“Váyanse”, le dicen en Guerrero a canadienses que sacaron oro y, a cambio, dañaron su agua y salud (nota de SinEmbargo)

Foto: Archivo OEM-Informex

Habitantes de Carrizalillo, al sureste de Guerrero, aceptaron desde 2008 que capital canadiense explotara oro en su territorio a cambio de compensar el daño a su manantial y su salud, entre otras promesas. Pero Equinox Gold (antes Leagold Mining y Gold Corp) no cumplió, por lo que, hartos, entre vecinos y ejidatarios cerraron el acceso al tajo “Los Filos-Bermejal” hasta que lleguen a un acuerdo.

Por Dulce Olvera de SinEmbargo

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Habitantes de Carrizalillo, en el municipio Eduardo Neri, al sureste de Guerrero, no disponen de fuentes de agua limpia desde 2010 al vivir en el “Cinturón Dorado”, una zona minera, además, sitiada por el crimen organizado. A cambio de oro, los desechos tóxicos como el arsénico han contaminado su manantial El Triángulo. El manantial El Pozo está más retirado. Entre explosiones que levantan polvo y liberan metales como plomo, se han enfermado de la piel, ojos, aparato respiratorio, cáncer y se han registrado partos prematuros en la comunidad.

El primer convenio entre la mina canadiense Gold Corp y los ejidatarios fue en 2008. Pero empezó a disminuir la cantidad de agua debido a que la operación minera ocupa en sus áreas el 85 por ciento de la cuenca, lo cual alteró el ciclo hidrológico.

“El agua disponible para la población es rica en metales pesados. Está fuera de la norma incluso para uso humano, es decir, no debería usarse ni para lavar, pero es la única agua que hay. Cada familia debe comprar agua de garrafón, lo que implica un gasto anual de entre 70 y 100 mil pesos por familia dependiendo el número de integrantes”, explicaron a este medio integrantes de la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). “El bañarse con agua alta en arsénico genera daños en la piel que se van complicando de acuerdo con cada persona. Se presentan lesiones severas que no en pocas ocasiones deben atenderse con esteroides, antibióticos o hormonas”. La situación, al sur del país, se repite al norte, en municipios de Sonora afectados por el derrame de una mina de Grupo México hace seis años.

El jueves 3 de septiembre, hartos de la falta de respeto e incumplimiento de acuerdos entorno a infraestructura para agua potable y tratamientos médicos, ejidatarios rompieron el convenio acordado en 2019 con la minera canadiense Leagold Mining Corporation que entonces explotaría oro en los tajos “Los Filos-Bermejal” hasta 2025, incluyendo con la técnica a cielo abierto.

El año pasado, la firma vendió el proyecto a la canadiense Equinox Gold, operadora desde inicios de año que aceptó, como parte del convenio, iniciar desde julio del 2019 obras para dotar de agua potable a la población. Pero no ha cumplido.

Desde las cinco de la mañana de aquel jueves, vecinos y cientos de campesinos prohibieron la entrada a alrededor de mil 300 trabajadores entre afiliados sindicales, contratistas y de confianza, y junto con sus familias instalaron un plantón a las afueras de la mina que mide más de mil 400 hectáreas. La acción es validada por el convenio firmado por ambas partes, y la notificaron a la recién desaparecida Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

Pese a la reunión del lunes con el vicepresidente ejecutivo de Equinox Gold, Peter Burger, no llegaron a algún acuerdo. Incluso por la tarde se presentó a intimidarlos un convoy militar en el campamento, donde también hay niños y adultos mayores. “No pasó nada, pero la gente se pone muy tensa y no deja de preocupar que en una de esas entren a agredir a la población”, comentaron. En Carrizalillo no reciben a las autoridades estatales si no son previamente invitadas. A la prensa le piden anonimato.

Los ejidatarios advirtieron a la empresa que ya no aprobarán convenios más allá de un año y reiteraron su petición tanto abasto de agua potable como de medicamentos, becas e infraestructura prometida. La empresa solo les resolvió despedir al Director de asuntos corporativos y sustentabilidad, Juan Carlos Flores Cano, a quien acusaron de prepotencia y discriminación.

“Cada convenio que hemos realizado ha sido para alcanzar algunas micromejoras que medio compensen los daños a los que nos enfrentamos. Nuestra lucha es para que respeten los derechos de las y los mexicanos de una actividad que de origen mata vida”, planteó la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo tras la reunión.

Desde el viernes 4 de septiembre, Equinox Gold anunció a sus inversionistas la “suspensión” de la mina como resultado de “un bloqueo vial ilegal” por parte de miembros de la cercana comunidad de Carrizalillo, por lo que “está en discusiones activas con los líderes de la comunidad de Carrizalillo para resolver los problemas”. Ante ello, los ejidatarios respondieron en una carta dirigida a su CEO, Christian Milau, que mentía al asegurar que bloquearon el camino.

“La fórmula es muy simple. Si no nos respetan, váyanse de nuestras tierras”, dice la misiva firmada por la Mesa Ejidal de Carrizalillo. Antes de la llegada del proyecto en 2008, los habitantes se dedicaban al cultivo de maíz, frijol, maguey y había una planta de mezcal.

Equinox Gold entró apenas a la escena en México con la compra de la mina “Los Filos” como parte de un programa de explotación de oro en América Latina impulsado por el multimillonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.

