Activistas llaman a la Corte a no dar marcha atrás a la Ley Minera: “privilegien los derechos” (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

Miembros de Cambiémosla Ya esperan que las y los ministros ponderen los derechos de la colectividad por encima de los intereses políticos y económicos.

Isaac Rosales | Astillero Informa

Beatriz Olivera y Charlie Punzo, integrantes de la colectiva Cambiémosla Ya, expresaron su preocupación sobre la resolución de una acción de inconstitucionalidad en contra de la actual Ley Minera por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En caso de que esta determine que hubo fallas en el proceso de aprobación de dicha ley, obligaría a regresar al marco jurídico de 1992.

Se prevé que en el transcurso de junio, las y los ministros tomarán “una decisión acerca de si vamos a continuar con esta ley o habrá un retroceso hacia la ley del 92”. “Esperamos que hagan lo correcto, que privilegien el tema de los derechos por encima de las cuestiones administrativas”, dijo Olvera en una entrevista para Astillero Informa.

Por su parte, Punzo, abogado de profesión e investigador de Fundar, advirtió que si el máximo tribunal del país deroga la legislación actual, representaría un retroceso para la regulación de la industria minera en México.

“Que se presente una acción de inconstitucionalidad basada en formalismos y que esto provoque se eche para atrás una ley que ha tenido avances notorios […], significaría un grave retroceso”.

Además, señalaron que la “Secretaría de Economía” está trabajando el reglamento [de la citada disposición] en coordinación con la industria minera.

“Haznos el favor, la misma industria minera se va a regular ahora. El poder político tiene que estas desvinculado del poder económico”, apuntó Beatriz, quien también es especialista en industrias extractivistas y directora de la organización Engenera AC.

“Hacemos ese llamado enérgico a que primen los derechos por encima de los intereses políticos, las revanchas y las cuestiones administrativas“, añadió.

Finalmente, Charlie hizo un llamado a la Suprema Corte para “hacer un ejercicio de ponderación, un examen teleológico de la ley y trabajar en la interpretación del derecho, no con base a los intereses económicos, sino con base a los intereses de la colectividad“.

“No estamos en un contexto climático, ambiental y, mucho menos, social, como para seguir dando prioridad al actual modelo de desarrollo, tan rapaz y que le ha hecho tanto daño a nuestro país”, concluyó.

Entre los aspectos más relevantes de la Ley Minera aprobada en 2023 se encuentran: la reducción del plazo inicial de las concesiones, que pasa de 50 a 30 años, con una única posibilidad de prórroga de 25 años; la eliminación del carácter preferente que anteriormente tenía esta actividad; la consulta obligatoria a los pueblos originarios afectados; y la prohibición de llevar a cabo proyectos mineros en áreas naturales protegidas y en zonas con escasa disponibilidad de agua.