Por: Ivonne Acuña Murillo
El domingo primero de agosto pasará a la historia política de México como el día en que, por primera vez, se consultó legalmente a la ciudadanía siguiendo los dictados de la Constitución Política sobre un tema de interés nacional, a saber: juzgar o no a los expresidentes. De exitoso califican los diferentes actores el ejercicio. Así el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE), el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y los partidos políticos de oposición, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), cada cual por diferentes razones. Pero ¿fue este ejercicio realmente exitoso para la ciudadanía? ¿Algo para recordar, un ‘parteaguas coyuntural’?
Se propone revisar estas preguntas a la luz de un presupuesto: la consulta popular para juzgar a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari (CSG), Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL), Vicente Fox Quesada (VFQ), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto (EPN) se operó al nivel de élites políticas, siendo la ciudadanía mera observadora, y votante claro, en un proceso que, aunque a la larga pudiera beneficiarle en la medida en que logre colocar temas en la agenda política para su revisión, no debería necesariamente calificarse como un éxito en términos ciudadanos.
Siguen las y los políticos acaparando la participación política lo cual no niega la movilización de ciertos núcleos ciudadanos, pero sí acota su influencia en la medida que toda acción colectiva requiere de liderazgos reconocidos, estructura organizativa, recursos materiales y simbólicos, así como de canales de comunicación, sin los cuales la participación ciudadana no pasaría de la mera presencia individual o pequeño grupal.
Partiendo de este presupuesto, se podría analizar la participación del 7.09% (6 millones, 644 mil, 428) (según el corte de las 12:35 del 2 de agosto) de las y los ciudadanos que acudieron a las mesas receptoras, de acuerdo con los “Resultados de la Consulta Popular 2021” del INE, a partir de aquellas variables que permiten conocer el perfil de quienes votaron: sexo, edad, nivel socioeconómico, preparación formal, ocupación, residencia, identidad partidaria y alguna otra.
Una vez conocido el perfil de las y los votantes habría que investigar la influencia diferenciada que las estrategias de las élites políticas mencionadas, en torno a la consulta, tuvieron en su motivación para participar. Para acotar la información, se sugiere centrar la búsqueda en la información y la comunicación a que estuvieron expuestos.
Arduo trabajo de gabinete y de campo que bien podría hacerse desde los diversos centros de investigación académica, siendo el objetivo de este texto proponer solo algunos argumentos que contribuyan al análisis.
En primer lugar, hay que partir de lo que se entiende por “consulta popular”, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa es un “Mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.” Es decir, es un proceso que permite a la ciudadanía dar su opinión en torno a temas de interés general y exigir, con el 40 por ciento de votos del total de la Lista Nominal de Electores, nacional o local, que el resultado sea vinculante, esto es, que la opinión expresada tenga repercusiones en materia administrativa y/o jurídica. A nivel nacional, esta lista está integrada por 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos, lo cual se traduce en que para que los resultados de una consulta popular sean de observancia obligatoria deberán votar, por lo menos, 37 millones, 411 mil, 389 de ciudadanos y ciudadanas.
No es objeto de esta participación analizar la estructura discursiva de la definición citada ni la pertinencia o no del ordenamiento legal en su conjunto, basta con mencionar que en esta enunciación no se afirma expresamente que la ciudadanía tiene el derecho de convocar a una consulta así como de proponer los tópicos que han de ser consultados, falla de origen se diría, aunque en el Artículo 35 de la Constitución Política, Fracción VIII, Apartado primero, Inciso “c” se le faculta para convocar a una consulta, siempre y cuando sea solicitada por el 2 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. A nivel nacional esto se traduce en poco más de 1 millón 800 mil firmas.
En segundo lugar, hay que tener presente que la idea de juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal se inscribe dentro de la narrativa de la Cuarta Transformación (4T) creada por el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como uno de los argumentos centrales que le permiten crear una línea imaginaria entre un antes y un después, de él y su gobierno, por supuesto. Fue el mismo presidente, quien facultado por el inciso “a” del Artículo y Apartado citados, solicitó la realización de la consulta popular y no propiamente la ciudadanía.
En este punto, cabría hacerse la clásica pregunta de qué fue primero “la gallina o el huevo”; esto es, ¿el deseo justiciero en contra de los expresidentes fue recogido por López Obrador a lo largo de sus recorridos por todo el país o fue él quien lo sembró en la mente y agenda de la gente? Ciertamente, es función de un líder reconocer las necesidades e intereses de sus seguidores, recoger sus inquietudes y llevarlas a donde deberán ser discutidas, legisladas, resueltas, etc., pero no puede desconocerse la enorme influencia que un líder ejerce sobre sus seguidores, especialmente cuando inevitablemente reduce la complejidad de la vida social y política a sólo algunas de sus variables.
