Somos Allende, Aguililla, Pantelhó, Matamoros… en un México que duele. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Imagen ilustrativa. Un grupo armado sitió Pantheló, Chiapas, en medio de enfrentamientos entre civiles, policías y militares el 9 de julio. Foto: Óscar Gómez/OEM-Informex.

Por: Ivonne Acuña Murillo

Tal vez no sea recomendable escuchar las noticias mientras desayuno. Sin embargo, forma parte de mi rutina diaria y a veces, más de las que quisiera, debo contener la respiración y pasar el bocado rápidamente para no atragantarme, en especial cuando las lágrimas amenazan con salir. Sabida estoy de la enorme violencia que se ejerce en México en contra de la gente que sufre la desgracia de vivir en zonas donde la delincuencia organizada y no organizada ha sentado sus reales, pero la nota roja no es mi favorita, a pesar de lo cual inevitablemente aparece en algunos de los espacios de comunicación a los que soy asidua.

Así ocurrió la mañana del martes o miércoles pasado, no recuerdo bien, cuando de pronto, en medio de otras noticias, escuché el testimonio de una madre que relataba cómo los habían golpeado brutalmente a ella y a su hijo de 20 años, a quien después habían violado repetidamente además de verterle ácido en los ojos y otras partes del cuerpo. Aunque llevo más de tres décadas siendo una atea convencida no pude evitar repetir en voz baja la frase “por Dios” y preguntarme ¿por qué?

Muchas veces, en los últimos años, me he preguntado por el sentido de tanta crueldad. Lo hice cuando supe, por la radio, que una joven madre había sido asesinada en un microbús por negarse a dar el escaso dinero que llevaba. Ella quedó tendida en el pasillo del vehículo y de su bebé, que llevaba en brazos, no se supo nada. Otra joven madre fue sacada de su casa y asesinada por un grupo de hombres armados frente a sus pequeños hijos. Doloroso me pareció también el caso del padre, quien todos los días llevaba a su hija en bicicleta a la primaria, y que un terrible día la subió a una combi para protegerla de la lluvia que comenzaba a caer. No había más pasajeros y el chofer, que apenas en días anteriores había sido contratado, metió velocidad llevándose a la niña. Ella fue encontrada horas después violada y asesinada. No puedo, o no quiero, imaginar el dolor que semejantes atrocidades provocan en personas que tratan de vivir la vida lo mejor posible, sin hacer daño a nadie.

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Uno tras otro se suceden casos como estos y otros más: asesinatos múltiples, descuartizamientos, cuerpos disueltos en ácido, desapariciones, prostitución y trabajo forzado, intimidaciones, cobro por protección y uso de suelo, feminicidios, violaciones, secuestros, casas, familias y poblaciones arrasadas y un largo etcétera, en el que se combinan acciones del crimen organizado y de delincuentes solitarios, primerizos, ocurrentes, copycats (aquellos que copian el modus operandi de un delincuente o banda de malhechores, por el solo hecho de hacerlo, casi por diversión, o para dirigir la atención de la policía lejos de sí mismos).

En muchos de los casos se ha observado que quien se decide a delinquir, matar, violar, robar, no necesariamente lo hace forzado o forzada por una situación desesperada, sino “porque puede”. Esto es, en México y el mundo existen personas que prefieren morir de hambre antes que robar, lo cual hace cuestionarse ¿qué es lo que lleva a una persona a violar la ley y atentar contra otros y otras cuando en una situación “normal” no lo haría? La respuesta sociológica puede encontrarse en el concepto de “anomia” propuesto por el sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917) en sus obras La división del trabajo social y el Suicidio, según el cual se producen momentos en que la sociedad pierde la fuerza para regular la conducta de sus miembros e integrarlos bajo las mismas creencias y costumbres, lo cual debilita los vínculos sociales y las normas, al punto que dejan de ser observadas por un número determinado de personas.

En el caso concreto de México, esa anomia puede tener como uno de sus factores desencadenantes el enorme grado de impunidad, superior al 95%, que se vive en el país en materia de delitos y castigo de culpables. De esta manera, no sólo quien ya pertenece a una banda del crimen organizado asume que puede delinquir sin que haya consecuencias, sino también quien en solitario se decide a violar la ley. La poca claridad en torno a las normas, lo que está permitido y lo que no, lo que es susceptible de ser castigado y lo que no, lleva a la imposibilidad social -y gubernamental- para contener conductas abiertamente delincuenciales. Este es el sentido que se da aquí a la expresión “porque puede”.

