Tanto el presidente López Obrador como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum han dicho, al referirse a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, que no hay una sentencia que confirme que este personaje sea un violador o un abusador sexual. Lo cual es verdad. Pero lo mismo puede decirse de Mario Marín, ex gobernador de Puebla. No hay una sentencia que lo haya condenado ni por tortura ni por pertenecer a una red de pedófilos. No obstante, tanto Macedonio como Marín son, bajo muchos parámetros, personajes impresentables.
Sin embargo, hay un sector en Morena que está en contra de la candidatura de Macedonio, voces que insisten en que sería vergonzoso que una persona con esos antecedentes pudiera ser gobernador (algunos lo dicen porque realmente lo creen, y otros simplemente lo dicen porque son partidarios del desbancado hermano de Irma Eréndira Sandoval). Un gobierno de Macedonio sería algo así como el imperio de Calígula en un Estado infestado por el crimen, la injusticia, la pobreza y la desigualdad. Pero al parecer la cúpula morenista está ya decidida a “apoyarlo”.
Aún cuando no haya sentencia contra el “Gober Precioso”, este caso revela una red de complicidades y encubrimientos. Lo que nadie puede controvertir son los hechos: en diciembre de 2005 la periodista Lydia Cacho fue ilegalmente detenida en Quintana Roo por agentes de Puebla y llevada por carretera en un trayecto de al menos 20 horas. ¿Cómo así? ¿Cómo puede llegar un vehículo tripulado por hombres con cara de pocos amigos, “aprehender” a una mujer en Cancún tan fácilmente, y transportarla sin contratiempos desde allá hasta Puebla, como si no existieran policías en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Puebla? Solo con la complicidad de muchas personas. La orden del gobernador de Puebla habría sido un salvoconducto para que los felones transportaran a Lydia Cacho desde Quintana Roo sin que nadie preguntara ni dijera ni hiciera nada.
Tampoco puede controvertirse que Mario Marín dio la orden ni que Lydia Cacho fue en efecto torturada. Marín y Kamel Nacif lo presumieron en la llamada telefónica que la opinión pública conoció en febrero de 2006, y a partir de la cual el gobernador de Puebla se hizo mundialmente famoso como el “Gober Precioso”. No es invento de nadie. En esa llamada queda claro que el Gober ordenó la detención y que en el trayecto Lydia Cacho fue torturada, molestada y violentada. Es más, sabemos por la llamada que, una vez en prisión, Cacho fue “encomendada” a las “tortilleras” (mote peyorativo, discriminatorio y lleno de prejuicios que gente baja usa para referirse a mujeres que sienten atracción erótica hacia mujeres) para que la siguieran molestando y violentando.
Vaya, si estaban la mar de orgullosos y contentos Marín y Nacif. Que nadie nos venga a decir que el “Gober Precioso” es inocente, si él mismo se jactó de no serlo (es el “héroe” de esta película), y si bien en el mundo del derecho esa llamada no puede considerarse probatoria, en el mundo real demuestra: a) que sí existió tortura contra Lydia Cacho; b) que la tortura fue acordada por Marín y Nacif; y c) que la tortura fue ordenada por Marín. No es necesaria una sentencia para tener la certeza de que alguien es responsable de un delito. Claro, una sentencia condenatoria es indispensable para aplicar la sanción normativa, eso sí.
Pero la red de complicidades y encubrimientos no termina ahí. Recordemos por qué Marín y Nacif querían escarmentar a Cacho: por el libro Los demonios del Edén, en el cual la periodista y escritora denunciaba una red de pedofilia en la que participaban empresarios y funcionarios públicos del más alto nivel. Como Nacif estaba mencionado, pidió a su amigo el “Gober Precioso” –al parecer también mencionado– que castigara a Cacho. O sea, el asunto era muy delicado. Lo sensato hubiera sido que Marín hubiera renunciado, como lo exigieron el PAN y el PRD. Pero al parecer en este país existe un “mandamiento” meta-constitucional que dice: “no renunciarás a tu cargo público, aunque todo el mundo sepa que eres un incompetente y un sinvergüenza.” Marín se aferró al cargo y su partido, el PRI, lo respaldó.
