Redacción de julioastillero.com
En entrevista en Astillero Informa, la periodista Laura Castellanos afirmó que el Estado mexicano permitió la legalización de más de 13 mil armas en el estado de Michoacán y que este hecho fue ignorado deliberadamente y utilizado como pretexto para la persecución y el encarcelamiento de muchos de sus integrantes y líderes, como el recién fallecido José Manuel Mireles.
Castellanos recupera la versión de Ignacio Mendoza, quien fuera abogado de Mireles, que asegura que las autoridades mexicanas violaron el artículo 10 de la Constitución pues se permitió la portación por parte de civiles de armas de grueso calibre que son de uso exclusivo del ejército, sin pasar por la creación de un estado de excepción. En dicha irregularidad estuvieron involucrados Alfredo Castillo, quien fuera Comisionado de Seguridad Federal para el estado de Michoacán; el General Cienfuegos, titular de la SEDENA, y los gobernadores de Michoacán. La legalización del uso de estas armas permitió que los civiles contaran con legitimidad para cometer diversos atropellos y, más tarde, fue utilizada como pretexto para la persecución de líderes que rechazaron acercarse al Gobierno, como fue el caso de Mireles, detenido en junio de 2014 y quien permaneció tres años preso. Por lo anterior, desde 2018, tanto Mendoza como Mireles buscaron presentar ante instancias internacionales una denuncia contra Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad, proceso que se ve interrumpido tras la muerte de quien fuera el principal vocero de los grupos de autodefensa.
La también autora de libros sobre la guerrilla resaltó la magnitud del levantamiento de las autodefensas en Michoacán, que implicaron el alzamiento armado de alrededor de 34 municipios y casi una tercera parte de la población michoacana. Aclaró que dicho alzamiento no fue contra el Estado, sino para que éste interviniera y erradicara las cadenas de complicidad con las mafias criminales. En ese proceso, cada municipio y comunidad tuvo sus propios líderes, varios de los cuales después fueron “domesticados” por la estrategia de Alfredo Castillo, quien traicionó a las autodefensas y las utilizó como carne de cañón. El objetivo de sus actividades en Michoacán fue que la violencia organizada funcionara gestionada por el Estado y por ello se persiguió a quienes rechazaron someterse.
Castellanos señaló que en Michoacán aún existen autodefensas que operan en la clandestinidad; otras sufrieron desplazamientos forzados por la irrupción de nuevos grupos criminales, mientras que la violencia en el estado se ha recrudecido y este año se esperan cifras récord de asesinatos. Hay líderes de autodefensas que se corrompieron, otros fueron criminalizados, perseguidos y encarcelados -como el propio Mireles y otros 400 autodefensas- y algunos permanecen en resistencia, como en la comunidad de Ostula. En general, el Gobierno de Silvano Aureoles no se ha preocupado por generar canales de comunicación con líderes comunitarios; persiste la cadena de complicidades entre empresarios, criminales y funcionarios y predominan la convulsión social y el caos.