No puede cerrarse este punto sin mencionar el comportamiento ambiguo del presidente López Obrador que a pesar de haber propuesto la consulta contra los expresidentes se declaró en contra de una “cacería de brujas”, además de afirmar que no acudiría a votar, lo cual al final hizo, después de abrir la posibilidad de hacerlo.
En tercer lugar, se debe tener presente que la consulta popular tuvo lugar en el contexto de un abierto enfrentamiento entre la presidencia de la República, Morena y algunas autoridades electorales, del INE en particular. Confrontación en la que la oposición política partidista se colocó del lado de este último, en un afán por restar credibilidad a los promoventes de una consulta que, al menos en términos simbólicos, afectaría directamente su imagen, dado que para que se logren otro tipo de repercusiones, como un juicio y el posterior encarcelamiento, deberá correr mucha, muchísima agua bajo el puente.
En cuarto lugar, no se puede dejar fuera la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde sus atribuciones legales modificó el espíritu original de la pregunta sobre si se debía juzgar o no a los expresidentes ya citados, ofreciendo una cuya redacción confusa y rebuscada, por decir lo menos, abonó a un ambiente poco propicio para una consulta de este tipo. Solo para recordar, la pregunta votada con el “sí” o el “no” fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Cabe acotar que, a pesar de todo, incluyendo los esfuerzos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, por afirmar, días antes de la consulta, el texto de la pregunta se logró fijar en el imaginario colectivo la pregunta original sobre enjuiciar o no a exmandatarios.
En quinto lugar, la toma de postura de los diversos actores una vez realizada la consulta, misma que se inscribe en el juego de fuerzas de las élites políticas en la que la ciudadanía es un peón más.
Destaca en primer lugar, la postura presidencial en torno a la consulta y el reconocimiento de que no se logró el objetivo de hacerla vinculante en la medida en que no se alcanzó el porcentaje de votación requerido y la felicitación a quienes acudieron a votar: “Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente”.
Después de lo anterior, el presidente se refirió a las y los integrantes del INE en los términos siguientes: “Ellos este… no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de… el pueblo…”. De esta manera, el primer mandatario hace responsable a la autoridad electoral por no haber puesto una cantidad mayor de mesas receptoras para la realización de la consulta, además de denunciar su déficit democrático.
Como respuesta, el propio presidente consejero del INE hizo, en entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en el programa “Así las cosas”, de WRadio, una serie de señalamientos críticos en relación el presidente y sus aliados que, desde su punto de vista, crearon un ambiente de desinformación y falacias sobre el INE y su supuesto boicot a la consulta. Defendió a la institución electoral afirmando que esta no decidió sobre la fecha de la consulta ni el tiempo en que debía arrancar la promoción de esta. Sostuvo además que no se instalaron más de 57 mil mesas receptoras por la falta de presupuesto, el cual le fue negado por la Secretaría de Hacienda, en la cual le dijeron “El gobierno federal tiene otras prioridades háganlo con el presupuesto asignado” y la SCJN, a pesar de lo cual, afirmó, la consulta fue un éxito en términos de organización y aún de participación ciudadana.
Entre una afirmación y otra lanzó ataques al presidente de la República, sin nombrarlo, comparando la afluencia de votantes en el ejercicio del 1 de agosto, más de 7 millones, con el millón que acudió a la consulta, “hecha por fuera de la ley”, para la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto (NAIM), convocada por el primer mandatario. Presumió también que el INE es la institución más apreciada por la ciudadanía. Cerró poniendo en duda el interés o el compromiso democrático por participar en la consulta de quien prefirió salir a los estados, en clara alusión a “ya saben quién”.
Otros políticos también fijaron su postura una vez pasada la consulta. Para Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, esta consulta sí tendrá para su partido un carácter vinculante, aunque no salieran a votar los 40 millones de personas requeridas, y se comprometió a organizar una Comisión de la Verdad, misma que por cierto busca: conocimiento de la verdad, garantía de no repetición y reparación del daño, pero no necesariamente juicios y encarcelamiento.
Los representantes del PAN, el PRI y el PRD ante el INE asimismo hicieron declaraciones en torno a la consulta. Ninguno hizo algún señalamiento crítico respecto de la autoridad electoral, al contrario, reconocieron la buena organización de la consulta y aprovecharon la oportunidad para lanzar, igualmente, ataques en contra de Morena y el presidente.
