Francisco Félix | julioastillero.com
En entrevista para Astillero Informa, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, habló acerca del comunicado firmado por 300 organizaciones y familiares de víctimas, en el que piden la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero, señalando que su actuación ha decepcionado a la sociedad.
Delgadillo comentó que los exabruptos y declaraciones del fiscal en torno al caso del general Cienfuegos han sido “la gota que derramó el vaso”, pues se han sumado a una serie de irregularidades que se han advertido dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), que limitan seriamente la posibilidad de hacer justicia en los hechos.
La activista criticó el incumplimiento de diversos aspectos de la ley orgánica de la Fiscalía, comenzando por su autonomía, que está estipulada también en el artículo 102 de la Constitución. A ello se suman, dijo, temas como la ausencia de equipos mixtos y de expertos internacionales para apoyar las investigaciones, lo que deja un enorme peso en el ministerio público; la realización de nombramientos en la institución partiendo de cercanías políticas y no de un perfil profesional y la falta de designación del consejo ciudadano.
La integrante de Fundación para la Justicia, criticó el alejamiento del fiscal Gertz Manero respecto a las víctimas, con quienes no se han podido crear espacios de diálogo. Lamentó que las propuestas de reforma a la ley de la Fiscalía reduzcan aún más los derechos de las víctimas.
Delgadillo manifestó que al frente de la Fiscalía se requiere a “alguien que realmente tenga la voluntad de dar la vuelta a la impunidad histórica que venimos viviendo desde muchos gobiernos atrás”; alguien que pueda investigar de manera objetiva a quien sea necesario, sin estar condicionado por poderes institucionales o fácticos. Señaló que sólo de esta forma será posible pacificar al país
La activista deploró que pareciera que volvemos a los esquemas antiguos en los que la responsabilidad de denunciar e investigar es de las víctimas; dijo que la Fiscalía tiene la obligación de investigar de oficio y que la carga de la prueba debe recaer en dicha institución y no en las víctimas ni en quien denuncia. Se manifestó en contra de criminalizar a las víctimas o a quienes exigen transparencia. También recordó que el presidente puede remover al fiscal y que es corresponsable en su nombramiento pues él propuso la terna al Senado.
