Francisco Félix | julioastillero.com
Láminas, colchonetas, cobertores, sillas de ruedas, bastones, andaderas, despensas, material de construcción, asesorías, enciclopedias, servicio de edecanes para eventos… esto y mucho más se encuentra entre los productos y servicios adquiridos por los diputados con 130 empresas fantasma, mediante un desvío de 506 millones de pesos, entre 2013 y 2018, según dio a conocer la periodista independiente Zorayda Gallegos en entrevista para Astillero Informa.
El desvío de recursos, dijo Gallegos, se presentó en las legislaturas LXII y LXIII y no hay claridad respecto a los responsables directos pues existen distintos mecanismos para la realización de las compras en San Lázaro. Existe, dijo, una instancia administrativa encargada de realizar las compras, pero, a su vez, los diputados cuentan con algunas partidas como la de “apoyo ciudadano y gestoría social”, en la que hay “manga ancha para el uso discrecional de los recursos”. También está contemplado un Comité de Adquisiciones, así como recursos asignados a cada grupo parlamentario. Por lo tanto, “hay una diversidad de personas y áreas involucradas que pudieron estar detrás de estas compras”, expresó.
La periodista, cuya investigación ha sido publicada por El País, señaló que buscó llegar al nombre de los responsables, por lo que solicitó entrevistas con quienes fueron coordinadores parlamentarios de los tres principales partidos políticos en la época señalada. Sin embargo, mencionó que la mayoría de ellos se negó a hablar y los pocos que lo hicieron no brindaron mucha información. Luis Alberto Villarreal del PAN y César Camacho Quiroz del PRI dijeron que nunca antes habían escuchado hablar de contratación de empresas fantasmas y se deslindaron del tema. Por su parte, Francisco Martínez Neri, del PRD, afirmó que la mayor responsabilidad de las adquisiciones en ese periodo recayó en la secretaría general del Congreso, cuyo responsable fue designado por la bancada mayoritaria, que era la del PRI.
Zorayda Gallegos recordó que, si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la obligación de auditar los recursos ejercidos por la Cámara de Diputados, dicha revisión sólo se hace sobre una parte de los montos ejercidos. Además, citó a Dora Buchahin, exdirectora de auditoría forense en la ASF, quien habló de lo difícil que es auditar los recursos porque en muchas de las partidas, los diputados no tienen la obligación de facturar, sino que basta un recibo para comprobar gastos. Además, Gallegos mencionó que existen cosas intangibles que no se pueden fiscalizar, como los cursos o capacitaciones y explicó que se detectó que hubo contratación de asesorías para la aprobación de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Finalmente, la periodista mencionó que se detectaron múltiples irregularidades en la partida de apoyo ciudadano y gestoría social, que en teoría sirve para que los legisladores apoyen a los ciudadanos de su distrito y a gente vulnerable que solicita ayuda. En este, como en los casos anteriores, se recurrió a empresas fantasmas para la provisión de productos y servicios. Dichas empresas, señaladas por el SAT como inexistentes, emitieron comprobantes fiscales que actualmente carecen por completo de valor.
La investigación de Zorayda Gallegos puede consultarse en su cuenta de Twitter @zogallegos y en el sitio: https://elpais.com/mexico/2021-01-27/los-diputados-mexicanos-desviaron-506-millones-de-pesos-a-130-empresas-fantasma-entre-2013-y-2018.html
