Por ejemplo, los delitos relacionados con bienes nacionales, como el Circuito Bicentenario, no prescriben, comentó.
Isaac Rosales | Astillero Informa
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El abogado Paulo Díez Gargari recordó las irregularidades a través de las cuales la empresa Aleatica (antes OHL) mantiene el control del Viaducto Bicentenario hasta la fecha.
Al ser una vía general de comunicación de jurisdicción federal, no puede ser explotada “salvo mediante concesión otorgada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes [SICT]”. Sin embargo, esta concesión no existe, pero “Aleatica lleva años explotando ilegal e impunemente esa autopista”, dijo este jueves en una entrevista para Astillero Informa.
En este sentido, aseguró que la operación ilegal de dicha vía de comunicación se debe casi exclusivamente a Julio Scherer Ibarra y ex titular de la SICT, Jorge Nuño Lara, quien fue calificado como “uno de sus operadores más cercanos”.
Siguiendo sus argumentos, el acuerdo entre la SICT y Aleatica por medio del cual se convalida la concesión estatal que le dio el gobierno del Estado de México para la operación del Circuito Bicentenario “es absolutamente inconstitucional e ilegal”.
“Ni siquiera el presidente tiene la facultad de convalidar una supuesta concesión estatal, como es esta concesión patito que le dio el Estado de México a Aleatica […], para explotar una vía general de comunicación de jurisdicción federal”.
De modo que, como abogado del titular del Ejecutivo, Scherer no debió permitir que Andrés Manuel López Obrador firmara ese convenio.
El documento “tuvo que haber pasado por la oficina de Scherer y este tuvo que haberle dicho que no podía firmar aquello porque era ilegal. Si no lo hizo, el único responsable de esa estafa criminal, es él”, contó.
Por estos acontecimientos, “yo sigo pensando que este señor traicionó no solo su confianza y la lealtad institucional que le debía, sino incluso la amistad que aparentemente existía entre ellos”.
El jurisconsulto agregó que probablemente Scherer Ibarra publicó el libro Ni venganza ni perdón (Planeta, 2026) pensando que sus delitos ya había prescrito, pero “los delitos relacionados con bienes nacionales no prescriben”. Por tanto, piensa en presentar no una, sino “un montón de denuncias” contra él.
El libro “da la oportunidad de reabrir muchas de las denuncias que aparentemente habían quedado ahí detenidas. La principal es la del Viaducto Bicentenario”, sostuvo.
Justicia selectiva
También recordó cómo el exconsejero jurídico de la presidencia creó casos de justicia selectiva mediante una “red de corrupción y extorsión” para enriquecerse y enriquecer a sus allegados.
Según sus declaraciones, el propio Scherer Ibarra magnificaba problemas legales de personas o empresas adineradas, como Juan Collado o Interjet, y luego “obligaba a los afectados a contratar a sus abogángsters para que arreglaran el asunto”.
Precisamente, en el caso de Interjet, recomendó “que se contratara a Rivera Gaxiola, del que Julio es o ha sido socio, y este señor proponía unos honorarios que, francamente, sorprenden”, ya que “cobraba nueve millones de dólares solo por estudiar el asunto”.
“Es una cosa que no se ve en ningún lado del mundo. Ni con los abogados en Londres o Nueva York”, comentó. Para el litigante, esta tarifa no representa el cobro de unos honorarios, “sino el pago disfrazado de un soborno”.
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