Yo decreto. Autor: Venus Rey Jr.

Foto: Xinhua

El decreto publicado el jueves 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación quedará como testimonio del exceso al que puede llegar un presidente. Se trata del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”.

Un decreto contiene normatividad, y como tal, debe ser claro, preciso y carente de lenguaje emocional, porque en esa medida es más factible su cumplimiento. Las primeras palabras del decreto son estas:

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“De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas…”

Se habla de “la crisis mundial del modelo neoliberal”. Pero bueno, dejemos eso de lado. El presidente se apresta a “proponer” la aplicación de ciertas medidas. El presidente no es experto en Derecho, así que no tendría por qué saber que en lugar de “proponer”, un decreto establece. Y no es ninguna deficiencia que el presidente no sea experto en Derecho Constitucional y Administrativo, a pesar de ser la cabeza de la Administración Pública Federal, jefe del Gobierno Federal y jefe del Estado Mexicano, porque nuestra Constitución no lo exige. Lo que llama la atención es que este decreto no fue revisado por nadie medianamente entendido en Derecho. Muchos dirán que este presidente en particular no se equivoca, de modo que no hace falta la revisión de ningún experto. La impresión que uno se lleva es que el decreto fue dictado por AMLO desde su silla en Palacio Nacional, y así como lo dictó, así se pasó a las firmas de los secretarios de Gobernación, Hacienda y Función Pública.

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El numeral I dice:

“No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente.”

Aquí tenemos dos problemas: 1) no es posible reducir el salario de los funcionarios; 2) no es posible suprimir los aguinaldos. Si bien los funcionarios federales, desde los subdirectores hasta el presidente, podrían voluntariamente ver reducidos sus salarios, no así los aguinaldos. Al día siguiente de que el decreto fue publicado, Ricardo Monreal fue muy claro: “La ley está por encima de cualquier decreto”, lo cual nos lleva a preguntarnos el lugar que ocupa este decreto dentro de la normatividad federal. Un lugar muy modesto. Es un poco más que una circular administrativa, pero menos que un reglamento y, claro, mucho menos que una ley. El presidente está sometido a las leyes y ningún acto o decreto que emita puede estar por encima de la ley. Como él suele decir: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, y esto, desde luego, aplica a su persona y a sus actos.

El numeral IV señala:

“Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.”

El presidente está cerrando la mitad del gobierno. Quedan abiertas las oficinas que atienden directamente al público y las fundamentales para “el bienestar del pueblo”. Otra vez el discurso emotivo. Y de nuevo las ambigüedades: se decreta un “esfuerzo de reubicación”. Como aquella propuesta de reubicar diversas secretarías fuera de la Ciudad de México, este numeral muy probablemente caiga en la inobservancia.

El numeral V es más preocupante:

“Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios…”

El presidente plantea con esto que él manejará el dinero, no según lo presupuestado y autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino según su voluntad, so pretexto de la crisis del modelo neoliberal que supone el Covid-19 (siempre sí le vino la epidemia “como anillo al dedo”). El numeral establece treinta y ocho programas prioritarios que no serán pospuestos. Adivinó usted: todos los programas asistenciales y los proyectos insignia (Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, Pemex, infraestructura de generación eléctrica, etcétera) no sufrirán ni recortes ni aplazamientos. Se entiende que si los programas estelares de infraestructura son esos, el presidente nunca va a cesar en su realización. Por una pandemia, que además él asegura que tiene ya bajo control –ojalá que sí–, no va a detener sus trenes, aeropuertos y refinerías. Es verdad que quienes votaron por él lo hicieron conociendo estos proyectos, así que el presidente sabe que cuenta con el apoyo de sus votantes para persistir. Lo que preocupa, insisto, es la reasignación del dinero de manera unilateral: yo, presidente, decido qué se gasta, cuánto se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta, si se gasta o si no se gasta y qué se recorta. Este decreto que, como dije, formalmente es algo poco mayor que una simple circular administrativa, y algo muy inferior a una ley, se erige como criterio del gasto público federal. Parece que las palabras de Echeverría han hallado resurrección en el actual presidente: “La economía se maneja desde Los Pinos.” Ahora desde Palacio Nacional, pero para el caso es lo mismo.

Lo que más llama la atención del decreto son los numerales IX y X.

“IX. La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70% de los hogares de la república, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país.

X. Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo.”

Recordemos que estamos hablando de un decreto, pero el lenguaje utilizado nos recuerda más una arenga de las conferencias matutinas. Por decreto no se van a crear 2 millones de empleos de aquí al 31 de diciembre de 2020, que es la fecha hasta la cual estará vigente. Es más probable que la crisis del Covid-19 provoque pérdidas de miles y miles de empleos. Tampoco por decreto se “demuestran formas alternativas de enfrentamiento de crisis”; todo tipo de crisis, dice el texto.

En el artículo segundo transitorio, el presidente dice que está enviando una iniciativa a la Cámara de Diputados para que este decreto se convierta en ley. Si el Congreso aprobara algo así como ley, estaría confirmando que el peor error cometido por México en su historia fue adoptar el sistema presidencial. Los estadunidenses inventaron el presidencialismo, pero nosotros lo mal emulamos y lo hemos convertido en fuente de desgracia.

El artículo 92 constitucional establece un mecanismo legal conocido como “refrendo”. Con él se pretendió evitar que decisiones extravagantes del presidente pudieran incorporarse al mundo normativo. El artículo constitucional establece que todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario del despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. El decreto en cuestión corresponde a Gobernación, Hacienda y Función Pública, así que está signado (refrendado) por Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera e Irma Eréndira Sandoval.

No me sorprende que Sandoval haya firmado una cosa así. Me desilusiona que una persona como Olga Sánchez Cordero, jurista muy reconocida, experta en Derecho Constitucional; y Arturo Herrera, economista distinguido, con prestigio internacional, se hayan prestado a firmar un decreto así de extravagante, así de mal hecho, así de mal redactado. Si lo firmaron es porque lo leyeron, y si lo leyeron saben lo deficiente que es. Por lo tanto, son corresponsables. Tan es culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Temen el enojo del presidente? ¿Están ya todos fuera de la realidad? Por decreto no se van a crear 2 millones de empleos de aquí al 31 de diciembre, y lo saben. No es mala voluntad al presidente; es la verdad.

Pudiendo ser un país próspero, con bienestar para todos, somos una nación en la que prevalece el atraso, la violencia, la pobreza y la corrupción. Siempre se señalan culpables: los realistas, en el proceso de independencia; los conservadores, en la Reforma e intervención francesa; los empresarios, latifundistas y explotadores, durante la Revolución; los opositores, durante el régimen priísta; y ahora los neoliberales. A mi juicio, el verdadero problema de México es su sistema presidencial. La historia nos lo ha demostrado: al concentrarse tanto poder en una sola persona, crecen exponencialmente las probabilidades del abuso y del error. En Estados Unidos también hay un sistema presidencial, pero bajo la premisa que dice: “a government of laws, not of men”.

Si personajes como Santa Anna, Comonfort, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán, Luis Echeverría, López Portillo, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por mencionar solo algunos, no hubieran tenido la clase de poder que tuvieron; si hubiesen existido contrapesos, la realidad que estaríamos viviendo sería muy diferente. Hago votos para que el actual presidente no caiga también en esa trampa.

@VenusReyJr

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