3 de enero de 2024.– De acuerdo con Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México, tanto periodistas como defensores de derechos humanos cumplen un rol que beneficia a toda la sociedad. Por eso, cuando se les agrede, todas las personas pierden.
“las y los periodistas nos cuentan qué sucede en el país, solo eso ya es un rol fundamental para la plena vigencia de un sistema democrático. Las personas defensoras de derechos humanos defienden los derechos de todas y todos, es fundamental ese trabajo. Cuando un periodista es silenciado, todos perdemos; cuando esa persona defensora ya no puede defender los derechos humanos, todas y todos perdemos”.
En el marco de la presentación del informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dijo que algunos factores que reproducen la impunidad en estos casos son las ausencias de recursos, de competencias y de voluntad por parte de los “operadores de la justicia”.
Sin embargo, reconoció que, dentro de los nueve crímenes que contempla el documento, existen “buenas prácticas” por parte de las fiscalías, en específico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Por ejemplo, citó las entrevistas de 30 testigos de la desaparición de Arnulfo Cerón Soriano, un defensor de derechos humanos de Guerrero, que condujeron a una línea de investigación que establecía su activismo como el móvil de su asesinato.
Asimismo, en entrevista con Témoris Grecko para Astillero Informa, mencionó el caso de Miriam Rodríguez, otra defensora de derechos humanos de Tamaulipas que fue asesinada, en donde la recuperación de videos por parte de la Policía de Investigación permitió identificar a los perpetradores del crimen.
En paralelo, hizo mención de la amenazas que recibió el periodista Amir Ibrahim Mohamed en Quintana Roo. Para lograr “la primera sentencia por amenazas”, la FEADLE realizó un “análisis de contexto” del trabajo periodístico de Mohamed Alfie, el cual posibilitó identificar los intereses que estaba afectando.
Si bien el informe reconoce todas estas buenas prácticas, también detalla que es necesario implementar una política pública integral de respeto, protección, prevención y justicia” para periodistas y defensores de derechos humanos, abundó. En su opinión, dicha medida debe contemplar:
- La obligatoriedad del análisis de contexto.
- Un protocolo homologado de investigación de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- Diálogo de los “operadores de justicia” con la sociedad civil.
- La participación de las víctimas y familiares en las indagatorias.
- Acceso de las víctimas a la asesoría jurídica gratuita.
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