Las y los legisladores de Baja California aprobaron la despenalización del aborto en el estado, con lo que se convirtió en el quinto estado en permitir la interrupción voluntaria del embarazo.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Baja California se convirtió en el quinto estado de la República en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación durante una sesión extraordinaria de la XXIV Legislatura del Congreso local.
En el estado fronterizo, el aborto únicamente estaba permitido por el Código Penal en caso de violación, accidente, peligro de muerte de la madre y la inseminación artificial no consentida. De acuerdo con la legislación, una mujer o persona gestante que se practicara un aborto -de manera personal o asistida- tendría una pena de entre uno y cinco años de prisión.
Colectivas nacionales y locales a favor del aborto celebraron la decisión de los y las legisladoras con mensajes de apoyo y alegría en redes sociales. “Felicidades a todas las colectivas feministas por su incansable trabajo a favor del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, indicó la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El debate se dividió en dos partes: en un primer momento se dialogó una reforma constitucional del Artículo 7, ya que en 2008 el Poder Legislativo del estado lo reformó para considerar la protección a la vida desde la concepción, al considerar que hay un derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido”. En un segundo momento se consideraron las reformas al Código Penal local, la Ley de Salud Pública estatal y a la Ley de Víctimas.
“La despenalización legal del aborto es un tema que nos incumbe a todos y es un tema de importancia”, comentó la diputada local Julia González, de la fracción de Morena.
Su compañera de bancada, la legisladora Alejandra María Ang Hernández, argumentó a favor de la iniciativa al señalar que la penalización no evita su práctica, y en cambio genera abortos inseguros o peligrosos y niega los derechos reproductivos de las mujeres.
“Es un caso de justicia social, ya que el Estado mexicano debe de estar obligado a ofrecer los servicios médicos a las mujeres que, lamentablemente, en el contexto de la ilegalidad, carecen del acceso igualitario a un seguro sanitario, a un procedimiento médico para finalizar el embarazo. Considero que esta reforma se orienta a la protección eficaz a la vida de las mujeres contra los riesgos que tenemos para la salud física y mental asociados a los abortos inseguros”, resaltó.
Los y las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) utilizaron su tiempo en tribuna para posicionarse en contra de la interrupción del embarazo. Además, el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra lamentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde considera “inadmisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección que las personas nacidas”.
“Yo me pregunto, en una ponderación de derechos, ¿cuál debe prevalecer? Es evidente que para tener derecho a elegir, primero se debe de tener vida, o ante la duda siempre deberá respetarse en bien jurídico mayor y de nuevo gana la vida”, recalcó el legislador de Mexicali.
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