Van 31 alcaldes y ex alcaldes detenidos este sexenio (nota de Juan Carlos Rodríguez en OEM-Informex)

Los municipios afectados suman 1.1 millones de habitantes y manejaron un presupuesto de más de 6 mil millones de pesos en 2025

Juan Carlos Rodríguez / OEM-Informex

Gobernaban municipios pequeños, con aparente poca relevancia, y la mayoría de ellos despachaba en estados del centro y sur del país. El delito más frecuente que cometieron fue la extorsión y solían contar con el apoyo de bandas del crimen organizado.

Ese es, a grandes rasgos, el perfil que más encaja entre los presidentes municipales que han sido detenidos en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Manejaban presupuestos modestos y la población de sus demarcaciones ronda los 35 mil habitantes, en promedio. No obstante, están ubicados en corredores carreteros, fronteras y rutas de migración, con economías extractivas o agroindustriales y zonas sometidas a disputas entre grupos delictivos.

El Sol de México contabilizó al menos 31 alcaldes y exalcaldes detenidos desde el 1 de octubre a la fecha, de los cuales 23 estaban en funciones. En cuanto a la afiliación partidista de quienes estaban gobernando al momento de su aprehensión, 12 pertenecen a la coalición Morena-Verde-PT, seis a la alianza PAN-PRI-PRD y cinco a Movimiento Ciudadano.  

El poder de los 31

En conjunto, los 31 alcaldes que hoy están tras las rejas gobernaban a una población total de un millón 105 mil 702 habitantes, lo que representa 0.85 por ciento de la población total del país, que actualmente es de 130.9 millones de personas.

La mitad de los ayuntamientos afectados por la captura de su presidente municipal tienen menos de 20 mil habitantes, por lo que se trata de localidades rurales o semiurbanas.

Tal es el caso de Esperanza, Puebla (14 mil 766 habitantes), cuyo alcalde, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido el pasado 7 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el alcalde forma parte de una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, secuestro y extorsión en la carretera Puebla-Veracruz.

En 23 cateos se aseguraron armas largas, vehículos blindados, inhibidores y mercancía robada. La investigación también relaciona la estructura con la posible cooptación de autoridades locales.

Un día después, la dependencia explicó que la red tenía como actividad el robo de transporte, asaltos, extorsión y secuestro en carreteras federales

Y aquí aparece Tepeyahualco, Puebla, (19 mil 200 habitantes), cuyo alcalde, Said de Jesús Godos, fue detenido tres días antes por secuestro exprés, robo de vehículo con violencia y extorsión. La propia SSPC colocó ambas detenciones dentro de la misma ofensiva contra las estructuras que operan en ese corredor.

Ciudades en manos equivocadas

El estado de Puebla, gobernado por el morenista Alejandro Armenta Mier, es la entidad con más alcaldes detenidos en lo que va de la gestión de Sheinbaum. 

Además de los dos mencionados, también está Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Chalchicomula de Sesma (47 mil 410 habitantes), acusado de posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, asociación delictuosa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Le siguen sus hermanos Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca (31 mil 639 habitantes), a quien se acusa de encubrimiento por recepción de mercancía robada y abuso de autoridad, y Ramiro González Vieyra, de San Nicolás Buenos Aires (10 mil 464 habitantes), señalado por delitos contra la salud y cohecho. Los tres ganaron las elecciones bajo los colores de Movimiento Ciudadano.

La lista de poblanos la completan el morenista Gerardo Cortés Caballero, del municipio de Cuautempan (9 mil 837 habitantes), acusado de secuestro, extorsión y delincuencia organizada; y el morenista Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco (14 mil 432 habitantes), imputado por violación.

De los 31 presidentes municipales detenidos en los últimos dos años, siete son de Puebla, cinco del Estado de México, cuatro de Chiapas, cuatro de Oaxaca, tres de Morelos, dos de Hidalgo, dos de Jalisco y uno de Durango Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Solo los primeros cuatro estados concentran 20 casos o 64 por ciento del total de funcionarios aprehendidos.

Si bien los detenidos gobernaban en su mayoría municipios rurales o semiurbanos, hay dos alcaldes que encabezaban ciudades con más de 100 mil habitantes.

Se trata de Jesús Corona (PRI-PAN-PRD), presidente municipal de Cuautla, Morelos (187 mil 118 habitantes), detenido el 30 de mayo pasado, a quien se le imputan los delitos de extorsión y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.  

El otro es el morenista Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (113 mil 570 habitantes), aprehendido el pasado 23 de septiembre, por los delitos de extorsión y protección a una estructura criminal dedicada al narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

El gobierno de Oaxaca reconoció en 2026 una problemática intensa de extorsión y cobro de piso en el Istmo, específicamente en Juchitán. También reportó ataques contra transporte público en la ruta Juchitán-Ixtepec, que provocaron el despliegue de fuerzas federales y estatales.

La Fiscalía estatal describió a Juchitán como un municipio con altos niveles de homicidio, extorsión y narcomenudeo y desplegó una estrategia específica de inteligencia criminal.

