Es el mayor aumento de incidencia de los últimos 14 años, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe).
Karla Mora | OEM-Informex
En 2024, el delito de amenazas en la Ciudad de México tuvo el mayor aumento de incidencia de los últimos 14 años, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe).
De acuerdo con esa medición, la capital del país fue la entidad con mayor incidencia delictiva a nivel nacional, con 54 mil 473 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir que por cada 10 capitalinos ocurrieron cinco hechos delictivos como robo de vehículo, en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, fraude, extorsión, amenazas y lesiones.
Del listado de delitos, el de amenazas fue el único que aumentó en 2024 respecto al año previo, con seis mil 954 casos por cada 100 mil habitantes, el número más alto registrado en los últimos 14 años.
En 2023, la incidencia fue de cinco mil 150 casos, ese fue el segundo año con mayor número de casos., mientras que el 2011 tuvo menos incidencia con 927 delitos.
Según el artículo 209 del Código Penal para la CDMX, el que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, tendrá una pena de tres meses a un año de cárcel o de 90 a 360 días de multa. Esta pena se triplica cuando la amenaza consiste en difundir imágenes o audios de contenido sexual.
Las autoridades capitalinas detectaron el aumento del delito de amenazas, prueba de ello es que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) reconoce en su Plan de Política Criminal que este delito representa un desafío, pues refleja conflictos recurrentes en la convivencia social cotidiana.
En el plan, la FGJCDMX expone que, para abordar estos problemas de manera efectiva, es crucial fomentar su resolución a través de la Justicia Alternativa, la cual opera por medio de “acuerdos entre las partes que permitan una solución sostenible y duradera”.
La dependencia expone que para abatir el delito de amenazas, este año se impulsará la mediación en casos donde no exista riesgo inminente para la víctima, esto es que no haya condiciones en las que la persona denunciante esté en peligro en su persona o patrimonio.
Para abordar estos problemas de manera efectiva, es crucial fomentar su resolución a través de la Justicia Alternativa, que opera mediante ‘acuerdos entre las partes que permitan una solución sostenible y duradera
También indica que para combatir ese delito, se identificarán los puntos de alta incidencia, donde se concentran las denuncias, ya que eso suele ser indicador de conflictos sociales latentes.
“Se dará especial atención a la reincidencia y a la viabilidad de los acuerdos para evitar la escalada del conflicto (…). Se coordinará con instancias de seguridad y programas de prevención para intervenir en comunidades con alta conflictividad, reduciendo la posibilidad de que estas amenazas escalen hacia delitos más graves”, detalla el documento.
El domingo pasado, la jefa de Gobierno local, Clara Brugada, presentó una iniciativa ante el Congreso local para aumentar las penas incluidas en el artículo 209 del Código Penal local con el propósito de incrementar la pena y multa por ese delito.
La propuesta plantea una pena de uno a dos años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa. También agrega como agravantes que en la amenaza haya armas, sea cometida por quien se ostente como integrante de algún grupo criminal y si la amenaza consiste en instalar o activar una bomba o explosivo, por mencionar algunos.
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