“Yo no puedo obligar a mi juez”. Autor: Federico Anaya Gallardo

Artemio y Alfredo Ramírez Torrez, de la comunidad chol de Masojá Shukjá permanecieron recluidos en la cárcel de Cerro Hueco, Chiapas, del 6 de julio de 1996 al 14 de mayo de 1997. Su caso demuestra el tremendo esfuerzo que deben hacer Los de Abajo para remontar las injusticias que les imponen Los de Arriba. Aun cuando las ONG de San Cristóbal se organizaron para establecer una oficina de avanzada en la región chol (la “Estación Norte”), no había modo de atender con detalle cada una de las causas penales que la represión producía. Por lo mismo, en los primeros meses de su encierro, Artemio y Alfredo debieron confiar en la defensora de oficio adscrita al juzgado cuarto penal de Tuxtla –Nelly Esperanza Montesinos Avendaño.

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La licenciada Montesinos hizo bastante pero no lo suficiente. Reclamó que los ofendidos se presentasen al juzgado para clarificar las muchas contradicciones que mostraban sus primeras declaraciones; pero no se percató que al momento de la notitia criminis (17 de junio de 1996) ninguno de los ofendidos señaló a Artemio y Alfredo. Esto, pese a que sí hicieron una lista de personas que ellos (los ofendidos) creían que habían disparado contra la camioneta de Agua Fría. Montesinos mantuvo contacto con la oficina de la CNDH en Chiapas, pero esta comisión no hizo nada aparte de pedir copias del expediente. La defensora de oficio anunció testigos de descargo que le sugerían Artemio y Alfredo, pero dependía del aparato judicial oficial para que se les convocase. En varias ocasiones, las personas convocadas no llegaron a la audiencia y esta se difería. Apenas en septiembre, dos meses después del auto de formal prisión, llegó una testigo.

Los ofendidos tampoco acudían a las audiencias. Para los Paz y Justicia de Agua Fría, que dos habitantes de Shukjá estuviesen en prisión, ya era castigo por las ofensas que habían recibido. Esto refleja parte de la cultura jurídica popular. Cuando representé a los detenidos de Süsüklumil en el juicio federal por la supuesta portación de armas, mis clientes no entendían por qué debían seguir yendo a Tuxtla “si ya se había pagado el castigo” con la fianza. En un ambiente en el que lo normal son las acusaciones inventadas y ocurren sólo para perjudicar al enemigo político, la confusión de mis clientes es muy entendible. Piénsese cuán extrañas les parecían las nociones de que el juicio es un espacio adonde se debe probar la acusación, o que el juzgador debe dudar acerca de lo ocurrido y ponderar pruebas. Cuando recuperamos las fianzas y devolvimos el dinero a sus familias mis clientes quedaron más extrañados.

Por lo mismo, cuando al fin se presentaron los acusadores de Artemio y Alfredo ante el juez cuarto penal en Tuxtla Gutiérrez, Fausto Blas López, sucedieron cosas extrañas (y maravillosas para la defensa). Honorio, el herido que había sido atendido en el hospital tabasqueño, declaró que su primera declaración era falsa y que las enfermeras habían puesto su huella en el acta mientras él estaba inconsciente. Sucede que Honorio –quien el 25 de junio dijo no haber reconocido a nadie entre los agresores de la camioneta– para el 21 de octubre, cuando al fin compareció, quería asegurarse de que Artemio y Alfredo no escaparan de “su castigo”. Así que en los careos se desdijo y aseguró haber identificado desde el primer momento a ambos hermanos, y que ambos llevaban fusiles R-15. El problema es que todas las evidencias materiales indicaban que la balacera había sido con escopetas y con rifles 22. Honorio entró en contradicción en eso y, por ejemplo, en la ropa que supuestamente llevaban Artemio y Alfredo el día de los hechos: dijo que era la misma que traían en la audiencia, sin describirla. De hecho, cada testigo de cargo describió un outfit diferente. La defensora Montesinos captó todo lo anterior y pidió interrogar como testigos a los careantes-acusadores, documentando con más detalle sus contradicciones.

Aquí debo decir algo acerca del contexto geopolítico. La estrategia contrainsurgente del Ejército estaba fallando en la Región Chol. Uno de sus objetivos era separar a la población civil de los núcleos insurgentes del EZLN. En los desplazamientos causados por Paz y Justicia en 1995 la gente se refugió en comunidades vecinas de su misma filiación política. La Procuraduría Agraria temía que eso formaría un damero. Pero una vez que los cuadros rojos y blancos del tablero estaban ya “purificados”, los desplazamientos de 1996 y 1997 empujaron a la población civil a la montaña –justo a los brazos de los núcleos insurgentes. Paz y Justicia fortalecía con eso a los rebeldes. Por lo mismo, desde el otoño de 1996, el Ejército empezó a presionar para el retorno de los desplazados. Las comunidades paramilitares estaban molestas.

La insistencia de Honorio en señalar que sus supuestos agresores llevaban fusiles R-15 era un intento de convencer a “la autoridad” de que los acusados formaban parte de un enemigo muy peligroso –y que no debían ser liberados. ¿Por qué temía la liberación? Sucedía que injusticias como la cometida contra los hermanos Ramírez Torrez ya estaban en las noticias nacionales e internacionales. Si las ONG no habían logrado llevar las defensas jurídicas particulares, sí habían conseguido colocar en el debate nacional la contrainsurgencia en la región chol. Aparte, Adriana Luna Parra, diputada federal del PRD, había logrado que una comisión pluripartidista investigase las denuncias contra los paramilitares y reportase al pleno de la Cámara sus observaciones. Y luego llevó el caso a la ONU, en Nueva York. Esto produjo un cambio en la correlación de fuerzas, le dio un respiro a las acosadas comunidades perredistas/neozapatistas, y permitió que la gente de Shukjá se involucrase en la defensa de Artemio y Alfredo.

