José Reyes Doria | @jos_redo
Toda transformación del calibre de la que pretendió López Obrador y continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, necesita un profundo debate conceptual, político, ideológico, ético, económico, social, cultural, institucional, e incluso visceral. Hasta ahora, ese debate no se ha dado. O, también puede decirse, ese debate se ha quedado en el terreno de lo ético y lo visceral.
En mi opinión, el gran debate no ha ocurrido debido a dos razones, entre muchas otras. La primera, es que al poder no le gusta debatir. Salvo contadas excepciones, a lo largo de la historia, en México y el mundo, quienes detentan el poder no están dispuestos a dialogar con quienes los critican o los atacan. Sencillamente, el Príncipe reafirma cada día que debe y merece estar en el poder, y el mensaje se reduce a un puñado de ideas cerradas que explican y legitiman su gobierno.
Cuando alguna voz o alguna crítica tocan puntos neurálgicos del régimen, el poder, casi siempre, opta por descalificar y estigmatizar al emisor de las acusaciones. El poder no debate, el poder denuncia y anula: eso es, hasta cierto punto, en términos de Realpolitik, normal. Incluso, en aquellas ocasiones en que el poder tiene una alta dosis de instrumentos políticos legítimos para enfrentar el debate.
La otra razón, es que las oposiciones en México, desde 2018, se encuentran en una condición de debilidad extrema. Enfrentan una profunda carencia de legitimidad y credibilidad, real e imaginada. Y digo imaginada, porque el posicionamiento político del oficialismo es tan apabullante, que numerosos actores que no tienen pecados ni culpas mayores consideran que sí son ilegítimos, que no tienen voz válida para hablar, y por lo tanto prefieren callar y otorgar al gobierno y el partido gobernante el monopolio de la legitimidad.
Siguiendo esta idea, podemos ver que la oposición partidista de PAN, PRI y MC tiene niveles muy bajos de energía y propuesta política. Su representatividad es escasa y está acotada por tremendos complejos de culpa. La consecuencia es la parálisis. La oposición social de sindicatos, organizaciones indígenas, feministas, estudiantiles, campesinas, diversidad sexual, migrantes, medios de comunicación, tradicionalmente han sido cooptadas o excluidas del sistema político. Ahora, muchos de esos grupos son aliados del régimen, y los que no lo son carecen de medios para expandir sus posturas, y no tienen capacidad para competir contra los programas sociales masivos del gobierno.
Siendo así el estado de cosas en la dicotomía régimen-oposiciones, quedan pocos caminos para lanzar el debate que necesita cualquier transformación o revolución que se llame a sí misma histórica. Desde de 2018 ha habido una serie de cambios profundos impulsados por la llamada Cuarta Transformación, conocidos por todos, que van desde una política salarial verdaderamente reivindicatoria, hasta el cambio de modelo de integración del Poder Judicial, reconcentración de facultades regulatorias en el Ejecutivo, eliminación de los órganos autónomos, expansión de las fuerzas armadas, y un largo etcétera que no ha sido debatido con la profundidad social que se requiere.
¿Vamos hacia el paraíso, como prometen los liderazgos de la 4T, o hacia la tiranía como advierte el ex presidente Ernesto Zedillo? No ha habido una verdadera discusión pública al respecto. Las deliberaciones en el Congreso cuando las reformas constitucionales, muchas veces ni siquiera ocurrió, y otra tantas fueron tan breves, superficiales y viscerales, que la discusión quedó atrapada en un maniqueísmo rústico, donde unos y otros competían en la tribuna para ver quién acusaba al otro de las mayores atrocidades.
De vez e cuando, han emergido personajes que potencialmente podrían presentar un debate importante contra el régimen, pero en los hechos han resultado insuficientes, e incluso ridículos, como es el caso del ex presidente Vicente Fox. Cada vez que estas voces irrumpen, el régimen las anula fácilmente con el expediente de descalificar su autoridad moral. La mecánica es tan eficaz, que literalmente no hay nadie, absolutamente nadie, con moralidad y legitimidad para criticar fallas y abusos del régimen. Hasta ahora.
Y digo hasta ahora, no por Zedillo, sino porque el régimen claudista-obradorista-morenista comienza a presentar desgastes y fracturas naturales. Luego de un sexenio y medio de ejercicio del poder sin contrapesos, es normal que surja información y evidencia de fallas, ineficacias, corrupción, abusos y falsedades. También es normal que tanto poder acumulado genere divisiones y una nueva dinámica de ambiciones personales y grupales dentro del régimen.
