“Trata de amedrentarnos” | [#VIDEO] Casar acusa abuso de poder y persecución política del Presidente contra ella (nota de SinEmbargo)

Reconoció que sí ha cobrado esa pensión desde hace 19 años; sin embargo, defendió que ejercer dicho derecho no es un acto de corrupción.

Por Redacción/SinEmbargo 

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —cuyo fundador fue el empresario Claudio X. González Guajardo—, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Gobierno federal publicara documentos relacionados con el caso de presunta corrupción e influyentismo para cobrar la pensión y seguro vida de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2004.

A través de un video difundido en las cuentas oficiales de MCCI, Amparo Casar aseguró que no es una corrupta y que no guardará silencio ante la disputa que ha tenido con el Presidente López Obrador.

“El Presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”, comenzó.

Aclaró que, contrario a lo que informó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, ella no cometió ningún acto de corrupción a raíz de la muerte de su esposo, por lo que señaló que la acusación en su contra se basa en lo que el Presidente López Obrador expuso en su libro ¡Gracias!, donde relató que Amparo Casar, en compañía del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.

López Obrador mencionó que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el esposo de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex.

Señaló que el propio Bátiz declaró que presuntamente no conoce personalmente a Amparo Casar, así como que tampoco recuerda haberse reunido con ella.

“Si tal cosa hubiese ocurrido -como escribe el Presidente- tanto el entonces Jefe de Gobierno del DF como su Procurador debieron haberme denunciado o, al menos, haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada la mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial sino de cobrar la pensión de viudez”, añadió.

Reconoció que sí ha cobrado esa pensión desde hace 19 años; sin embargo, defendió que ejercer dicho derecho no es un acto de corrupción. Por el contrario, prosigue, acusó que ser objeto de acusaciones en las conferencias matutinas si responde a una acto de ilegalidad, hecho al que incluyó la publicación de los documentos, donde también se difundieron datos personales, por lo que señaló una violación a la Ley de Datos Personales y el derecho a la privacidad.

“El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado de inhibir durante todo el sexenio”, agregó.

Romero Oropeza dio a conocer el pasado 3 de mayo durante la conferencia matutina que, derivado del fallecimiento de su cónyuge, María Amparo Casar solicitó a Pemex: el pago de seguro de vida; ayuda de gastos funerarios; pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años; la pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, explicó Romero desde Palacio Nacional.

“Todo lo anterior, porque los directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que fue un suicidio”, resaltó Romero.

Para atender el problema, se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Marquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente”, detalló el funcionario.

Entonces, al verificarse que Márquez ocasionó intencionalmente su muerte,” se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”.

Por estas acciones, “están en trámite para intentar recuperar los montos pagados indebidamente estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, explicó Romero.