Operación Halcón: el quiebre de la lucha antidrogas por la intervención de EU y la corrupción en México (nota de Ariadna Lobo en OEM-Informex)

Documentos desclasificados del gobierno estadounidense dan cuenta de cómo una colaboración en 1991 contra el narcotráfico terminó en una masacre en Veracruz

Ariadna Lobo | OEM-Informex

A principios de 1990, México y Estados Unidos tuvieron la urgencia de detener los aviones cargados de cocaína que usaban los cárteles mexicanos y sudamericanos para enviar droga a América del Norte.

Para ese momento, el líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como El Señor de los Cielos, llevaba años enviando la droga que producía Pablo Escobar, en Colombia, a Estados Unidos, por medio de aviones.

El proyecto, llamado Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte u Operación Halcón, tenía como objetivo interceptar los vuelos clandestinos en tierra, justo cuando aterrizaran. Estados Unidos proporcionó el equipo tecnológico, helicópteros, sistemas de comunicación e inteligencia.

México proporcionó a los elementos policiales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues la condición para llevar a cabo el plan era que ningún agente estadounidense operara en tierra para salvaguardar la soberanía nacional.

Sin embargo, los agentes de la DEA tenían permitido operar en el espacio aéreo, ya que ningún elemento mexicano sabía operar los aviones que se utilizaban en los operativos de seguridad.

La Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte tuvo éxito en su primer año, pero el 7 de noviembre de 1991, una masacre perpetrada por militares mexicanos detonó una crisis de confianza y soberanía entre ambos países.

A partir de comunicaciones oficiales, informes de inteligencia y registros diplomáticos, contenidos en archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, se narra cómo la corrupción frenó uno de los mayores esfuerzos de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México.

“La corrupción frenó uno de los mayores esfuerzos de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico en México”

La inversión de Estados Unidos

En febrero de 1990, durante los preparativos de inicio de la Operación Halcón, el gobierno mexicano atravesó por un momento de desesperación.

“Hasta ahora, parece que hemos avanzado poco en el despliegue de dicha fuerza de respuesta. Creemos que los mexicanos se toman muy en serio el esfuerzo de interdicción. Sin embargo, están cada vez más frustrados por la lentitud con la que estamos gestionando la obtención de los recursos necesarios”, escribió la Embajada de EU a Melvyn Levitsky, Subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos Internacionales.

Estados Unidos aseguró que contaba con la infraestructura para echar a andar la Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte, ya que para su implementación se requería uncentro de inteligencia y comando de control; nueve helicópteros para arrancar los operativos, con la intención de proporcionar 20 en total; siete juegos de dispositivos de comunicación segura con un costo de 280 mil dólares y personal técnico para operar el equipo.

Para mayo de 1990, el plan ya era prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. En la Embajada se instaló un sistema de visualización integrada, llamado Joint Visually Integrated Display System (JVIDS) y se creó el Equipo de Análisis Táctico (TAT), que concentraba el procesamiento de datos de los radares en tiempo real para transmitir al equipo mexicano en tierra.

Sin embargo, aunque el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, Almirante Jeremiah, recomendó declarar una “Situación de Emergencia” para acelerar el plan, el Departamento de Defensa de EU tuvo problemas para proporcionar todo lo que prometió, pero logró prestar aviones Cessna Citation II con sensores avanzados, y nueve helicópteros UH-1H “Huey”, para transportar y aterrizar a elementos de la PGR.

Por otro lado, Javier Coello Trejo, subprocurador de la PGR, aceptó que pilotos mexicanos se entrenaran en Estados Unidos y que las labores de mantenimientos se realizaran allá.

Sin embargo, para poder operar de manera rápida, en junio de 1991, la PGR designó siete sitios de reacción distribuidos por todo el país y construyó una instalación de mantenimiento, en Guadalajara, Jalisco, exclusivamente para los helicópteros utilizados en estas misiones. Aunque contaba con 21 mecánicos graduados, aún le faltaban 30 más, ya que se contempló que para 1992, México tuviera 21 helicópteros.

