Ante los bajos niveles de recaudación fiscal en México, la Alianza por la Justicia Fiscal presentó una propuesta para que las personas de mayores ingresos contribuyan con una mayor proporción de impuestos, sin afectar a la clase media.
Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa
La periodista Viri Ríos publicó en días pasados una columna en El País en la que subraya que el Gobierno mexicano recauda menos impuestos, en proporción al PIB, que las Bahamas. Según datos del Banco Mundial, mientras Bahamas recauda el 16% de su PIB, México se queda en el 13%. Esto refleja la necesidad de implementar una reforma fiscal que garantice ingresos adicionales para cubrir las crecientes demandas del Estado, especialmente en infraestructura y programas sociales.
Hoy en el noticiero matutino, A las 9 con Martha Olivia, estuvo como invitada Ana María Morales, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM y miembro de la Alianza por la Justicia Fiscal, para hablar de la propuesta de reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
De acuerdo con el análisis que realizó junto con Iván Benumea y otros investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, este plan podría incrementar la recaudación en hasta 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
Morales explicó en entrevista que el propósito de esta propuesta es fortalecer el ISR como herramienta de recaudación fiscal de una forma que no afecte a la población con menores recursos. Así, no sólo el impuesto se volvería más justo, sino que aumentaría las arcas para hacer frente a los programas sociales que son clave en la agenda de este gobierno.
Pilares de la propuesta progresiva
Incremento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para altos ingresos
Se plantea que quienes ganan más de 183,000 pesos brutos al mes tengan un aumento gradual de su tasa de ISR, que actualmente es del 35%, y que llegaría al 42.5% (la medida promedio en países de la OCDE) para quienes superen los 376,000 pesos mensuales.
Actualmente, sólo 0.8% de la población está en el tramo más alto de impuestos (ingresos mayores a 183, 000 pesos al mes). Esto implica que quienes actualmente pagan 35% de ISR ganan 28 veces más que el salario promedio en México, mientras que en otros países de la OCDE la tasa máxima aplica a todo aquél que gane más de 5 veces el salario promedio.
Esta propuesta implicaría que quienes ganen más de 14 veces el promedio, empiece a tributar a 35%, y se avance progresivamente hasta llegar al 42.5%.
Eliminación de exenciones y deducciones para altos ingresos
El informe plante que en México es el país de América Latina que más dinero pierde en renuncias recaudatorias (cuando el instituto que recauda impuestos decide dejar de recaudar una cierta parte o baja la tasa, otorgando exenciones para, por ejemplo, impulsar el crecimiento económico). Según sus estudios, estas renuncias benefician sobre todo a los hombres más ricos del país.
Morales y Benumea sugieren que personas con ingresos brutos superiores a 183,000 pesos al mes no puedan acceder a deducciones ni facilidades administrativas. Además, los beneficios fiscales tendrían una cláusula de vencimiento, lo cual limitaría la evasión y elusión fiscal.
Aumento de tasas de ISR sobre ganancias de capital
De acuerdo con Morales, la legislación actual privilegia a quienes presentan ingresos que resultan de rentas de capital (venta o renta de propiedades o acciones), pues tiene tasas específicas mucho menores a las que se aplican a ingresos por salarios u honorarios.
Se propone cuadruplicar las tasas sobre las ganancias de venta de inmuebles y equiparar el impuesto sobre venta de acciones a estándares internacionales. Mientras que en México esta tasa es del 10%, en países como Brasil y Chile llega al 22.5% y 40%, respectivamente.
Impuesto a herencias
Las herencias multimillonarias son un reproductor social de la desigualdad. Por ello, otra de las propuestas que contempla la Alianza es un impuesto a las herencias superiores a ocho millones de pesos, con tasas que partirían del 10% y podrían escalar hasta el 35%. Este tipo de gravamen ya está implementado en más de la mitad de los países de la OCDE.
