“Terminé asqueado”: Eduardo Gallo rompe el silencio sobre García Luna, Wallace y la crisis del activismo contra el secuestro (nota de Juan Carlos Rodríguez en OEM-Informex)

El expresidente de México Unido contra la Delincuencia sostiene que detrás de algunos de los casos criminales más emblemáticos de las últimas décadas existieron fabricación de pruebas, intereses políticos y complicidades institucionales que terminaron por destruir el movimiento ciudadano

Juan Carlos Rodríguez / OEM-Informex

Hubo un tiempo en que Eduardo Gallo no podía caminar una calle sin que alguien lo detuviera para hablarle de secuestros, combate a la delincuencia, violencia e impunidad

Como activista y líder de la organización de México Unido contra la Delincuencia, los gobernantes lo buscaban, los procuradores le contestaban el teléfono, las organizaciones civiles lo invitaban a sus consejos, los medios lo entrevistaban cada semana. Pero un día desapareció.

No porque hubiera dejado de creer, sino porque, según sus palabras, terminó “asqueado” de la política y los intereses que la rodean. Hoy tiene 77 años y la diabetes lo obliga a caminar despacio. Dice que un trasplante de células madre le devolvió un poco la movilidad que había perdido.

Pero no fue su salud la que lo sacó de la escena pública, sino el desencanto. Durante años vio cómo el movimiento ciudadano que hace 20 años nació para enfrentar a los secuestradores comenzó, según su versión, a llenarse de protagonismos, traiciones, dinero y ambiciones que nunca imaginó encontrar entre quienes, como él, habían sufrido el secuestro y muerte de un hijo.

Se refiere al momento en que personajes como Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, María Elena Morera, Nelson Vargas, Javier Sicilia y él, unidos por la pena, encabezaron una movilización social para exigir acciones contra el secuestro y propusieron reformas para mejorar la impartición de justicia.

Entonces decidió replegarse. Y guardó silencio durante años. Hasta ahora. Pero Gallo no vuelve porque quiera retomar el activismo, sino porque el tiempo empezó a mover piezas que durante 20 años permanecieron inmóviles.

Israel Vallarta salió de prisión tras 20 años sin sentencia debido al montaje de Los Zodiaco orquestado por la AFI de Genaro García Luna. El derrumbe del expediente Wallace se aceleró y exhibió con más nitidez la podredumbre en el sistema judicial.

Además, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido sentenciado en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán también son juzgados en tribunales estadounidenses, y cada vez se alarga más la lista de políticos con presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Y Eduardo Gallo siente que, quizá por primera vez desde 2006, año en que inició el sexenio de Felipe Calderón a la par que cobraba fuerza el movimiento de empresarios que mutó al activismo contra el crimen, alguien está dispuesto a escuchar la historia completa.

Su relato incluye secretarios de Estado, jefes de gobierno, ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), activistas y defensores de derechos humanos. Su reconstrucción de los hechos habla de complicidades, simulación, fabricación de delitos e intercambio de favores, todo ello en detrimento de la impartición de justicia.

“Tú solo señala a los que andas buscando, nosotros los matamos”, le dijeron en la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuando Gallo investigó por su cuenta lo que había detrás secuestro y asesinato de su hija Paola, de 25 años, ocurridos en julio de 2000.

Sus pesquisas no solo lo llevaron a identificar a integrantes de la banda, sino que descubrió que la autoridades desplegaron un operativo antes del rescate de la chica, lo que derivó en una balacera y en la eliminación de la rehén.

Aquella frase le confirmó que la lucha no solo era contra los delincuentes que se roban la tranquilidad de los ciudadanos, sino contra funcionarios públicos sin escrúpulos. Y cuando Gallo dijo que lo que quería era justicia para su hija, no venganza personal, la respuesta de las autoridades lo dejó aún más perplejo:

Acuérdate que un homicidio no se resuelve si el mismo que mata es el que investiga

Agentes de la AFI

Eran los tiempos en que García Luna era la máxima autoridad, primero en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República (FGR) y después en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La conversación con Gallo se desarrolla en un Starbucks cercano al Parque Hundido, sobre avenida Insurgentes. El plan era charlar por espacio de una hora, pero terminó siendo una grabación de dos horas y 40 minutos.

“Yo tengo un amigo que trabajó toda su vida en la PGR y un día le dije: ‘¿Qué sabes tú de Hugo Alberto Wallace?’”, en referencia el hijo de la señora Isabel Miranda Torres, quien cobró notoriedad en 2005 al investigar y llevar a la justicia a los responsables del supuesto secuestro y homicidio de su vástago.

