Pese a la expansión de facultades en investigación e inteligencia, la Secretaría a cargo de Omar García Harfuch verá reducidos sus recursos el próximo año
Atzyacatl Cabrera | OEM-Informex
En 2026 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, tendrá 10 mil millones de pesos menos en su presupuesto, incluso cuando la dependencia federal se hizo con más facultades de investigación y persecución de delitos.
Con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 aprobado en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con una bolsa presupuestal de 60 mil 110.9 millones de pesos. Esto es 10 mil 311.3 millones de pesos menos que en este año, una reducción de 17 por ciento en términos reales.
Sin embargo, desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional impulsó una serie de reformas, constitucionales y legales para dar superpoderes a la institución dirigida por García Harfuch, uno de los funcionarios más cercanos a la mandataria y que también la acompañó en tareas de seguridad durante la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
“Es un recorte, por un lado esperado, pero por otro lado raro”, considera el especialista en temas de seguridad pública Fernando Jiménez.
“Esperado porque ya se vio oficial y completamente la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto se transfieren todos los recursos que implicaba la operación de la Guardia Nacional, que es probablemente el porcentaje que se mueve, la disminución responde a eso”, explica.
A pesar de ello, el especialista en políticas de seguridad puntualiza que también es raro el recorte presupuestario a la Secretaría de Seguridad federal porque con las últimas reformas en materia de seguridad, dicha dependencia adquirió nuevas funciones en donde se requieren inversiones millonarias para generar el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
“En este sentido es una mala señal, porque los nuevos instrumentos con los cuales el Gobierno federal pretende fortalecer la lucha contra la criminalidad, que es el problema más serio del país, no van acompañados de recursos financieros para poderlos sustentar”, expone Jiménez.
Hace un año, tras presentar la Estrategia Nacional de Seguridad, la jefa del Ejecutivo federal envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución para establecer que, además de los ministerios públicos y la Guardia Nacional, el Poder Ejecutivo a través del ramo de seguridad pública -la SSPC– también podrá investigar delitos.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024 también señala que la SSPC “formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, así como las acciones derivadas en materia de seguridad, la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, así como la coordinación de las acciones de seguridad en los tres niveles de gobierno.
Derivado de la reforma constitucional, el 16 de julio de 2025 se publicaron dos nuevas leyes: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ambas con el objetivo de regular todas las nuevas facultades de la SSPC.
Con ello, entre las nuevas atribuciones que adquiere la Secretaría de Seguridad Federal se incluyen la coordinación del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, la ejecución de los acuerdos adoptados en dicho consejo, el diseño de políticas públicas, estrategias, acciones e instrumentos de inteligencia en seguridad pública, la elaboración de criterios de análisis criminal y actuación policial.
Las reformas recientes otorgan a la Secretaría encabezada por García Harfuch la responsabilidad de auxiliar a los ministerios públicos en tareas de investigación e inteligencia
También el desarrollo o adquisición de plataformas digitales y sistemas informáticos para la integración, sistematización, análisis y aprovechamiento de la información generada a través del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la coordinación de los convenios de colaboración con autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como convenios de colaboración transnacionales.
Las reformas de reciente publicación también dan a la Secretaría a cargo de García Harfuch la responsabilidad de auxiliar a los ministerios públicos en acciones de investigación e inteligencia, es decir, generar productos de inteligencia y fortalecer líneas de investigación sobre delitos; así como proveer datos e información para robustecer las carpetas de investigación.
Ambas leyes, publicadas en julio, colocan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la columna vertebral de la política nacional de seguridad.
Durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, en donde se contempla el recorte de más de 10 mil millones de pesos a la SSPC, diputadas de oposición como la emecista Claudia Ruiz Massieu advirtieron que durante este año la Secretaría de Seguridad acumuló más atribuciones y más responsabilidades, incluso en áreas operativas, pero esto no se respalda con recursos económicos del Estado.
Ruiz Massieu acusó que no había congruencia entre las leyes aprobadas con el aval de todos los partidos políticos -incluídos los de oposición- y los recursos asignados para el siguiente año.
El especialista Fernando Jiménez agregó que dadas las nuevas atribuciones de la SSPC sumado a los recortes presupuestarios, se podría prever que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, o lo que se logre desarrollar de dicho sistema, “iniciará con muchas deficiencias y muchas dificultades y no dará resultados a corto plazo”.
Asimismo, advirtió que la falta de recursos es una señal contraria a querer consolidar un sistema de esta magnitud, pero profundizó en que “podría haber más adelante partidas especiales o apoyos internacionales”.
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