Contra Marín se intentaron otras acciones, pero ninguna funcionó. Se le quiso destituir, vía juicio político, pero los priístas en el Congreso cerraron filas en torno a él, lo protegieron y lo encubrieron. Es como si los priístas hubieran dicho: “el Gober Precioso podrá ser un ofensor sexual y un torturador, pero es nuestro ofensor sexual y nuestro torturador, así que déjenlo en paz.” No es invento mío. Ahí está la relatoría de este caso que publicó la LIX Legislatura, y usted puede consultarla en internet. Los diputados priístas brindaron toda la protección posible a su “Gober Precioso”. Una vez que esta vía falló, los legisladores del PAN y PRD promovieron que la Suprema Corte, ejerciendo atribuciones del artículo 97 constitucional, investigara el caso. Pero al final el resultado fue el mismo: impunidad.
La Corte resolvió en 2007 que no se trataba de violaciones graves a los derechos humanos y que Lydia Cacho tuvo ocasión de promover otros medios en su defensa, como el amparo. Así que Mario Marín siguió vivito y coleando hasta el final de su mandato en 2011, muy quitado de la pena y con la sensación de que el país entero le había hecho “lo que el viento a Juárez” (o sea, “el país entero y sus instituciones le hicieron el mandado”). Y no olvidemos que la Procuraduría General de la República bajo los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, tampoco hizo gran cosa. Para el sistema, el “Gober Precioso” era un intocable.
Lydia Cacho reprocha hoy a Olga Sánchez Cordero –actual secretaria de Gobernación y en aquel entonces ministra de la Suprema Corte– que la haya traicionado con su voto adverso en la desestimación del caso por parte de la Corte. El argumento de Sánchez Cordero es que lo que le pasó a Cacho no constituye “violaciones graves a los derechos humanos” y que debió, en todo caso, intentar algún otro medio de defensa, como el amparo. Yo le diría a doña Olga que, dadas las circunstancias, eso era un poco difícil: «a ver, señores agentes judiciales de Puebla –podría haber dicho Lydia Cacho a sus captores en ese vehículo en el que iba privada de su libertad–: ustedes están violando mis derechos humanos, así que por favor sean razonables y hagan parada en el juzgado o tribunal federal más cercano, que debe haber muchos en el camino, para que pueda yo interponer un amparo en contra de ustedes y del gobernador Marín.» ¡Por favor! Parece como si Sánchez Cordero dijera: «Cálmate reina, que no es tan grave.» Pero ese “Cálmate reina, no es tan grave” es como un escupitajo en la cara a miles y miles de mujeres que sufren todos los días violaciones a sus derechos, discriminación y violencia sexual.
Y ya para terminar, recordemos que Mario Marín no habría sido gobernador sin el impulso de su amigo, Manuel Bartlett. Digámoslo sin ambages: el “Gober Precioso” es gente de Bartlett. ¿No lo cree? Marín fue el secretario de Gobernación de Puebla durante el gobierno de Bartlett. Uno que es gobernador no pone a un desconocido en la secretaría de gobernación estatal, sino al más cercano e incondicional colaborador.
Ojalá se haga justicia. No me queda duda de la participación de Marín en la tortura de Lydia Cacho, aunque esas grabaciones no puedan ser consideradas por ningún tribunal como pruebas. Y si Marín perteneció, fue cómplice o encubrió una red de pedófilos, y además hay pruebas, entonces debería ser procesado y sancionado. Lo que no se vale ni es sano en una democracia es que los simpatizantes de líderes y partidos sólo vean ofensores sexuales y corruptos en los personajes de partidos rivales. No se vale exculpar a los ofensores sexuales propios, es decir, a los de casa, y premiarlos con la gubernatura de un Estado, como es el caso de Félix Salgado Macedonio, ni se vale exculpar a los propios corruptos, pues sería tanto como decir: «Será un ofensor sexual y un corrupto, pero es nuestro ofensor sexual y es nuestro corrupto, así que déjenlo en paz.» Es inaceptable que en una democracia sigan existiendo intocables.
