José Reyes Doria | @jos_redo
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó por fin su iniciativa de reforma electoral. El forcejeo fue intenso. Esta acción política ha generado una serie de interpretaciones diversas, contradictorias, ingenuas y hasta disparatadas, en lo relativo al contenido de la iniciativa, la postura de los partidos aliados del régimen, el grado de necesidad de la reforma, los términos del discurso impulsado desde Palacio Nacional, entre otros aspectos.
LOS PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA
Como anticipó la Presidenta, los puntos clave de la reforma son: reducir el costo de las elecciones, disminuyendo en un 25 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos y los gastos del INE; eliminar la representación proporcional en el Senado, donde desaparecerían las 32 senadurías plurinominales; modificar la forma de asignación de las 200 diputaciones federales de representación proporcional para quitar control a las dirigencias de los partidos políticos; fortalecer la fiscalización de los partidos y candidatos; así como otras medidas de menor trascendencia.
¿POR QUÉ EL RÉGIMEN QUIERE O NECESITA ESTA REFORMA?
Esta cuestión es la más interesante. Porque generalmente, las reformas electorales las impulsa la oposición. Los gobiernos no suelen impulsarlas, porque llegaron al poder con base en las reglas, instituciones y acuerdos vigentes: para qué cambiarlos. La premisa cobra mayor fuerza si se considera la correlación política de fuerzas existente en México. En efecto, el régimen goza de un posicionamiento político envidiable: tiene mayoría calificada en el Congreso; gobierna 24 de los 32 estados; reformó el Poder Judicial que ahora es más cercano al régimen; desaparecieron los órganos autónomos en materia de transparencia y control; el INE y el Tribunal Electoral ahora están integrados por consejeros y magistrados favorables al régimen; entre otros factores.
Además, partido gobernante, Morena, encabeza abrumadoramente las preferencias electorales en todos los estados, excepto Aguascalientes y Querétaro, de cara a las elecciones intermedias de 2027; y por si todo esto fuera poco, la Presidenta goza de una popularidad que ronda el 80 por ciento de la gente.
Entonces: ¿para qué cambiar las reglas del juego político-electoral en este momento? Las respuestas que se han dado a esta cuestión son muchas y muy diferentes. En un extremo, hay quienes interpretan ese intento de reforma como la intención del régimen de centralizar hasta lo absoluto el poder y el control del juego del poder, en previsión de un no muy lejano declive del apoyo popular al gobierno y su partido. No creo que esa sea la intención, o al menos no solo eso.
En otro extremo, analistas afines al régimen van mucho más allá de lo que plantea la iniciativa, tratando de encontrarle virtudes superlativas. En este bando, se afirma que la reforma es para empoderar al pueblo, establecer una democracia popular, reasignar recursos públicos al pueblo quitándoselo a las mafias malvadas de los partidos y el INE, etcétera. Tampoco creo que solo sea ese el motivo.
¿POR QUÉ PRESENTAR LA INICIATIVA SI NO SE APROBARÁ?
La iniciativa de la Presidenta no se aprobará en la Cámara de Diputados. Se necesita mayoría calificada de dos terceras partes, la cual solo se logra sumando los votos de Morena, PT y PVEM. Pero estos aliados ya afirmaron que votarán en contra. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya acepto esta realidad.
La Presidenta afirma que, pese a esas tendencias, presenta la iniciativa para que en el debate parlamentario se exhiban quienes están en contra de la reforma, es decir, según ella, en contra del pueblo. Pero no dice más, es decir, no verbaliza la idea de que en el régimen hayan decidido poner fin a la alianza con PT y PVEM, lo cual explicaría la rudeza categórica de obligarlos a exhibir públicamente su desacuerdo con un mandato del pueblo.
En esta idea, el régimen consideraría que esa alianza sale muy cara en términos de concesiones de diputaciones, senadurías, gubernaturas, presupuestos, prerrogativas, candidaturas y demás privilegios.
¿POR QUÉ PT Y PVEM RECHAZAN LA REFORMA?
Porque perderían control de sus partidos, perderían presupuesto y prerrogativas, factores que los debilitarían al grado de ser desechables para el régimen, hasta el escenario muy probable de perder su registro.
¿CÓMO ENTERRAR LA ALIANZA CON PT Y PVEM?
Emplazar a PVEM y PT a votar y argumentar en contra de una reforma muy apreciada por la Presidenta, proporciona el motivo y la justificación para la ruptura decidida desde el régimen.
En esta versión, deben considerarse los escenarios de futuras votaciones cruciales en el Congreso, así como la estrategia para las elecciones de 2027, que renovará la Cámara de Diputados, y donde el régimen querrá conservar la mayoría calificada o al menos la mayoría absoluta. De igual forma, el régimen y Morena pretenderán ganar las 17 gubernaturas en juego. El régimen cree que puede lograrlo sin PT y PVEM. Además, podrían buscar alianzas menos onerosas con uno o dos de los partidos que obtendrán su registro.
La ruptura con PT y PVEM tendría efectos inmediatos en el Congreso: estos partidos ya no apoyarían las reformas que interesan al régimen. Es probable que el régimen considere que no hay problema con eso, pues ya sacaron las reformas constitucionales que necesitaba el Proyecto; podrían esperar a recuperar la mayoría calificada con nuevos aliados en 2027. En cuanto a las reformas a las leyes secundarias, Morena cuenta con la mayoría absoluta para lograrlo por sí sola, no necesita a nadie más, incluyendo la estratégica aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
¿POR QUÉ LA PRESIDENTA SATANIZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A SUS DIRIGENCIAS?
Los políticos y sus dirigencias no son los personajes más populares en cualquier país. Al contrario, son los actores más cuestionados y repudiados socialmente, por buenas y malas razones. En cierto modo, esa es la función de partidos y dirigentes: canalizar y recibir el descontento social.
Dicho lo anterior, llama la atención que uno de los argumentos de la iniciativa de reforma electoral, sea que se le deben quitar a las dirigencias de los partidos los controles sobre las listas de candidatos a diputaciones y senadurías. Por un lado, hay que decir que los partidos políticos son el vehículo universalmente aceptado para canalizar las candidaturas y la participación electoral. No se ha inventado otro instrumento para ordenar el legítimo interés de las personas y grupos de participar en la lucha por el poder.
En esta dinámica, las dirigencias partidistas usufructúan sus posiciones de forma cuestionable y deshonesta muchas veces en el reparto de candidaturas de representación proporcional (pero también en las candidaturas de mayoría relativa). Podría decirse que es un mal necesario para el sistema de partidos, y cabría recordar que, pese a la discrecionalidad reprobable de las dirigencias, en las listas de representación proporcional han llegado al Senado o a la Cámara de Diputados personajes de gran calidad y estatura, de todos los colores, que de otra forma no habrían podido llegar.
Es interesante que esta idea de reducir esos privilegios de las dirigencias partidistas provenga de un régimen sustentado políticamente en un partido cada vez más hegemónico. Es decir, en el partido gobernante, con tanta fuerza y poder, también se da ese fenómeno de que las dirigencias tengan mano en nombrar candidatos; de hecho, ese poder es aún mayor porque se trata del partido super mayoritario.
UN MAL NECESARIO
Por último, en el tema de los vicios de las dirigencias políticas, los más viejos de la comarca decían, no sin cierta dosis de cinismo, que: “solo hay algo peor que un político profesional, y es un político no profesional” (Trumps, Bolsonaros, Mileies, Bukeles, Salinas Pliegos).
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