
Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, asegura que el congelamiento de recursos no afecta la cooperación para temas sensibles de la agenda de seguridad, pero alerta que la imposición de aranceles sí puede hacer que colapse la colaboración
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
Al menos 109.7 millones de dólares provenientes de agencias y dependencias del gobierno de Estados Unidos, cuya finalidad es combatir el tráfico de drogas, fortalecer el Estado de derecho y mejorar la seguridad en México, quedarán congelados hasta nuevo aviso, luego de que el presidente Donald Trump ordenara suspender temporalmente el envío de ayuda internacional.
Para el año fiscal 2025, el gobierno del presidente Joe Biden había solicitado el año pasado al Congreso una partida por 109.7 millones de dólares para México, de los cuales 54 millones corresponden al Fondo de Apoyo Económico y otros 53 millones para el control de narcóticos y aplicación de la ley.
Los 109.7 millones de dólares representaban un aumento de 5.1 millones (4.9%) respecto de los 104.6 millones autorizados en el ejercicio fiscal de 2023.
Hasta el pasado 14 de enero, el paquete de asignaciones estaba pendiente de aprobación en el Congreso y se espera que las partidas presupuestales no sean aprobadas hasta que la administración Trump determine si se ajustan a “los intereses del presidente”.
De acuerdo con fuentes legislativas en Washington, el Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés) busca “promover intereses políticos, económicos o de seguridad especiales para Estados Unidos”. Después de Colombia (144 millones de dólares), México es el país de América Latina y el Caribe que más recursos tenía proyectado recibir en 2025 por este concepto.
En tanto, los recursos para el Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) tienen el propósito de “financiar programas antidrogas, esfuerzos de aplicación de la ley civil y proyectos destinados a fortalecer las instituciones judiciales”.
En este renglón, Haití (169 millones de dólares) y Colombia (135 millones) son los países de la región que más recursos contemplaban recibir. Se estima que en un lapso de tres meses la Casa Blanca tomará una decisión y hasta entonces se sabrán los cambios a las partidas internacionales.
Para el analista Raúl Benítez Manaut, catedrático del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el congelamiento de ayudas de Estados Unidos hacia México no afectará la capacidad de movilización y operación de las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque sí se reflejará en transferencia de material, equipo y hasta entrenamiento de efectivos nacionales en escuelas estadounidenses.
“Considero que la decisión del presidente Trump afectará adquisición de material y equipo, pero no el intercambio de inteligencia e información, porque si así fuera los narcotraficantes estarían felices”, opinó.

Benítez Manaut consideró que lo que podría poner en riesgo la colaboración entre ambos países para temas de seguridad y tráfico de drogas es la imposición de aranceles.
“Si se concreta la amenaza de los aranceles, entonces va a haber una respuesta más enérgica del gobierno mexicano, lo que podría llegar a enfriar toda la cooperación bilateral, incluida la colaboración en materia de inteligencia y seguridad. En ese escenario salen perdiendo los dos países”, agregó.
El pasado fin de semana, la administración Trump ordenó una pausa en casi toda la ayuda exterior para el desarrollo, a la espera de una revisión para determinar qué se ajusta a la política de “Estados Unidos primero”. Los únicos flujos que se mantienen son los destinados a Ucrania e Israel.

Organizaciones sociales e instituciones que defienden los derechos humanos advierten que este congelamiento de fondos pondrá en riesgo innumerables vidas en todo el mundo y frenará proyectos económicos, de seguridad, justicia y combate al crimen.
Además de los recursos estipulados en el paquete de ayudas internacionales para América Latina, de los cuales 109.7 millones de dólares estaban etiquetados para México, los legisladores estadounidenses se disponían a aprobar también dos partidas (una por 175 millones de dólares y otra por 170 millones) que buscan reducir el tráfico de fentanilo a nivel global.
Por ser destino de los precursores químicos provenientes de China, además de ser un centro de producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos, se esperaría que el gobierno mexicano reciba un porcentaje adicional de fondos.
Sin embargo, los recursos contra el fentanilo no son incondicionales. El proyecto de Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Relacionados 2025 refiere que “ninguno de los fondos asignados puede ponerse a disposición para la asistencia a México hasta que el secretario de Estado certifique que Estados Unidos y México han celebrado un acuerdo para equilibrar el déficit de entregas de agua a Estados Unidos por parte de México de conformidad con un tratado de utilización del agua de 1944”.
El proyecto de ley también requeriría que el Departamento de Estado retenga el 30% de la asistencia internacional México “hasta que el secretario de Estado certifique que el gobierno mexicano ha tomado medidas en los últimos 12 meses para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, apoyar operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, respetar las solicitudes de extradición de Estados Unidos y aumentar la participación antinarcóticos a nivel federal y estatal”.
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