La iniciativa no contempla la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia; “¿Cómo no van a tener fideicomisos si gastan menos de lo que piden y se lo embolsan?”, cuestionó el Diputado Hamlet Almaguer durante la discusión de la propuesta.
SinEmbargo.mx
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de iniciativa que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que será sometido a discusión en el pleno.
Diputados y diputadas de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor del dictamen que pretende recuperar más de 15 mil millones de pesos para 2024.
Aunque al inicio de la sesión, el bloque opositor solicitó retirar la discusión de la iniciativa de la orden del día, las y los legisladores de Morena-PT-PVEM sobrepasaron a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pues las votaciones finales fueron 27 en contra, 22 a favor y una abstención, por lo que la petición fue desechada.
Si bien los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judical representan una cantidad de 21 mil 438 millones 748 mil 148.91 pesos, no se busca la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual cuenta con un monto de seis mil 103 millones 992 milo 205.31 pesos.
El Diputado Hamlet Almaguer, de Morena, argumentó que la iniciativa no compromete el funcionamiento del PJF, sino que presenta “una pena de muerte a los privilegios”.
Además, expuso la estrategia del Poder Judicial para incrementar el dinero de los fideicomisos: generar subejercicio permanente y depositar sus remanentes a manera de ahorro, como lo dice la ASF, en estos fideicomisos.
Por ejemplo, dijo, en el año 2013 se aprobó un presupuesto para el Poder Judicial de 79 mil 400 millones de pesos y se ejercieron únicamente 74 mil 500, por lo que hubo un ahorro de 5 mil millones de pesos que pararon directamente en los fideicomisos.
En 2014 se aprobaron 82 mil 2000 millones y se ejercieron 79 mil 300; en 2015 se aprobaron 82 mil 300 del presupuesto y se ejercieron 77 mil 600. Lo mismo ocurrió en los siguientes años.
“¿Cómo no van a tener fideicomisos si gastan menos de lo que piden y se lo embolsan?”, cuestionó.
“La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”, señala el dictamen.
Además, señaló que dentro del PJF no podrán existir otros fondos y fideicomisos a los que de forma expresa prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Aprobaremos esta extinción en comisiones… se vota hoy en comisiones, se aprueba hoy en comisiones, que se le dé declaratoria de publicidad y se concedan estas 24 horas… para que la oposición tenga oportunidad de leer y de releer esta ‘pena de muerte’ a los privilegios del Poder Judicial de las Federación”.
PJF DERROCHA ALTAS CANTIDADES EN ENTRETENIMIENTO Y OTROS LUJOS
La periodista Guadalupe Fuentes López publicó en SinEmbargo una serie de reportajes donde evidenció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para 2024 recibirá un incremento en su presupuesto si el Congreso lo aprueba, ha gastado millones de pesos este año en contratos relacionados con torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La información alojada en la PNT muestra que en este 2023, desde la SCJN se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. En esta clasificación se encuentran gastos que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo han calificado de “superfluos” e incluso la bancada de Morena en San Lázaro estudia un recorte al presupuesto asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.
“Nos llamó mucho la atención que para 11 ministros se solicite en el presupuesto de 2024 cerca de 6 mil millones de pesos, es decir, cada uno cuesta alrededor de 500 millones de pesos al año al pueblo e México”, dijo en entrevista vía Zoom el Diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto.
Agregó que entre las partidas que está solicitando la Suprema Corte se encuentran recursos para actividades artísticas, deportivas y culturales, bonos, compensaciones extraordinarias, seguros de gastos médicos privados, gasolina, alimentación en el comedor y telefonía.
SinEmbargo contactó al Poder Judicial respecto a estos gastos de 2023 y sobre el presupuesto que pide para 2024 y respondió que “por el momento no hay una postura”.
Por su parte, con respecto al Consejo de la Judicatura Federal, destinó para este año millones de pesos para el pago de clases virtuales de meditación, talleres de yoga para niños, servicio de estacionamiento, transporte, cafetería, adquisición de iPad y para festejos a los padres, madres y niños que incluyeron boletos para el autocinema, teatro, lucha libre y acuarios.
De acuerdo con una revisión realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el CJF tuvo 1,851 contratos este año, de los cuales, 123 fueron vía licitación pública e invitación a cuando menos tres personas y 1,728 por adjudicación directa, es decir, se asignaron a una empresa sin un concurso previo, como se muestra en las siguientes tablas.
Algunos de estos contratos muestran gastos que han sido criticados desde los poderes Ejecutivo y Legislativo por no estar relacionados con sus actividades judiciales y ser parte de lo que califican como “privilegios”.
Dentro del CJF, quien se encarga de auditar estos contratos o cualquier otra irregularidad es la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, que hasta el pasado 1 de octubre estuvo a cargo de la maestra Arely Gómez González, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que ahora la dirige el Juez Antonio González García, quien se desempeñaba como titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, según fuentes del mismo Consejo. No obstante, el nombre de la exfuncionaria aún aparece en el directorio como titular de la Contraloría.
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