“Él era dealer en el News Divine. Y un día se quedó con el dinero de la droga que le daban a vender los Beltrán Leyva”, le dijo la fuente.

Con años de experiencia en el estudio de secuestros y con acceso a fuentes de alto perfil en las instituciones de seguridad, Gallo concluye que “la señora Wallace hizo lo que hizo porque andaban buscando a su hijo para matarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de protegerlo? Desapareciéndolo e inventando un homicidio”.

Gallo identifica a Ricardo Martínez Chávez, como el principal amigo, asesor jurídico y cómplice de Isabel Miranda. En 2005, año del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, Martínez Chávez era fiscal antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR.

“Ricardo tenía dos funciones metalegales: manejar el tema de los secuestros: falsificar testimonios, sembrar pruebas, aplicar torturas; y además era el que se encargaba de defender a todos los judíos que tenían antros en la Ciudad de México”, comenta Gallo, quien llegó a conocer al abogado cuando decidió involucrarse en la defensa de Florence Cassez, detenida en diciembre de 2005 junto a Israel Vallarta durante el montaje televisivo.

“Cuando viene el caso Cassez, voy a ver a Ricardo y le digo: ‘Oye, dime la verdad. ¿Cómo estuvo el caso de Cassez y Vallarta?’ Ricardo respondió que no sabía con exactitud, pero que conocía a uno de los Ministerios Públicos asignados”. Entonces llaman al personaje que dio fe de lo ocurrido el 8 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas.

“Y entonces comienza a narrar cómo se hizo el montaje de Florence Cassez y de Israel Vallarta. Nos contó que todo el día y la tarde anterior a la mañana del montaje, personal de la PGR estuvo metiendo los materiales con los que hicieron las divisiones de las falsas recámaras en donde estaban las supuestas víctimas”.

—Usted se involucra en la defensa de Florence Cassez cuando aún no había suficientes evidencias del montaje. ¿Qué le hizo pensar que estábamos ante una fabricación? —se le pregunta a Gallo, quien ya había adquirido cierta especialización en el análisis de los raptos.

—Para ese entonces, ya había analizado entre mil 500 y dos mil secuestros. Y nunca, en ninguno, hubo pijamas para las víctimas. Nunca. Las víctimas siempre duermen vestidas. Y en el montaje de Israel y Florence, el niño y su mamá tienen pijamas. La misma señora y el niño hablan de que los llevaban a que se bañaran con agua caliente; eso no existe en un secuestro. Decían que les preguntaban qué querían desayunar o comer; eso no existe en un secuestro.

“Luego, cuando el reportero le pregunta a Ezequiel Elizalde sobre su vendaje en la cabeza, la supuesta víctima contesta ‘me pegué’. Inmediatamente después, cuando el periodista vuelve a preguntar: ‘¿Entonces te pegaron?’, el muchacho corrige: ‘¡Sí, sí, sí, sí. Me golpearon!’ Eso no pasa en un secuestro”.

Tanto en el caso Vallarta-Cassez como en el expediente Wallace aparece el nombre de Eduardo Cuauhtémoc Margolis. En el primer caso, como socio del hermano de Florence Cassez y enemigo de Vallarta, y en el segundo como quien ayuda a Isabel Miranda de Wallace a intervenir los teléfonos de todos los inculpados.

Sobre los vínculos entre Margolis y García Luna, Eduardo Gallo los explica al señalar que, como exintegrante del Mossad, la principal agencia de inteligencia de Israel, Margolis llegó a tener el mayor centro de intervención telefónica del país, muy superior incluso a la que en su momento tenía la AFI, por lo que se convirtió en un colaborador informal de las autoridades mexicanas.

“Como una de las principales actividades de Margolis era investigar los secuestros de joyeros judíos, llegó el momento en que el acuerdo con García Luna fue ‘no me estorbes, y yo no te estorbo; en lo que te haga falta, cuentas conmigo y en lo que me haga falta, cuento contigo’”.

—Entonces fue por este cúmulo de complicidades que deja usted la presidencia de México Unido contra la Delincuencia?

—No precisamente. Mi renuncia se debió a que en 2007 propuse involucrarnos en la defensa de Florence Cassez. Yo sabía que íbamos a desenmascarar algo grande, pero la organización se opuso. Ya la habían sentenciado como secuestradora sin esperar a investigar todas las anomalías. Por eso renuncié y me dediqué a ayudar a Florence.

