Denunció que debe investigarse el asesinato de Samir Flores, ocurrido en febrero de 2019, así como cualquier posible vinculación de los hechos con el crimen organizado
Francisco Félix | julioastillero.com
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador promueve un estado de excepción para imponer sus “proyectos de muerte”. El caso del asesinato de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, es un reflejo de cómo los pueblos indígenas que defienden la vida están cada vez más sitiados. Así lo afirmó Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA). En entrevista con Julio Hernández para Astillero Informa, el activista denunció que el caso referido no es un hecho aislado pues el crimen se vincula cada vez más a la imposición de los megaproyectos en varios lugares del país.
El ambientalista aprovechó para desmentir la nota publicada por el diario El Sol de México en la cual habla de que el FPDTA sabía que existió una reunión entre Hugo Eric Flores, entonces delegado federal de programas sociales en Morelos, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, y líderes del crimen organizado, en la cual se acordó “quitar de en medio a Samir” por su oposición a la termoeléctrica de Huexca. Afirmó que esas declaraciones son “muy preocupantes” y que los miembros del Frente desconocen si existió o no esa reunión.
Lo que sí sostiene el Frente, dijo el defensor del territorio, es que debe investigarse el asesinato de Samir Flores, ocurrido en febrero de 2019, así como cualquier posible vinculación de los hechos con el crimen organizado y, a su vez, de éste con los personajes antes mencionados, además del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. Al mismo tiempo, externó su preocupación por el hecho de que, si en verdad existe la pugna entre los narcopolíticos, como lo mencionó el gobernador Cuauhtémoc Blanco, la población del estado queda en medio y eso la pone en riesgo, especialmente a los defensores del territorio y a las comunidades.
Flores sostuvo que la reciente aprobación del acuerdo presidencial sobre los megaproyectos va en la línea de López Obrador de tratar de imponerlos, como ocurrió con la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca. Consideró que esto también se relaciona con la presencia creciente del crimen en los pueblos indígenas donde se busca implementar dichos “proyectos de muerte”, sin el consentimiento de las comunidades, ni autorización ambiental.
En el caso particular de la termoeléctrica de Huexca, Juan Carlos Flores señaló que tiene problemas técnicos de funcionamiento y que existen más de 20 amparos vigente contra el proyecto, de los cuales se han otorgado 11 suspensiones, por lo que, legalmente, el proyecto debería estar suspendido, pero “el Presidente se pasa las suspensiones por el arco del triunfo”.
Finalmente, el ambientalista desmintió que el proyecto obedezca a una necesidad de generar energía eléctrica, pues para ello existe infraestructura con capacidad de sobra en el país, por lo que afirmó que el objetivo real es construir gasoductos para abaratar los costos de producción de las industrias de la zona.
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