¿Cómo funcionaba la Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte?

El plan Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte estaba dividido en cuatro partes: detección, seguimiento, coordinación y respuesta.

El TAT, que se encontraba en la Embajada de EU en México, recibía información de inteligencia y la procesaba para que el gobierno mexicano enviara aviones de rastreo, piloteados por agentes estadounidenses. En esta etapa se delineaban los sitios ilegales de aterrizaje de las aeronaves que presuntamente transportaban drogas.

Los narcotraficantes utilizaban la ruta del Pacífico y preferían los aviones bimotores de alto rendimiento, como el Gulfstream Turbocommander, el Beechcraft Super King Air o modelos como el Cessna y Piper. Con esta información, el servicio de inteligencia estadounidenses podía detectar entre 20 y 22 vuelos mensuales con destino a México o Centroamérica, relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con los archivos desclasificados.

Una vez que el sitio era identificado, se enviaban helicópteros con elementos de la PGR para interceptar a narcotraficantes justo cuando aterrizaban en las pistas. Allí, comenzaba la operación terrestre y los policías realizaban los arrestos e incautaciones.

El encargado de realizar la coordinación con Estados Unidos fue Jorge Carrillo Olea, Coordinador General para la Atención y Lucha Contra el Narcotráfico de la PGR y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en 1988. Era identificado por los agentes estadounidenses como “Zar Antidrogas Mexicano”.

La coordinación debía ser discreta. Los aviones Cessna Citation II, que proporcionaban datos de radar y seguimiento a los helicópteros, eran operados por agentes del Servicio de Aduanas de EU y, aunque no tenían libertad para utilizar el espacio aéreo mexicano, sí eran clave durante los operativos, por lo que el Congreso de la Unión sólo sabía de la existencia de la estrategia, pero no tenía conocimiento detallado.

Los primeros golpes al crimen organizado

De acuerdo con los informes, la droga provenía de Colombia y la ruta de tráfico pasaba por el Pacífico, por lo que, tras este operativo, los traficantes comenzaron a cambiar sus rutas hacia el sur de México y Guatemala.

De acuerdo con los documentos, los traficantes comenzaron a utilizar las vías marítimas para el tráfico de drogas, lo que ocasionó el hundimiento de un buque Nordcapp con 15 toneladas de cocaína.

“Los narcotraficantes seguirán adaptando sus métodos operativos y modos de transporte en respuesta a las capacidades reales y percibidas de las fuerzas del orden. Creemos que el uso de México y Centroamérica probablemente seguirá desempeñando un papel importante en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos en el futuro previsible”, destacó el Mayor General Guy A. LaBoa, director de Operaciones del Comando de las Fuerzas del Ejército de Estados Unidos, en un informe sobre la evaluación interagencial de la Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte.

Los informes también señalan que hubo un incremento notable en la tasa de arrestos y que el aseguramiento de aviones del narcotráfico representó un golpe significativo para las organizaciones criminales, ya que éstos eran difíciles de reemplazar.

La Comisionada de Aduanas de Estados Unidos, Carol Hallett, destacó el golpe al crimen organizado en las comunicaciones con la Embajada y el subsecretario, Melvyn Levitsky, utilizó estas cifras para validar la eficacia de la Operación Halcón ante el Departamento de Defensa.

“Cuando los traficantes comenzaron a sufrir pérdidas ante los equipos de NBRF/Halcón en el norte de México, esto los obligó a mover sus operaciones hacia el sur”, enfatizó Levitsky.

Pese a los éxitos, México continuaba siendo el conducto principal para traficar cocaína, por lo que la Operación Halcón tomó mayor relevancia para Estados Unidos.

El Llano de La Víbora: la corrupción fue el punto de quiebre

El 7 de noviembre de 1991, una avioneta Cessna XA-LAN, proveniente de Colombia, aterrizó en una pista clandestina en el llano “La Víbora”, de Tlalixcoyan, Veracruz. Detrás de ella, aterrizó un avión King-Air, matrícula N68KA, con 10 elementos adscritos a la Operación Halcón.

