Francisco Félix | julioastillero.com
En entrevista para Astillero Informa con Julio Hernández, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el país atraviesa por “un proceso de militarización muy preocupante” y lamentó que persista la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas y someterse a la justicia civil. Señaló que no se trata de un fenómeno nuevo, sino de la profundización de una tendencia que comenzó desde varios sexenios atrás.
Contrario a las aseveraciones del presidente López Obrador, Santiago Aguirre señaló que militarizar no es sólo dar órdenes al Ejército de hacer la guerra o reprimir a la población, sino también ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que no son propias de su mandato, así como en otro tipo de actividades, tal como ha ocurrido desde el inicio de este sexenio.
Cuestionado por Julio Hernández sobre las implicaciones del asesinato de un ciudadano guatemalteco a manos del Ejército en días pasados, el director del Centro Prodh, manifestó que el hecho pone de manifiesto “los riesgos sobre los cuales llamamos la atención cuando decimos que la militarización puede ser peligrosa para los derechos humanos” y cuando se pone al Ejército a realizar funciones como las de control migratorio.
El especialista reconoció que las cifras públicas disponibles muestran una disminución en el número de violaciones de derechos humanos cometidas por militares en este sexenio. Sin embargo, resaltó que dicha disminución no es consecuencia de una reforma integral de la participación del Ejército en tareas de seguridad, por lo que, más allá de las órdenes que pueda dar el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “hay una inercia y patrones de uso de la fuerza letal por parte del Ejército”. Por lo anterior, dijo que están dadas las condiciones para que vuelvan a ocurrir eventos como el del guatemalteco asesinado.
El especialista reiteró la importancia de que estos eventos no queden impunes, así como de que la investigación corresponda al fuero civil para evitar la impunidad debido a la “probada ineficacia” del Ejército cuando tiene que investigarse a sí mismo. Finalmente, Aguirre lamento la falta de avance en el esclarecimiento de los abusos cometidos por militares en sexenios pasados, como en el caso Tlatlaya, en el que no se ha sancionado a los responsables.
