¿De la división de poderes de fachada a los pesos y contrapesos por contrato? Autor: Alberto Carral

Los contrapesos sin mecanismos ciudadanos para controlar a los representantes es igual que quedar a la buena voluntad de la clase política.

Nadie puede afirmar que el actual sistema político es el mismo de hace dos o tres décadas. Los cambios transcurridos pueden enunciarse de la siguiente manera: anteriormente había un partido (casi) único, mientras que, hoy en día, hay un sistema de partidos plural; asimismo, el Congreso de la Unión estaba en manos de una sola fuerza política, en tanto que actualmente es posible ubicar legislaturas con coaliciones mayoritarias y con una importante presencia de minorías partidistas; en cuanto a las elecciones estas eran un mero trámite para ratificar al PRI en el gobierno, ahora se vive una competencia real entre partidos políticos durante las jornadas electorales que, eventualmente, desemboca en alternancias (cambio de partido en el gobierno).

A pesar de todo, de las múltiples reformas electorales, de la pluralidad política en el Congreso (presencia de varios partidos en el Poder Legislativo), de las elecciones competidas y de las alternancias hay un malestar social entre buena parte de la sociedad. Para algunos de los más firmes defensores de estos rasgos del cambio político la insatisfacción con el sistema político es, de alguna forma, resultado de que los votantes no comprendieron o no alcanzan todavía a dimensionar los cambios producidos durante las últimas décadas. Pero conformarse con este planteamiento implica eximir de responsabilidad a los partidos, gobiernos, legislaturas y demás actores políticos, y transferir la culpa a la ciudadanía.

Si se hace un poco de historia, cuando por primera vez desde su fundación el PRI reconoció el triunfo de otro partido político en la elección presidencial del año 2000, algunas de las primeras lecturas sobre este acontecimiento estuvieron guiadas por la idea de que con la derrota de este partido el final de una era de impunidad, corrupción y abuso de poder vendría por añadidura, como desenlace inevitable en nuestra historia política. Uno de los problemas de esta interpretación fue que, de tiempo en tiempo, la misma historia confirmó que se trató de una derrota electoral, mas no política ni mucho menos cultural.

Tras la derrota presidencial del 2000, en la esfera política el PRI conservaba todavía un buen número de gubernaturas, ayuntamientos y asientos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como abundantes recursos asociados a estas posiciones ocupadas. Culturalmente, los usos y costumbres corruptos del partido que gobernó por más de siete décadas se preservaron y la práctica de la corrupción se extendió al conjunto del sistema de partidos o cuando menos a los más importantes de las últimas décadas, de acuerdo con la denuncia de hechos presentada por el exdirector de Pemex y dada a conocer públicamente por el fiscal general de la República.

Estos escándalos de corrupción política no solamente ponen en entredicho a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y demás participantes del Pacto por México, sino también al modelo mismo de democracia que se viene practicando desde hace varias décadas. De acreditarse los hechos denunciados, desafortunadamente, quedaría en evidencia que México transitó de tener pesos y contrapesos de fachada durante la época dorada del PRI a un equilibrio de poderes por contrato o de trabajo legislativo a destajo para maquilar al gusto las reformas a las Constitución y a las leyes secundarias.

La situación es grave, no tanto para los partidos que actualmente están en la oposición sino para la política democrática misma. De resultar ciertos los señalamientos de pagos de sobornos a legisladores a cambio de aprobar reformas –incluyendo la electoral del 2014–, los cambios en el sistema político habrán sido no los del predominio de la política democrática como arte de la negociación, del diálogo y de la construcción de consensos con mayorías plurales, sino el de la gestión de conflictos o diferencias de perspectiva a golpe de billetazos, o maletazos, si se quiere.

Una primera lección de todo este entramado de acusaciones y deslindes es que sin una dimensión ética y cívica no hay reforma electoral que valga. La discusión de otra reforma de este tipo se volvería ahora un asunto trivial y carente de toda relevancia social. Con todo, los procesos y las autoridades electorales son imprescindibles. Los contrapesos son igualmente necesarios, pero sin mecanismos ciudadanos para controlar a los representantes es igual que quedar a la buena voluntad de la clase política.

@carralb_

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