Y ¿quién puede? Podría parecer una pregunta retórica, cuando arriba se ha dicho que prácticamente cualquiera. Sin embargo, no todas las personas en este país están dispuestas a ejercer esa violencia en contra de otras, de tal suerte que el poder brutal que los delincuentes, organizados o no, imponen sobre la gente debe explicarse por el contexto que les lleva a desatender las normas, reglas y valores propios de las diversas comunidades en México sean civiles, militares, económicas, políticas o religiosas.

La inacción, complicidad, ineficiencia y poca eficacia con que actúan las autoridades en el país genera la impunidad que sirve de marco a todos los delitos que se ejecutan en el territorio nacional, salvo, por supuesto, que estos se comentan en contra de las élites cuyos recursos, influencias y visibilidad les colocan en mejor situación para resistir y acceder a la justicia.

Un factor más que puede ayudar a entender el enorme grado de violencia y crueldad que se vive en el país es la desigualdad social que ha provocado un visible debilitamiento de los vínculos sociales que mantienen cohesionada a una sociedad y que lleva a contraponer a unos sujetos contra otros, abriendo así una brecha insalvable en la que miles de personas han dejado de ver al otro, a la otra, como un igual.

En el extremo, ese otro, esa otra puede ser visto como el enemigo a vencer o como alguien sin valor, sin humanidad y de quien se puede abusar como si de una cosa se tratara. Sólo así puede explicarse que grupos del narco asesinen a quien se cruza en su camino, sin conocerle, tan sólo para “calentar la plaza” (acción para obtener la atención de los medios y generar la percepción de que las autoridades no tienen el control del lugar, para presionar al gobierno y obtener ventajas por parte de este, para enviar un mensaje a una banda rival o para generar temor en la población), como ocurrió el pasado sábado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas, en que fueron asesinadas 14 personas, elegidas al azar (adultos mayores, albañiles, empleados de la maquila, taxistas, un joven recolector de basura, familias, un enfermero, el dueño y el cliente de una tienda, entre otros) por los sujetos que a bordo de tres camionetas se aprestaron a matar a quien estuviera en su camino.

Como respuesta, y a diferencia de la costumbre calderonista de culpar a las víctimas, en la Conferencia Mañanera del lunes 21 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la fiscalía general atraería el caso pues “Todo indica que no fue un enfrentamiento entre cárteles, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación” […] Fue un ataque cobarde”.

En este marco, la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de “sustituir balazos por abrazos”, con la convicción de que no debe responderse a la violencia con más violencia y con la intención de no someter a la población a un mayor baño de sangre, como ocurrió en el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el mandatario que además de asaltar la presidencia comenzó una infame y falsa guerra, no permite frenar, en el corto plazo, los ataques más directos en contra de la gente.

Ciertamente, la apuesta presidencial en torno a restituir el tejido social y el rescate de los jóvenes que nutren las bandas del narco y la delincuencia organizada a través de oportunidades para estudiar y trabajar no es descabellada. La falta de futuro, de redes sociales de apoyo y protección, de fuertes lazos familiares, comunitarios y de amistad, así como la inobservancia de normas claras, factores característicos de la anomia, dejan a la gente joven a merced de dichas bandas. Desafortunadamente, volver a unir a la población bajo normas y valores reconocidos y aceptados por todos y todas y restituir el respeto por el otro/la otra es un proceso que puede llevar años, si no es que décadas y en muchos lugares del país la gente no aguanta más.

Poco a poco se va escribiendo la memoria de hechos terribles como el de Allende, Coahuila, el cual puede observarse en la miniserie de Netflix, “Somos”, la historia de una masacre olvidada, estrenada recientemente, que de manera dramatizada muestra lo ocurrido en Allende, Coahuila, del viernes 18 al domingo 20 de octubre de 2011. Tres días de terror en que 42 (de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza) o 300 personas (como se sospecha) fueron brutalmente asesinadas y luego desaparecidas por el Cártel de Los Zetas, comandado por los hermanos Miguel Ángel (Z40) y Omar (Z42) Treviño Morales, en complicidad con las autoridades locales cuya instrucción fue no salir a patrullar ni responder las llamadas de auxilio de la población.

La miniserie se basa en el reportaje de la periodista estadunidense Ginger Thompson, “La historia del asalto mortal a un pueblo mexicano cerca de la frontera con Texas. Y la operación antidrogas estadunidense que lo desencadenó” (12 de junio de 2017), mismo que puede ser consultado en https://www.propublica.org/article/allende-zetas-cartel-masacre-y-la-dea

El caso fue también estudiado por el académico de El Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada y un equipo de investigadores. El informe de dicha investigación se titula En el desamparo y puede ser revisado en https://eneldesamparo.colmex.mx/

La masacre de Allende de 2011 (sexenio de Calderón) es sólo un ejemplo de los muchos vividos a lo largo del territorio nacional. Un caso más reciente es lo que se vive hoy en Aguililla, Michoacán, entidad a cuya cabeza se encuentra aún “el gobernador del banquito verde”, Silvano Aureoles Conejo, el mismo que pretendió presentar al presidente de la República las pruebas de un supuesto fraude electoral, el mismo que el pasado 13 de abril empujó a un profesor a su paso, nada menos que por Aguililla, mientras se encontraba custodiado por sus guaruras y miembros de las fuerzas armadas. “Muy valiente” el mandatario estatal al intimidar a un pequeño grupo de personas desarmadas, no así para enfrentar a las bandas del narco y la delincuencia que asolan a sus gobernados.

