10 de julio de 2023.- De acuerdo con el activista Moctezuma Madrigal, Felipe Calderón impulsó la construcción de “la carretera más cara del país”, ignorando las advertencias de expertos sobre los riesgos ambientales que ocasionaría su construcción.
En 2012, según Madrigal, Calderon Hinojosa inauguró “una calle” que costó “más de mil 300 millones de pesos” obviando los señalamientos de “científicos y científicas” acerca de las “fallas geológicas, laderas inestables y zonas de recarga de mantos freáticos importantes”, solo para conectar un centro comercial con la ciudad de Morelia.
El proyecto estuvo a cargo de Francisco Medina, “principal propietario” de la empresa inmobiliaria Altozano, quien, además, mantiene una relación de amistad con el expresidente de México, acusó el ambientalista. En ese entonces “no le importó devastar la única zona ambiental de Morelia” ni “acabar con el último pulmón de la ciudad, en una zona donde habita una especie en peligro de extinción: la salamandra michoacana”, declaró en entrevista con Julio Astillero. A su vez, contrastó estos hechos con el cargo que ocupa hoy Felipe Calderón en una comisión del medio ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Por su parte, Luis Rubén Juárez, también miembro del Movimiento en Defensa de la loma de Santa María, en Michoacán, denunció que Altozano busca construir un fraccionamiento en suelos forestales sin contar con los permisos necesarios. Estos son: “una autorización de cambio de uso de suelo forestal” y “una manifestación de impacto ambiental”, documentos que son emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnat).
Sin embargo, el Ayuntamiento ha usado el Programa de Desarrollo Urbano para adquirir el permiso de cambio de uso de suelo y designar los terrenos de la inmobiliaria como “urbanizables”. Paralelamente, la Semarnat ha autorizado la manifestación de impacto ambiental fundamentada en el Programa de Desarrollo. Es decir, existe “una colaboración” entre ambos organismos para “justificar” estas construcciones, expresó Luis Rubén.
A la par de todo esto, denunciaron que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla desea construir “un nuevo libramiento de más de 90 kilómetros”, una obra que “quintuplicaría el área urbanizable de la ciudad”; así como “un proyecto de un par de presas en una zona hidrológica de la cuenca del Río Chiquito, que pretende dotar de agua a estos nuevos fraccionamientos y generar lo que él ha denominado ‘un nuevo Valle de Bravo'”, apuntó Moctezuma Madrigal.
Rubén Juárez abundó en que se encuentran “analizando” si interpondrán un amparo que frente la implementación del “Plan Municipal de Desarrollo Urbano”, además de la denuncia pública que ya presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra la Semarnat por estos hechos.
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