Pan American Silver ha operado por dos décadas en México y es responsable del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas en 2017, además de operar la mina “Dolores” en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en las mismas condiciones de violencia que aplica en Carrizalillo, documentó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

El 12 por ciento de la superficie de Guerrero está concesionada a actividad minera (790,836 hectáreas con 663 títulos). En la última década se ha incrementado sustancialmente la exploración minera en Guerrero como en Los Filos-El Bermejal (en explotación por Equinox Gold) y Mina Nukay en el municipio de Eduardo Neri; Rey de Plata (Dowa Mining, Sumitomo e Industria Peñoles) en el municipio de Teloloapan; Campo Morado (Telson Resources) en el municipio de Arcelia; y El Limón Guajes (Torex Gold-Minera Media Luna) en la población Nuevo Balsas en el municipio de Pedro Ascencio, entre otros proyectos, documentó la Secretaría de Economía en un informe de 2017.

ENTRE RACISMO, COVID-19 Y VIOLENCIA

Desde abril del año pasado los ejidatarios de Carrizalillo concluyeron el periodo de diálogo con los directivos de Leagold Mining Corporation. Firmaron dos convenios, uno social y otro de arrendamiento de tierras de 2019 a 2025.

En esa negociación con Leagold, antes de vender el proyecto a Equinox Gold, “hubo respeto hacia nosotros” y se avanzó en la incorporación de varias cláusulas que mitigarían daños a la salud y al ambiente ocasionados por la operación de la mina “Los Filos”.

“Sin embargo, todo ese respeto mostrado por la empresa durante la negociación del convenio literalmente se fue desvaneciendo y empezaron a crearse varias discrepancias por el incumplimiento del convenio y la falta de transparencia. Al realizar las quejas, la empresa empezó a tener manifestaciones de discriminación y racismo hacia nosotros y nosotras”, acusaron en un comunicado el día que cerraron la mina.

Los ejidatarios expusieron que viven en una zona impactada por operaciones mineras que han contaminado con metales pesados sus fuentes de agua limpia, lo cual ha dañado su piel, causado deformaciones de nacimiento, provocado cáncer y enfermedades respiratorias.

Incluso se han registrado abortos o partos prematuros, de acuerdo con un monitoreo entre la comunidad documentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Un día la hija de Esther, quien trabajaba en la mina hace ocho años, entonces operada por la canadiense Gold Corp, estaba tomando una taza de café cuando se rompió un tubo de cianuro. “Tuvo un aborto de tres meses. Estaba llorando en el Seguro. Pero la doctora le dijo que no llorara porque el bebé estaba deforme”, platicó la mujer a la organización civil. Petra, cuyo esposo y hermano laboran en la mina, tuvo a su segundo bebé a los ocho meses y el primero nació con craneosinostosis.

A estos daños se sumó la pandemia de la COVID-19, al ser declarada la minería como una actividad esencial en pleno semáforo rojo de la urgencia sanitaria.

“Al retorno de trabajadores [de Carrizalillo y Mezcala] para incorporarse a las actividades, la empresa de forma irresponsable incumplió los protocolos sanitarios y ya para el tercer día del retorno había más de 21 casos positivos de COVID. Desde entonces se ha incrementado el número de contagios y ya han fallecido trabajadores”, acusaron los ejidatarios.

Panorama de la explotación de la mina de oro en Carrizalillo. Foto: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) apoyó la acción de los ejidatarios y recriminó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presuma que su Gobierno ya no otorga concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas siguen generando daños y amenazando a las comunidades.

“La crisis actual en Carrizalillo en Guerrero es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015 [en el marco de la disputa de cárteles]”, expuso REMA.

“Toda esta zona fue sitiada y violentada por fuerzas del crimen organizado operando en contubernio con el Estado, generando procesos permanentes de extorsión, violencia y miedo. Es decir, los crímenes organizados se apoyan entre sí, porque la minería devastadora es también crimen organizado a partir de la violencia y de las consecuencias criminales inherentes al despojo que impone”, acusó.

Por lo que, concluyó la organización, “la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice del Gobierno estatal y federal, pretende doblegar la resistencia del ejido de Carrizalillo”.

Mining Watch Canada, por su parte, solicitó a Ross Beaty, presidenta de Equinox Gold, que se abstenga de cualquier agresión contra el ejido así como de acudir a la policía o a las autoridades para que intervengan ante los ejidatarios en el ejercicio legal de sus derechos sobre la tierra para detener la mina.

“Existe una seria preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad dada la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero, donde las operaciones mineras canadienses Los Filos y otras, como de la empresa minera canadiense Torex Gold, se han expandido rápidamente”, alertó la organización.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los conflictos mineros son “un problema heredado”, ya que la Secretaría de Economía entregó el 60 por ciento del territorio nacional para la explotación minera desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) al de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Se generaron muchos conflictos durante todo este periodo neoliberal y todavía hay problemas que heredamos de confrontación en minas. Tenemos todavía diferencias en la histórica mina de Cananea, en Taxco, en estas minas de Guerrero y estamos conciliando, buscando acuerdos en todos lados: Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero, inclusive Oaxaca”, dijo. “Tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que proteger a la población y tenemos también que procurar mantener fuentes de empleo”.

En la zona del “Cinturón Dorado”, concluyó REMA, en cerca de 180 comunidades hay un fuerte proceso de desplazamiento forzado por los efectos relacionados entre la minería y los grupos armados. Se estima son cerca de 16 mil desplazados, así que lo que sucede en Carrizalillo es solo una pequeña expresión de un problema mayor.

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