¿Tiene el presidente derecho de criticar a los jueces? Autor: Venus Rey Jr.

Hace unos días AMLO dijo que exhibiría a los jueces corruptos. Muchos lo criticaron, entre ellos políticos y periodistas, y dijeron que sus palabras constituían un peligro para la independencia y autonomía del Poder Judicial. Pero la verdad es que un presidente tiene derecho de criticar no sólo a los jueces, sino también a los legisladores y, más allá de los funcionarios e instituciones del Estado, un presidente tiene derecho de criticar lo que considere criticable.

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Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, también criticó con dureza al Poder Judicial. Se refirió a un caso sumamente grave de un juez que ordenó la liberación de un peligroso criminal; lo liberó por un error nimio. El caso no hubiera llamado la atención, hechos como este ocurren diario en todo el país, de no ser porque dicho criminal amenazó a los agentes que lo detuvieron de que los mataría una vez que saliera de prisión. El 23 de abril este sujeto fue detenido en Lagos de Moreno. Tres días después, 26 de abril, el sujeto fue liberado por orden del juez Enrique Velázquez Martín. Dos días después, 28 de abril, Juan Carlos Hernández, uno de los policías que participó en la detención, fue asesinado. La Fiscalía de Jalisco sostiene que se trató de la venganza cumplida por el sujeto que dejó libre Velázquez Martín y cuestiona a este juez el hecho de que en un primer momento haya considerado suficientes los elementos de prueba al emitir la orden de captura, y luego, en un segundo momento, esos mismos elementos le parecieran insuficientes a ese mismo juez para vincular a proceso a este peligroso delincuente.

«Me da mucho coraje –expresó el gobernador de Jalisco–, mientras un montón de jueces ineptos y corruptos están muy contentos en sus casas diciendo que están apegados a la ley y los delincuentes en la calle. ¡Ya no! Ya no, aquí tenemos que entrarle todos… El gobierno del Estado y las policías y el ejército, no podemos solos. Si los delincuentes que detenemos todos los días son liberados como si nada por el Poder Judicial, nunca vamos a acabar.»

Tiene razón el gobernador Alfaro. Y es muy sana su crítica. Estoy seguro que el juez Velázquez Martín será más cuidadoso en el siguiente asunto que resuelva, si es que no lo destituyen antes. Por lo pronto, el gobierno de Jalisco señala que la actuación de este juez ha repercutido en el asesinato de un agente. El delincuente que liberó, supuesto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Lagos de Moreno, fue aprehendido por robo de automóvil, pero como había en el expediente un error en el número de serie del vehículo –y a pesar de que existían otros datos en el mismo expediente que corroboraban que se trataba del mismo vehículo, del mismo delincuente y del mismo hecho delictivo–, el juez lo dejó libre; y ya libre, cumplió su amenaza. «No vamos a poder reconstruir la paz y la tranquilidad en este país –dijo Alfaro– mientras siga imperando la corrupción, la ineptitud, la negligencia que hoy tiene secuestrado al Poder Judicial».

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El presidente de la república es un funcionario, no una figura de culto que no pueda ni deba expresarse. Es el jefe del gobierno federal y el jefe del Estado mexicano, pero es sólo un funcionario, muy importante, sí, pero nada más que un funcionario. Es el titular del Poder Ejecutivo de la Unión y está al mismo nivel en la jerarquía constitucional que un diputado, un senador o un ministro de la Suprema Corte. Sin embargo, casi todo mundo cree que el presidente de México es alguien que está por encima de todos. No es así. Tenemos esa impresión porque nuestro sistema republicano tiene un fuerte acento presidencial, emulado del sistema estadunidense. Todos los reflectores iluminan al presidente, y por eso mucha gente se va con una impresión equivocada. Si un legislador critica a otro legislador o al propio presidente no pasa nada; pero si es el presidente quien critica a un legislador, o a un juez, entonces medio México pone el grito en el cielo. ¿Por qué?

Los setenta años de régimen priísta han dejado secuelas difíciles de borrar. Una de ellas es que el presidente, por ser casi un emperador que estaba más allá de todos y que moraba en una Ciudad Prohibida (Los Pinos), no debía mostrar sentimientos, sino ser absolutamente institucional. ¿Cuándo un presidente en la era del PRI se vio obligado a criticar públicamente al Congreso de la Unión o a la Suprema Corte? Muy pocas veces, casi nunca. El presidente tenía el control total de todos los poderes, aún cuando se refiriera al Legislativo como “Honorable Congreso de la Unión”, o “esta Soberanía”. Nunca se vio en la necesidad de criticar públicamente a la Suprema Corte, porque ningún ministro habría osado contradecirlo. Durante los setenta años del PRI, ningún presidente criticó en público a un medio o a un periodista; si un medio o periodista se “pasaba de la raya”, simplemente el medio era clausurado y el periodista vetado, no había necesidad de crítica pública. Pero esto no era una virtud del sistema, sino un terrible defecto.

