La CNDH determinó que hay actos que violan los derechos humanos de Aburto, realizados por la entonces Procuraduría General de la República
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A través de un comunicado oficial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una nueva investigación del caso Mario Aburto, ello tras acusar actos de tortura en su contra, así como irregularidades por parte de médicos por intentar ocultar o tolerarlos.
En el documento de la CNDH se explica que, tras una investigación, se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto se llevaron a cabo por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio Público y custodios desde su detención en marzo de 1994 y hasta las primeras diligencias, así como su traslado al CEFERESO número 1.
Se acusó además sobre un acto de violación a sus derechos humanos e integridad personal, pues se le ha mantenido incomunicado y alejado de su familia.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”, detalla.
Abunda además que: “Estas nuevas diligencias se deberán abordar sin prejuicio y con perspectiva pro homie, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado”.
La CNDH enfatizó que la nueva investigación “tiene como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, que permita a la víctima acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra”.
Por otro lado, la CNDH exhorta a que en la nueva investigación las autoridades deberán responder por sus actos “no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición”.
Por lo anterior la CNDH recomendó al titular de la FGR, así como al comisionado de Prevención y Readaptación Social, “reparar” integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas.
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