De hecho, es posible observar que, ante las críticas recientes de Zedillo, no hubo una respuesta unánime por parte de los legisladores, gobernadores, liderazgos partidistas, periodistas, influencers y propagandistas del régimen. Muchos de los apoyadores del gobierno, no han dicho nada contra Zedillo. Esperan a ver si conviene o no a sus proyectos parciales.
Con apego “al librito”, y una importante dosis de eficacia, la Presidenta no entro a debatir en términos teóricos, conceptuales y políticos los señalamientos de Zedillo. Lo que hizo fue imponerle en la frente la etiqueta de hipócrita, saqueador, represor y cuantas más estigmatizaciones se pudo. Aunque, en este encontronazo, existe la desventaja de que el gobierno de Zedillo ocurrió hace mucho tiempo. Si el villano favorito, el ex presidente Felipe Calderón, ya casi no dice nada a las nuevas generaciones porque sucedió hace 20 años, el zedillato dice menos a los jóvenes de hoy, pues tuvo lugar hace 30 años. Y no es lo mismo escuchar lecciones de historia, que haberlas vivido.
Otro factor que complica la batalla moral contra Zedillo, es que una buena parte del grupo que trabajó con el expresidente están ahora con la 4T, en el gobierno de Claudia. Juan Ramón de la Fuente es su flamante Canciller, Esteban Moctezuma es el embajador en EEUU, Alfonso Durazo es gobernador de Sonora y preside el Consejo de Morena, entre muchos otros. La famosa e ignominiosa “roqueseñal”, con la que el entonces líder de los diputados del PRI celebró la aprobación del Fobaproa, fue capturada en una fotografía donde aparecen varios hoy conspicuos integrantes del régimen, como Ignacio Ovalle, director de Segalmex y exonerado sumariamente del desfalco de 15 mil millones de pesos el sexenio anterior.
El Fobaproa fue una operación descomunal de saqueo de las arcas públicas. No solo fue una respuesta dolorosa para salvar el sistema financiero nacional y evitar una catástrofe total, como se defiende Zedillo; incluso, existen indicios de que el grupo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari provocó esa crisis para robar y trasladar a cómplices empresariales los dineros nacionales. Pero aquí nuevamente afloran inconsistencias en la estrategia de descalificación de Zedillo por el Fobaproa, porque muchas de las familias beneficiadas con ese monstruoso saqueo del tesoro nacional, hoy forman parte directa y cercanísima del primer círculo de la Presidenta.
Estas inconsistencias no las conoce a detalle el grueso de la gente, pero para efectos de la dimensión moral del debate son importantes. Por eso, algunos analistas afines al régimen, como Jorge Zepeda Patterson, dicen que la respuesta de la Presidenta contra Zedillo, basada en la descalificación moral, fue eficaz. Pero, a la vez, dice Zepeda, es evidente que estamos en un momento en el cual tal vez esa auto afirmación moral del régimen ya no es suficiente.
Las acusaciones de Zedillo son categóricas, dice Zepeda Patterson, fundadas o no, exageradas o no, pero contundentes. El ex presidente acusa que AMLO y Claudia están desmantelando las instituciones democráticas, capturaron al Poder Judicial, militarizaron la seguridad pública y ocultan posibles saqueos en las mega obras de infraestructura de López Obrador. Por lo tanto, tarde o temprano Claudia tendrá que lanzar una estrategia narrativa para demostrar que esas acusaciones no son ciertas, que, como ella ha dicho, el objetivo es precisamente lo contrario: construir una democracia desde abajo.
Zedillo no es Fox ni el Borolas Calderón. Tiene más información, más capacidades y, sobre todo, voz en centros de gran poder en Estados Unidos y Europa. Por lo pronto, además de las críticas feroces a la 4T, lanzó un dardo envenenado a la Presidenta: hay que investigar a AMLO, sus mega obras y los gastos que realiza el gobierno para protegerlo ahora que dejó Palacio Nacional. Entre líneas, Zedillo le dice a Claudia que, así como ella dijo que van a investigarlo a él y su familia, también investiguen a López Obrador. El que nada debe, nada teme.
El primer paso de satanizar a Zedillo ya se dio. Acaso, la Presidenta podría considerar, como sugiere Jorge Zepeda, la conveniencia de entrarle a la litis del debate, de construir la narrativa político-ideológica de los profundos cambios constitucionales e institucionales que ha realizado la 4T. Cada vez es más necesario, porque la llamada Cuarta Transformación está en una fase en la que, o se consolida con base en el diálogo, o se desarticula en diversos grupos de poder sin legitimidad.
