Francisco Félix | juliostillero.com
La visita de los titulares de la CNDH y la Sedena a las instalaciones del Campo Militar 1-A es un acto de simulación. Así lo calificó el general Francisco Gallardo en entrevista para Astillero Informa, quien realizó críticas al sistema de justicia militar y demandó su reforma pues dijo que actualmente no garantiza el castigo a las violaciones de derechos humanos, ni de los militares ni de los civiles.
El general Gallardo mencionó que existen más de 500 militares procesados; la mayoría de ellos por delitos menores, como faltas a la disciplina militar y al código de justicia. Dijo que a raíz de la lucha contra el narcotráfico y al hacer funciones de policía, ha sido más común el encarcelamiento de militares por violaciones a los derechos humanos de la población: torturas, ejecuciones, detenciones arbitrarias… No obstante, recordó que los militares también ven violados sus derechos humanos una vez que son aprehendidos, por lo que no debe olvidarse que, antes que ser militares, son personas, y tienen sus derechos amparados por el artículo 20 de la Constitución.
En su crítica al sistema de impartición de justicia militar, el general citó el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, que establece que el encargado de administrar la justicia militar es el titular de la Sedena, lo cual es indebido pues una sola persona no debe tener dicha facultad. Explicó que esto se presta a abusos pues los miembros de un tribunal militar son nombrados por el titular de la Defensa, al igual que los consejeros ayudantes de los tribunales, e incluso los defensores de oficio. Por lo anterior, planteó la necesidad de anular dicha disposición con el fin de que exista una justicia militar independiente y autónoma.
Gallardo, quien estuvo preso durante varios años precisamente en el Campo Militar 1-A tras encabezar una lucha para que existiera un ombudsman militar, manifestó que un cambio democrático en México sólo será posible atendiendo el tema de la actuación del ejército en materia de derechos humanos y terminando con la intervención militar en asuntos civiles. Recordó que ley militar dice que ningún superior de mando se puede disculpar de la actuación de sus tropas y por ello es que los tribunales militares procuran que no se conozcan las órdenes del mando que provocan violaciones a derechos humanos. Manifestó que en crímenes como Tlatlaya o Ayotzinapa, los responsables son las líneas de mando, por lo que hacia ese punto deben apuntar las investigaciones de la CNDH.
Para finalizar, el general Gallardo recordó que el párrafo 70 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativo a su caso, plantea la tesis de que, en México, el gobierno y las fuerzas armadas utilizan las instituciones de procuración y de administración de justicia para otro fin distinto a aquel para el que fueron concebidas, realizando actos con apariencia de legalidad, por lo que existe una desviación de poder. Señaló que, si no se termina con ésta, seguiremos viendo masacres, torturas y desapariciones.