Tomó la palabra primero, en la reunión general del INE, la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, representante del PRD, quien denunció embarazo de urnas en algunas mesas receptoras, por parte de funcionarios de casilla. La evidencia, videos que circulan por redes sociales. A la mañana siguiente, Córdova Vianello afirmó que sí hubo algunos casos, muy menores (23 en total), en que funcionarios de casilla comenzaron antes de cerrar las votaciones a inutilizar las boletas ante la poca afluencia de votantes, lo cual iría en contra de la idea de urnas embarazadas.
Enseguida, Gerardo Triana Cervantes representante del PRI, dejó asentado su respeto a la voluntad de la ciudadanía, para sostener inmediatamente que: “El abstencionismo puede ser un indicador de qué tan importante es o no juzgar un pasado cuestionable en contraste a un presente reprochable […] Resulta importante también contabilizar el descontento y el desinterés social en dicho ejercicio”. No perdió oportunidad para ridiculiza la consulta al decir que no se puede preguntar “de qué color es el caballo blanco de Napoleón”.
Finalmente, Víctor Hugo Sondón, del PAN, comenzó rezando “Vox populi, vox Dei”, para luego decir: “la consulta ha resultado todo un éxito, por lo que respecta a la organización de la misma. Nos queda claro que, a pesar de la escasa participación, los mexicanos le están diciendo al gobierno de manera contundente que deje de lado el circo propagandístico. No quieren más cuentos. La ciudadanía está pidiendo se pongan a trabajar en los verdaderos temas importantes para la nación como los feminicidios, la falta de medicamentos para niños con cáncer, despensas, etc.”.
Como se observa, cada actor político buscó, una vez concluida la consulta, llevar agua a su molino para decir en qué sí y en qué no fue exitosa. De esta manera, este instrumento ciudadano fue todo menos eso. Después de votar por que se realizara la consulta, la ciudadanía fue desprovista de esta, toda vez que quedó atrapada entre el primer mandatario, el INE, la Suprema Corte de Justicia y los partidos de oposición.
Queda en evidencia que no fue la ciudadanía quien, ejerciendo un derecho, operó la primera consulta popular de carácter constitucional en el país. La operaron las élites, las cuales hicieron uso de dicha consulta para descalificarse, para golpearse, para simular una escucha directa de la ciudadanía y sus demandas, para simular un avance democrático.
Sobre quiénes ganaron se puede decir que: gana el presidente de la República que, en campaña, propuso hacer esta consulta y quien no tiene entre las batallas por librar considerado el juicio a expresidentes; gana Morena, con Delgado a la cabeza, al afirmar que se insistirá en la formación de una Comisión de la Verdad, pero sin precisar cómo se hará y hasta dónde llegará, en lo que parece “más atole con el dedo”; gana el INE al declarar su éxito organizativo a pesar de la falta de presupuesto y lanzar con ello un golpe y una que otra descalificación a la cara del presidente; ganan los partidos políticos opositores que aprovecharon el resultado para respaldar al INE y seguir atacando a Morena y a la actual administración; gana la SCJN que al desvirtuar la pregunta logró evadir el tema de fondo y las posibles consecuencias que una consulta vinculante tendría para los expresidentes.
Pero, si la parte política de la consulta quedó a la vista de todos y todas, falta saber cuáles fueron los factores sociales, políticos, culturales, identitarios, territoriales, memorísticos que hicieron votar al 7.07 por ciento de la ciudadanía abrumadoramente por el “sí”, alcanzando el 97.7% de las respuestas totales, pero sin lograr el carácter vinculante.
Se deberá responder a preguntas como: ¿qué papel desempeñaron las variables sociodemográficas mencionadas en la decisión de votar o no votar?, ¿el tema consultado no fue de importancia para la ciudadanía, más allá de la afirmación de que ‘la ley no se consulta’?, ¿influyó sobre el porcentaje de abstencionismo la postura ambigua del presidente en torno a la consulta? ¿la poca difusión de la consulta y el número y lugar de las mesas receptoras contribuyó al abstencionismo?, ¿tuvo efecto en los no votantes la campaña de la oposición política en contra de la actual administración y, por ende, de la consulta?, ¿fueron el agravio, el hartazgo, la promesa de justicia los detonantes que llevaron a una minoría a votar? y quienes no votaron ¿no se sienten agraviados, hartos, víctimas de la injusticia?
La respuesta a estas preguntas solo puede provenir de un estudio académico riguroso por lo que solo queda decir que la ciudadanía ganará cuando arrebate a los políticos, sus partidos e instituciones las consultas populares, se apropie de sus resultados y los haga llegar hasta sus últimas consecuencias en términos de justicia.
Ivonne Acuña Murillo.
Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.
