Francisco Félix | julioatillero.com
Señalamientos en contra de Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por presuntamente haber dado acceso anticipado a funcionarios a la vacuna contra la COVID-19, han provocado un conflicto con la Secretaría de la Función Pública.
Tras las acusaciones, la funcionaria ha dicho: “Sobre el presunto manejo indebido de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica CanSino Bio, así como las versiones periodísticas que han circulado al respecto, niego categóricamente las acusaciones que ahí se expresan en mi contra”.
Asimismo, Delgado solicitó que se realicen las investigaciones correspondientes para aclarar el tema y deslindar responsabilidades: “Pido que se realicen las investigaciones necesarias para poder esclarecer las acusaciones realizadas y transparentar el manejo de las vacunas CanSino Bio que se utilizan para la realización de su Fase III en México, en total apego a la transparencia y para la tranquilidad de la ciudadanía”.
Por lo pronto, la Secretaría de la Función Pública solicitó al Órgano Interno de Control de la Cancillería que inicie investigaciones a Delgado, así como a Javier Jileta, quien fuera Director General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, en la misma dependencia, con el fin de investigar presumibles faltas administrativas cometidas.
En un oficio fechado el 18 de diciembre del año pasado se anunció que el día 5 del mismo mes la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción recibió una denuncia contra los citados funcionarios por haber privilegiado la vacunación de diversas personas a su cargo. El personal habría sido “voluntario del ensayo clínico” de la fase 3 de la vacuna de CanSino.
A fines del 2020, Jileta renunció a su cargo en la Cancillería. Se dice que aspiraría a una diputación federal.