En septiembre de 1996, los de Shukjá le dieron a la defensora Montesinos dos cartas de recomendación formalizadas con la firma y huellas de 63 personas. Aparte, se organizaron para llevar a siete de esos firmantes como testigos de descargo. Todos señalaron que el día de la balacera los hermanos Ramírez Torrez estaban en casa de su padre, don Julio, porque este estaba muy enfermo. Dos testigos comparecieron en noviembre de 1996 y cinco en febrero de 1997. Los declarantes eran razonables, contestes y aportaron una descripción clara de cómo se atendió la enfermedad del patriarca Ramírez en medio de la guerra civil en curso. Artemio y Alfredo no habían participado en la balacera del 17 de junio.

Para principios de 1997 los desplazados cholob eran ya un movimiento con presencia en Tuxtla. Una caravana de protesta (Marcha Wejlel) salió de la región chol rumbo a la capital chiapaneca y realizó el primero de muchos plantones para exigir tanto la liberación de sus presos como el retorno a sus tierras y hogares. Se abrieron negociaciones con Ejército, gobiernos federal y estatal. Nació La Voz de Cerro Hueco. Uno de sus fundadores, Gustavo Estrada Gómez, recuerda: “…empezamos a platicar porque no había ninguna organización aquí y no había quien viera nuestros expedientes y resolviera nuestros casos, solamente los defensores de oficio y del fuero común y federal que de cualquier forma están de parte del gobierno…” [Liga 1.]

Estrada puede parecer injusto, pero es exacto. Junto con las cartas de recomendación comunitaria, los de Shukjá habían entregado a la licenciada Montesinos una copia de una orden de aprehensión en contra de uno de los acusadores de los Ramírez Torrez. Filadelfo Jiménez Pérez no se había presentado a sostener su acusación porque temía que él mismo sería aprehendido. Se le acusaba de privación ilegal de la libertad y amenazas en contra de Manuel Ramírez Gómez, un profesor de El Limar a quien los de Paz y Justicia habían expulsado de su escuela y hostigado –por no ser priísta. El caso fue documentado por los diputados federales organizados por Luna Parra. Pese a ello, Montesinos sólo mencionó al juez que entregaba la copia y no la volvió a usar como parte de la defensa.

El juez Blas tampoco hizo nada. Nunca se percató que la primera aparición en autos del nombre de los acusados había ocurrido después de que los mismos habían sido arbitrariamente detenidos. Tampoco se dio cuenta de que el MP investigador había reconocido por escrito que, al momento de la aprehensión de Artemio y Alfredo, el 4 de julio de 1996, los de Alemán “trataron de lincharlos”. Tampoco quiso percatarse que dos días después, el 6 de julio, ese MP decidió abandonar El Limar por que existían “condiciones de inseguridad tanto para el personal actuante como para los presentados que fueron puestos a disposición”. La realidad política brotaba de las páginas del expediente y el juez Blas era consciente de ello. Cuando le tomó declaración preparatoria a Alfredo, el juez le preguntó por qué “se asegura[ba] que habían problemas de partidos políticos en su comunidad”, a lo que Alfredo respondió que “con anterioridad habían surgido ese tipo de problemas entre el PRI y el P.R.D.”

A principios de 1997 los abogados del FrayBa, José Antonio Montero Solano y yo, nos entrevistamos con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Noé Castañón León. Le explicamos todo lo anterior. Señalamos que cualquier juez de amparo concedería la libertad. Castañón León nos respondió: “—Seguramente ganarán el amparo. Pero ya saben que el juez penal puede irse a la Revisión contra esa sentencia. Yo no puedo obligar a mi juez a que acepte el amparo. Y como Ustedes saben, sólo hay un tribunal de circuito para analizar el Amparo en Revisión y tiene mucho rezago. Si Ustedes se van al amparo, están condenando a sus clientes a pasar al menos otro año en prisión”. En otras palabras, Artemio y Alfredo eran rehenes políticos y nos lo confirmaba la cabeza del poder judicial.

Ante la presión social, de la prensa y de los diputados federales, el 14 de mayo de 1997, el MP adscrito al juzgado se desistió de la acusación. No dio motivo alguno, salvo que actuaba “acatando las disposiones de [su] superioridad”. El mismo día, el Procurador General de Justicia del Estado confirmó el desistimiento. Explicó que no podía seguirse la acusación porque “no existe más sindicación que la vertida por Filadelfo de Jesús Jiménez Vázquez quien [sic] hasta este momento procesal tiene el valor de un indicio aislado, porque no se encuentra aunado con otro elemento probatorio; asimismo existe en Autos el acta levantada por Calcáneo Ramírez López, Agente Municipal de la Colonia ‘Agua Fría’ … fechada el día de los hechos y corroborada con la fé de cuatro téstigos [sic] en la cual se señalan a varias personas como responsables, pero en ningún momento se refieren a los hoy beneficiados”. Todo lo cual era evidente desde el principio, cuando el MP huyó de El Limar llevándose en un helicóptero a Artemio y Alfredo.

Así se aplicaba el Derecho en el Chiapas de la rebelión neozapatista. Hoy, tristemente, vemos a los MP chiapanecos comentiendo abusos que recuerdan este caso.

agallardof@hotmail.com

Liga citada:

Liga 1: https://www.sipaz.org/enfoque-la-voz-de-cerro-hueco-un-fuerte-grito-tras-las-rejas/

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