El presidente, cualquier miembro del Congreso de la Unión y cualquiera de los once ministros de la Suprema Corte, gozan de la misma jerarquía, como he señalado, y en ese sentido son pares. Si un legislador puede criticar al presidente, no veo ninguna razón que impida al presidente criticar a un legislador, a un partido, a un juez o a los poderes Legislativo y Judicial en su conjunto. No es un “ojo por ojo”, sino una sana reciprocidad. También podría criticar a un gobernador, del mismo modo que un gobernador puede criticarlo. La crítica es sana; incluso la crítica ruda –que no es lo mismo que la descalificación infundada y el insulto–.

Se piensa que si el presidente critica, divide. La función principal del presidente no es lograr que todos estén de acuerdo y unidos –“agárrense de las manos, unos a otros conmigo”, como dice la canción–, sino aplicar la ley en la esfera administrativa, lo que propiamente significa gobernar. No hay un solo artículo en la Constitución que le impida manifestarse libremente, ni existe artículo que le prohíba criticar la labor de otros funcionarios, otros poderes o de los organismos constitucionales autónomos.

La semana pasada AMLO dijo en su conferencia mañanera que iba a exhibir a los jueces corruptos. ¿Tiene derecho? Tiene todo el derecho de criticar el desempeño del Poder Judicial, tanto federal como de algún estado, si el caso lo amerita, y de cuestionar la función de los jueces. Si un fallo no le parece, puede expresarlo, nihil obstat, e incluso combatirlo, si le compete. Se vale criticar; lo que no se vale es invadir competencias.

«No se va a permitir la corrupción –dijo AMLO–, vamos a ser respetuosos del Poder Judicial, pero vamos a estar pendientes: si hay jueces que están liberando a presuntos delincuentes, y que antes ni se sabía, pues ahora no, ahora va a haber también un quién es quién en la justicia.»

Los poderes judiciales de los estados y el de la federación han tenido en sus filas –y siguen teniendo, no pequemos de inocentes– a jueces corruptos. El problema es muy grave: las fiscalías aprehenden delincuentes y luego los jueces los dejan libres por cualquier tontería, argumentando que las carpetas de investigación estaban mal integradas. Como dice Alfaro, esto se tiene que terminar. Es verdad que hay garantías del debido proceso que tienen que respetarse, pero también es verdad que muchas veces los jueces, por incompetencia, por corrupción e incluso por amenazas, aprovechan cualquier error para poner en la calle los criminales. Es del todo sano y deseable en un ambiente democrático y plural que la autoridad ejecutiva pueda señalar y criticar a estos jueces. Se ha llegado a un grado de cinismo tal que muchos jueces se aferran a la corrupción y al ser criticados o denunciados, aducen que la independencia del Poder Judicial está siendo amenazada. O sea, invocan la división de poderes para que nadie los moleste ni los critique y puedan hacer de las suyas.

Si de verdad hay una nueva mentalidad, un cambio de régimen, una erradicación de la corrupción, también los jueces deben sumarse. Perpetuar la corrupción cobijándose con la Constitución –un «a mí juez no me vean feo ni me digan nada, porque están violando la división de poderes»– es un acto miserable. Nadie debe permitirlo. Los ciudadanos, incluido el presidente, tienen derecho de señalarlo, de criticarlo y de denunciarlo. El ministro presidente de la Suprema Corte, en concordancia con lo dicho estos días por Alfaro y AMLO, ha manifestado que el Poder Judicial no encubrirá a jueces deshonestos:

«Desde mi llegada a la presidencia de la Corte hace cuatro meses –sostiene Arturo Zaldívar–, dije públicamente que empezaba una política de cero tolerancia, y así ha sido. Hemos estado destituyendo jueces y magistrados cuando es esto procedente. Hemos iniciado un gran número de investigaciones, de procesos de disciplina y particularmente en el estado de Jalisco, que es uno de los Circuitos donde se nos reportaron que se estaban dando problemas de diversa índole.»

Es hora de combatir la corrupción en los poderes judiciales. Si hay jueces que están amenazados por la delincuencia, hay que protegerlos con todo el poder del Estado, como sucedió en Italia durante los años 60, 70 y 80. Pero si se trata de corrupción pura y llana, hay que proceder contra ellos, también con todo el poder del Estado, y llevarlos ante la justicia.

@VenusReyJr

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