—Apostó todo su prestigio…

—Sí, pero no se las dejé tan fácil. Antes de irme, les informé que había descubierto un donativo de cuatro millones de pesos por parte de García Luna para proyectos que jamás se realizaron. Les exigí que, por escrito, la asamblea me exonerara de esos malos manejos. Y dejé la presidencia.

De aquel grupo de empresarios que durante el sexenio de Felipe Calderón giraron hacia el activismo social, se le pregunta a Gallo si, entonces, Alejandro Martí era el más alejado de compromisos inconfesables.

Gallo contesta con un rosario de preguntas y respuestas: “¿Quién manejó todo el caso de Fernando Martí? La señora Wallace. ¿Quiénes se quejaron de haber sido torturados durante la investigación? Todos los acusados del caso Martí. ¿Y quién los mandaba torturar? La señora Wallace. ¿Quién supo todo eso y no dijo nada? Alejandro Martí.

—¿Todo ese grupo se corrompió? ¿Incluido Nelson Vargas?

—A Nelson lo conozco bien, éramos vecinos. Después de la muerte de su hija, su esposa me buscó para ayudarle a vigilar las investigaciones. Platicamos muchas veces acerca del tema y en una ocasión me dijo que cuando Nelson se entera de que su hija está secuestrada, él cree que no es cierto y que quiere sacarle dinero por haberla dejado fuera del negocio de las academias de natación. La mujer piensa que si él hubiera prestado atención y hubiera pagado el rescate, su hija viviría.

A los ojos de Gallo, el activismo de aquel grupo de empresarios llegó a salpicar, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Tengo versiones de que el ministro Zaldívar sabía de las maniobras de la señora Wallace, por lo que estuvo desechando varios de los recursos encargados por ella, pero la señora encontró la forma congratularse con la ministra Norma Piña y, cuando llega a la presidencia del máximo tribunal, Norma Piña dio contraorden.

“¿Cómo se aprecian esos cambios? Resulta que Zaldívar nombra nuevos jefes dentro de la Defensoría de Oficio. Y esos jefes sacan resoluciones importantes a favor de Brenda Quevedo, una de las acusadas injustamente por el caso Wallace. ¿Qué pasa cuando llega Norma Piña? Todos los que están en la Defensoría de Oficios tienen que salir porque están viendo venir detenciones”, rememora.

La enfermedad de Eduardo Gallo le impide estar mucho tiempo sentado. Necesita estar en movimiento para evitar los dolores que generan las neuropatías, por lo que sugiere pedir la cuenta. Antes de concluir, se le pide una última reflexión.

—¿Fue por todos estos enredos que decidió salir del ojo público?

—Terminé asqueado. Primero por la insensibilidad de los políticos y la hipocresía de los activistas. Pero también porque llegué a saber demasiados detalles de los asuntos que a ellos les preocupa.

Y entonces cuenta una anécdota que pega en lo más alto de la 4T. Relata que durante su gestión como presidente de México Unido contra la Delincuencia, entre 2006 y 2007, invitó a Ernestina Sodi a sumarse al proyecto para que, en su calidad de víctima de un secuestro, hablara sobre apoyo legal y psicológico a las personas que han sufrido una situación similar.

Da su presencia en los eventos de la Ciudad de México, la comenzó a cortejar un colaborador de Marcelo Ebrard —en ese entonces jefe de Gobierno de la capital— llamado Mauricio Camps, quien a la vuelta de los años se convertiría en su esposo. En cierta ocasión, Camps fue a recoger a Ernestina a una de las juntas de consejo de México Unido y, en un descuido, dejó olvidada una libreta.

Cuando terminó la junta y todos comenzaron a salir, pregunté: “¿De quién es este cuaderno?”, pero nadie contestó. Al revisar la libreta para saber si había algún indicio sobre el propietario, encontré listas de sumas millonarias que decían “entrega para AMLO”.

Por aquellos años, añade, el secretario de Gobierno de Ebrard era el que recibía las cuotas que se aplicaban a los Beltrán Leyva para poder vender droga en los reclusorios.

Gallo todavía era presidente de México Unido, cuando recibió una llamada telefónica del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien le propuso una reunión semanal para afinar un paquete de reformas en materia de seguridad.

“Un día Ebrard me dice: ‘Oye, Eduardo, ya hace como tres meses que vienes y nunca me has pasado un recibo. ¡Pásame tus recibos!’. Que le contesto: ‘Yo no vengo aquí para ganar dinero, yo vengo aquí para tratar de ayudar para que se acabe con tanta pinche delincuencia’”, expuso el activista.

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