina obtenga lo necesario para el desempeño de sus actividades.
Para César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el que Hacienda sea la encargada de suministrar el dinero es un riesgo adicional para estos programas, ya que cada año se deberá hacer una planeación presupuestal más rigurosa sin descuidar las acciones de cada dependencia.
José Perdomo, académico de la Universidad La Salle, agregó que con esta medida los recursos a las oficinas serán limitados, pues podrían disminuir durante la discusión presupuestal de cada año o, incluso, si persiste la caída en ingresos públicos por el Covid-19.
