“De nada sirve tener las leyes más avanzadas” si no se aterrizan: Jacaranda Correa sobre el aborto (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

A cinco años de que la SCJN declaró inconstitucional la criminalización absoluta, la periodista señaló deficiencias en los sistemas de salud y justicia, además de obstáculos culturales que dificultan el acceso efectivo a la interrupción del embarazo

Isaac Rosales | Astillero Informa

A cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, persisten obstáculos para que el derecho a decidir se materialice en los servicios de salud y en los sistemas de justicia, señaló la periodista Jacaranda Correa.

Durante una entrevista con Julio Astillero en Astillero Informa, Correa hizo un balance del panorama del aborto en México y sostuvo que el avance legislativo no necesariamente se ha traducido en condiciones efectivas para que las mujeres puedan ejercer sus derechos.

“De nada sirve tener las leyes más avanzadas en muchas cuestiones de género”, afirmó. A su juicio, no basta con contar con un sistema judicial de avanzada si éste no logra “bajar a ras de los hospitales, del sistema de salud y de la sociedad”.

La SCJN resolvió por unanimidad, el 7 de septiembre de 2021, que era inconstitucional criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo, al considerar que esa prohibición vulneraba el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.

Desde entonces, distintos congresos estatales han modificado sus legislaciones. Sin embargo, hasta junio de 2026 el aborto se encontraba despenalizado en 25 entidades federativas, mientras que en otras continuaban vigentes marcos restrictivos.

El sistema de salud, otro obstáculo

Correa señaló que uno de los principales problemas se encuentra en el sector salud, donde, sostuvo, médicos, enfermeras y otros trabajadores enfrentan dudas legales, objeciones de conciencia y problemas relacionados con la atención de mujeres que buscan interrumpir un embarazo.

“El sistema de salud no está respondiendo a las legislaciones para acompañar a las mujeres en temas de derecho a decidir sobre su cuerpo y abortar por múltiples razones”, afirmó.

La periodista también mencionó cifras que, según explicó, fueron recopiladas por organizaciones a partir de registros penitenciarios. Señaló que entre enero y el periodo revisado de 2026 había 97 personas privadas de la libertad por el delito de aborto: 91 hombres y seis mujeres. Precisó que esas cifras no significan necesariamente que las seis mujeres hayan sido encarceladas por abortar, pues algunas estarían acusadas de participar o ayudar en interrupciones del embarazo.

En ese sentido, Correa puso énfasis en la situación de quienes acompañan o practican estos procedimientos y enfrentan procesos penales, particularmente dentro del sistema de salud.

“De nada sirve que la ley en el papel deje de castigar si primero el sistema de salud no está preparado”, sostuvo.

Leyes de avanzada que no llegan a la realidad

Para Correa, las dificultades no se limitan a los hospitales. También existen deficiencias en la capacitación de fiscalías y ministerios públicos y obstáculos culturales que impiden que los cambios jurídicos se traduzcan en una atención efectiva.

“Las fiscalías ni los ministerios están preparados. O sea, hay algo ahí que no está funcionando al 100% y se queda, ¿no?, en el papel y se quedan en leyes que son de avanzada, pero nomás no logran cerrar la pinza”, afirmó.

La periodista consideró que el reto consiste en llevar las reformas a los sistemas de justicia y salud, además de generar cambios culturales y educativos que permitan que las medidas adoptadas tengan una aplicación efectiva.

“Creo que el tema es todavía, como en muchas otras leyes, tratar de aterrizar todas las legislaciones en materia de género y realmente hacer un acompañamiento […] a nivel cultural, a nivel de las escuelas”, señaló.

Así, cinco años después de la resolución histórica de la SCJN, Correa planteó que el desafío ya no se encuentra únicamente en el reconocimiento jurídico del derecho a decidir, sino en garantizar que éste pueda ejercerse efectivamente en hospitales, instituciones de justicia y en la sociedad.