De inmediato descendieron los agentes de la Policía Judicial Federal, Roberto Javier Olivo Trinker, Juan José Arteaga Pérez, Ernesto Medina Salazar, Oscar Hernández Sánchez, Miguel Márquez Santiago, Francisco Zuviri Morales, Abel Angel Acosta Pedroza y el comandante Eduardo Salazar Carrillo.

Era una operación como cualquier otra. Sin embargo, elementos del Ejército Mexicano que se encontraban ocultos comenzaron a disparar. Entre la confusión y las balas, los agentes de la PGR se identificaron, pero el ataque no paró. Los siete agentes fueron asesinados por el 13o. Batallón de Infantería.

Lo que ellos no sabían era que un avión, piloteado por agentes estadounidenses, sobrevolaba la zona. Un Cessna Citation II documentó lo que había sucedido esa madrugada.

Mientras el gobierno de México impulsaba su versión oficial como un “trágico accidente”, Robert Bonner, administrador de la DEA, le dijo al embajador John Negroponte: “La reacción inicial del gobierno de México de que esto fue un ‘accidente trágico’ no se sostiene”.

El embajador Negroponte solicitó un informe a la DEA con las pruebas que el Cessna Citation II había registrado. Mientras tanto, el 16 de noviembre de 1991, el General Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que iniciara una investigación sobre los hechos.

La Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte entró en una etapa de receso. Para Bonner, la masacre del Llano de la Víbora era una oportunidad para que México demostrara su compromiso con el combate a la corrupción de los generales del Ejército.

“Manifesté que consideraba este incidente como un punto de inflexión crucial para el GUM en cuanto a su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y su determinación de erradicar a los funcionarios corruptos, incluso a los generales del Ejército, que colaboran con los narcotraficantes”, informó Bonner, de acuerdo con un cable de los archivos desclasificados.

John Negroponte entregó el informe al titular de la CNDH, Jorge Carpizo McGregor, con la documentación de la aeronave, junto con información sobre la colusión entre el crimen organizado y el General de División, el Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Morán Acevedo.

De acuerdo con la Recomendación 126/1991 de la CNDH, Morán Acevedo sí sabía de la presencia de agentes de la PGR en el lugar, pero decidió no dar la orden para que el batallón dejara de disparar. Ese día, el general recibió tres llamadas para parar el ataque, posteriormente, acudió a la zona de aterrizaje con personal militar de refuerzo. En ese momento, los disparos se intensificaron.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por la DEA, cuando Alfredo Morán Acevedo llegó al lugar, los agentes continuaban con vida. El Batallón de Infantería rodeó a los siete elementos de la PGR y en ese momento se detuvieron los disparos.

“La muerte de los siete Agentes de la Policía Judicial Federal ocurre en el operativo envolvente o de flanqueo que ordenó el General Morán Acevedo entre las 08:00 horas y las 09:00 horas, aproximadamente, cuando se reporta el cese de las hostilidades”, indica la recomendación de la CNDH.

Los hechos destaparon la protección que el Ejército le daba a narcotraficantes, pero también reveló la participación de agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad en México y abrió un intenso debate sobre la vulneración de la soberanía nacional.

Uno de los documentos dice que lo ocurrido en Veracruz despertó en principio el nacionalismo en la prensa y en el Congreso en México debido a que daba la impresión que Estados Unidos realizaba operaciones en territorio mexicano por cuenta propia. Sin embargo, ese mismo informe dice que para enero de 1992 el tema ya no se hablaba en los medios de comunicación.

La Operación Halcón no volvió. Los documentos internos de la DEA y el Departamento de Defensa revelan una profunda desconfianza a los altos mandos militares mexicanos y sobre la veracidad de las versiones oficiales del gobierno de México ante la corrupción militar.

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