Congreso de CDMX aprueba subir penas por despojo de propiedades (por Manuel Cosme en OEM-Informex)

Asegura legislador panista que la FGJCDMX abrió 29 mil carpetas de investigación por el delito en los últimos siete años

Manuel Cosme | OEM-Informex

El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 58 votos, el dictamen para elevar la pena del delito de despojo y que sea de siete a 11 años de cárcel y en algunos casos es posible que llegue a los 22 años.

El dictamen corresponde a la iniciativa presentada por la jefa de gobierno local, Clara Brugada, y la de la fracción parlamentaria panista, cuyo diputado Diego Orlando Garrido reportó que la Fiscalía General de Justicia local abrió en los últimos siete años un total de 29 mil carpetas de investigación por ese delito.

Las modificaciones incluyen al Código Penal para el Distrito Federal, al Código Civil para el Distrito Federal, la Ley Registral para la Ciudad de México y la Ley Notariado de la Ciudad de México, su objetivo es reforzar la protección de la propiedad, la posesión legítima de bienes inmuebles y garantizar el acceso a la justicia a los afectados por el delito de despojo

El artículo 238 del Código Penal plantea una pena de prisión de siete a 11 años y de mil a cuatro mil unidades de medidas de actualización (UMA), es decir 113 mil 140 pesos a 452 mil 560 pesos, cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena; cuando entre el delincuente y la víctima haya un vínculo de parentesco o afinidad hasta cuarto grado; y en los casos en que un servidor público en ejercicio de sus funciones participe.

Además, cuando el delincuente simule tener un cargo público o pertenecer a alguna institución pública; se suplante la identidad del legítimo propietario, poseedor del bien inmueble o de su representante legal; en los casos en que el responsable sea titular de una notaría en ejercicio o con motivo de sus funciones; el despojo lo realicen en grupos de tres o más personas; y cuando se usen documentación falsa o alterada.

El dictamen prevé la creación del Artículo 238 bis, a fin de equiparar el delito de despojo y sancionar con las mismas pena, es decir, de los siete a los 11 años, a quien, a pesar de haber sido requerido por la autoridad competente, mantenga la ocupación sobre el bien inmueble ajeno o bien, impida el disfrute material del mismo.

En estos casos, la persona que cometa el despojo recibirá una pena de siete a 11 años de prisión, la cual se duplicará para quedar de 14 a 22 años de cárcel, cuando se niegue a abandonar la propiedad, a pesar de que la autoridad ya se lo ordenó.

La reforma del artículo 806 del Código Civil para el Distrito Federal es para garantizar que una posesión legítima, no la usen como escudo para actos delictivos mediante títulos de propiedad simulados.

La adición al artículo 41 de la Ley Registral para la Ciudad de México estipula que en caso de que el notario de alguna entidad federativa requiera presentar físicamente una escritura al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México estará en la obligación de solicitar a la autoridad estatal que regule la función notarial, una constancia o documento equivalente en los que se indique que el instrumento de que se trate fue expedido por un fedatario en legal ejercicio de sus funciones; documental que deberá acompañar a su solicitud y sin la cual no podrá ser inscrita su escritura en el registro.

El artículo 103 de la Ley de Notariado para la ciudad de México debe establecer que los notarios serán directamente responsables cuando en ejercicio de su función, actúen con mala fe en la constatación o verificación de los hechos sobre los cuales dan fe de su realización, particularmente cuando ello tenga como consecuencia el despojo de la posesión o propiedad de bienes inmuebles.

La diputada María del Rosario Morales a nombre de las comisiones dictaminadoras, de Administración y Procuración de Justicia y la de Registral Notarial y la de Tenencia de la Tierra, pidió a los legisladores votar a favor del mismo para que el derecho a la propiedad se respete, dar seguridad jurídica a las personas, poner fin al despojo y la simulación.

El diputado panista Diego Orlando Garrido apoyó el dictamen porque con él se desmantelarán las redes de corrupción y la simulación de contratos de compra venta que se usan para quitar a las personas su propiedad.

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