Las órdenes de pago encontradas por 58 millones de pesos se firmaron por prestaciones de servicio de la PGJ-CdMx que nunca se realizaron; una de las empresas contaba con García Luna como parte del Consejo de administración.
SinEmbargo.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se hará una investigación en torno a un contrato de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) con una empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que durante la Administración anterior, aproximadamente entre 2016 y 2017, hubieron cuatro órdenes de pago de la PGJ-CdMx por casi 58 millones de pesos a empresas y que, en una de ellas, se vincula directamente al funcionario de seguridad durante la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
“Son cuatro que llamamos CLC [Cuentas por Liquidar Certificada], es decir, órdenes de pago para la empresa Black Security Consulting Technology Reach Management; y el Consejo de administración de esta empresa está directamente Genaro García Luna. Las órdenes de pago van del 2016 la última en 2017 con lo que entonces era la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el monto es de casi 58 millones de pesos de los cuatro pagos, un contrato de 80 días”, detalló.
Ante esto, la Jefa de Gobierno anunció que delegará dicha información a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que investiguen a mayor profundidad, esto luego de que el titular de la agencia, Pablo Gómez Álvarez, hablara en la conferencia matutina presidencial de este jueves sobre la red de corrupción y lavado de dinero de García Luna.
“Estamos dándole la información a la UIF porque ellos hablaron de un contrato y son en realidad tres contratos, y hay algún otro contrato que también estamos haciendo investigación de las otras empresas que se han mencionado”.
Asimismo, profundizó en que los motivos de pago mencionados en los documentos refieren a prestación de servicios como de diagnóstico integral, y de capacidades de la Ficsalía Especial de Investigación en Delito Antisecuestro.
El pasado 9 de febrero, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, denunció que Genaro García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.
El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
A pesar de que continúa el examen de otras operaciones, explicó que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
El también licenciado en Economía informó que el actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos”.
En consecuencia, señaló, “incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación” y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019 “por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero”.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de diciembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Florida para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país”, precisó el encargado de la UIF.
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