El profesor Fernando Padilla estaba acompañado por su hijo menor de edad y algunos otros maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes portaban cartulinas con las leyendas: “Señor gobernador viaja por tierra para que veas la realidad en que vivimos”, “Soy niño no más violencia en Aguililla, Michoacán”, “Señor gobernador deja la corrupción y restablece el orden en nuestro pueblo, queremos carretera libre”, “Quiero ser libre en mi pueblo de Aguililla” (Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal, “Silvano Aureoles empuja en Aguililla a un maestro de la CNTE”, La Jornada, 15 de abril de 2021).

Aguililla es uno de los 113 municipios que forman el estado de Michoacán, se encuentra situado a 290 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia. Limita al este con Apatzingán, que parece ser el siguiente objetivo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado como el tercer grupo delincuencial más peligroso del mundo (solo por debajo de la mafia rusa y las Triadas chinas, a decir de la DEA), que se disputa la plaza de Aguililla con el grupo Carteles Unidos (CU) y cuyo finalidad última es disputar la entidad a la Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Esta reyerta mantiene a la población entre dos fuegos, aislada del resto del estado y en una especie de “burbuja surrealista”, en la que, a la vista del Ejército Mexicano, los dos carteles han instalado retenes, sometido y aislado a la población, incluidos los productores locales que no pueden comercializar sus mercancías sin el permiso de alguno de los grupos delincuenciales armados que azotan su municipio, que interrumpen el servicio eléctrico y usan a los pobladores como escudo humano frente al Ejército y la Guardia Nacional (Pablo Ferri, “Viaje al territorio narco: Aguililla, el pueblo abandonado por el Estado”, El País, 9 de julio de 2021), que muestran abiertamente su armamento (chalecos antibalas, armas de grueso calibre, unidades blindadas, camiones similares a los que utiliza el ejército, drones), organización y rostros a la autoridad federal que busca impedir un derramamiento mayor de sangre. (“Cártel Jalisco Nueva Generación exhibe armamento en Aguililla, Michoacán”, El Financiero, 5 de julio).

Como respuesta, y siguiendo su intención de restituir el tejido social y no responder violencia con más violencia, el presidente López Obrador ha ofrecido a la población de Aguililla un plan especial de bienestar, mientras les pide no responder a las provocaciones (Arturo Páramo, “Habrá plan especial de bienestar para Aguililla: López Obrador”, Excélsior, 9 de julio).

En días recientes se muestra un foco más de preocupación en torno a los ataques que sufre la población civil, esta vez en el municipio de Pantelhó, Chiapas, en donde grupos de sicarios y narcotraficantes han asesinado, intimidado y desplazado a los pobladores, algunos de los cuales han anunciado la formación del grupo de autodefensa denominado “Autodefensas del pueblo ‘El Machete’” (“Nuestra paciencia se acabó”: se conformó un nuevo grupo de autodefensas en Pantelhó, Chiapas”, Infobae, 11 de julio).

No debe perderse de vista tampoco La Bartolina, Matamoros, en Tamaulipas, donde fue encontrada media tonelada de huesos humanos calcinados en lo que se piensa fue un centro de exterminio (Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco, “Cinco años después de descubierto, aceptan existencia de centro de exterminio en Matamoros”, A dónde van los desaparecidos, 12 de julio).

Los anteriores son solo ejemplos de lo que está pasando en el país en materia de inseguridad y violencia. Evidentemente, poca gente en México tiene el panorama completo de lo que se está viviendo, entre ellos el presidente de la República y su gabinete de seguridad, por lo que avanzar hipótesis y vías de solución se vuelve imprudente. Lo que sí puede hacerse es pedir al primer mandatario que considere un giro en la estrategia pues la restitución del tejido social y la salida del estado de anomia en que se encuentra buena parte de la población llevará mucho tiempo.

Urgen soluciones contundentes de corto plazo y para eso el presidente de la República requiere contar con todo el apoyo de la sociedad y que se dejen de lado las mezquindades personales y de grupo si queremos dejar de ser Allende, Aguililla, Pantelhó, Matamoros… en un México que duele.

Ivonne Acuña Murillo.

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.

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