Narco y extorsión, los delitos más frecuentes

El delito más frecuente detectado entre los presidentes municipales en activo es delincuencia organizada, ligas con cárteles de la droga o delitos contra la salud, con 12 casos. Le siguen el delito de extorsión (11 casos), mal manejo de recursos públicos (peculado, desvío, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nueve casos) y homicidio (tres casos). Hay alcaldes que acumulan varias de estas modalidades.

Al considerar a los 31 servidores y exservidores públicos, en conjunto han manejado un presupuesto que en 2025 ascendió a seis mil 27.5 millones de pesos. Los alcaldes de Cuautla y Juchitán, al ser ciudades más grandes, ejercían mayores montos: 821.3 y 498.3 millones de pesos, respectivamente.

En cambio, existen demarcaciones con presupuestos más modestos, como el de Santa Maria Ipalapa (21.1 millones de pesos), Kinchil, Yucatán (cuyo edil, el verde Irvin de la Cruz es acusado de tráfico de influencias y posesión irregular de tierras y manejaba una bolsa de 48.1 millones) San Nicolás Buenos Aires (55 millones) y Esperanza, Puebla (65 millones).

De los 31 detenidos, dos alcaldes provienen de Hidalgo, entidad que enfrenta un fuerte combate al huachicoleo. Singuilucan y Tepeji del Río figuran como municipios clave donde las fuerzas de seguridad estatales y federales han concentrado operativos estratégicos durante 2026 debido a la presencia de tomas clandestinas y centros de almacenamiento ilegal.

Singuilucan ha registrado un incremento en el hallazgo de tomas clandestinas, lo que lo ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en robo de combustible. Su expresidente municipal, Marcos Miguel Taboada, del Partido Nueva Alianza, fue detenido el 23 de octubre de 2025 por uso ilícito de atribuciones y el desvíos de más de 100 millones de pesos.

A su vez, Tepeji del Río se mantiene bajo constante vigilancia por parte de las autoridades federales debido a su ubicación estratégica cerca de importantes redes de ductos de Pemex. Forma parte del grupo de municipios en Hidalgo donde el Gabinete de Seguridad ha intervenido activamente para destruir túneles huachicoleros utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburos.

Ahí, el expresidente municipal priista Salvador Jiménez Calzadilla fue detenido el 31 de julio de 2025.

Al sur de México, uno de los casos más notorios es el del alcalde de Frontera Comalapa, Juan Antonio Villatoro Herrera, quien fue aprehendido el 5 de enero de 2025, acusado de corrupción, desaparición forzada, extorsión y homicidio.

Los gobiernos federal y estatal han reconocido que el municipio es escenario de disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas para drogas y migrantes. El Instituto Nacional de Migración ha señalado el corredor que pasa por La Trinitaria, Comitán, San Cristóbal y Tuxtla como estratégico para el tráfico de drogas y personas.

Organizaciones de derechos humanos que estudian la región Sierra-Frontera identifican precisamente a Frontera Comalapa y Bella Vista dentro de un territorio marcado por la disputa de estructuras criminales por mercancías, servicios y personas.

El propio presidente municipal de Bella Vista, Rosember López Roblero, del partido local Chiapas Unido, fue capturado el 30 de enero de 2025 bajo los señalamientos de abuso de autoridad, extorsión y acusaciones de cobros ilegales a familias desplazadas por la violencia.

Caen como abejas

La Operación Enjambre, una estrategia lanzada en noviembre de 2024 por el gabinete de seguridad federal, ha derivado en la captura de una decena de presidentes municipales y más de un centenar de funcionarios menores vinculados con actividades ilícitas.

El operativo es una investigación de seguridad e inteligencia dirigida contra redes de protección institucional al crimen organizado dentro de gobiernos municipales. Comenzó en el Estado de México y posteriormente se extendió a otras entidades. El Gobierno federal la presenta como parte de su estrategia contra la corrupción, la extorsión y la infiltración criminal de las instituciones. 

Entre los alcaldes mexiquenses detenidos están la morenista María Elena Martínez Robles, de Amanalco (23 mil 675 habitantes); el priista Pedro Luis Hernández de Paz, de Santo Tomás de los Plátanos (nueve mil 7290 habitantes), y el morenista Ari Patrick Mendiola Mondragón, de Almoloya de Alquisiras (15 mil 333).

En el estado de Morelos también han caído el panista Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan (25 mil 232 habitantes) e Irving Sánchez Zavala, de Yecapixtla (56b mil 083 habitantes). Ambos son acusados de delincuencia organizada, extorsión y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En Jalisco, la onda expansiva de la Operación Enjambre ha llevado a la captura del emecista José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán (nueve mil 647 habitantes), y del morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila (44 mil 353 habitantes.

El primero es acusado de delincuencia organizada, desaparición forzada y abuso de autoridad; su nombre ha sido mencionado en la investigación ligada al Rancho Izaguirre, predio que supuestamente era un campo de entrenamiento y reclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación.  Al segundo se le acusa de extorsión, corrupción, secuestro y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco.

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