SICT se prestó a intentos de empresarios para despojar a ejidatarios de La Pila: periodista (por Isaac Rosales de Astillero Informa)

3 de abril de 2024.– De acuerdo con el periodista Victoriano Martínez, diversos empresarios desean despojar de sus tierras a ejidatarios de La Pila, en San Luis Potosí, con la ayuda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jorge Nuño.

En una entrevista con Julio Astillero, informó que algunos empresarios quieren convertirse en ejidatarios de La Pila, una zona que está cerca de la zona industrial, para hacer negocios. 

“Desde hace varios años se empezó a dar un esquema en el que empresarios intentan convertirse en ejidatarios de La Pila por medio de su incorporación como ‘avecindados’. El ejido La Pila está junto a la zona industrial de San Luis Potosí, por lo que son tierras muy deseables para muchos negocios”.

En específico, afirmó que que Grupo Meta (consorcio dedicado a la elaboración de cafeteras), quiere apropiarse de 30.26 hectáreas para construir un libramiento que serviría a una planta de BMW. Sin embargo, dicha construcción cruza La Pila.

Desde 2022 Grupo Meta intenta “apropiarse de 30.26 hectáreas para pasar un libramiento que cruzaría el ejido La Pila y que serviría a la planta BMW que se encuentra en la zona industrial”.

En este sentido, manifestó que en ese mismo año una asamblea con diversas irregularidades avaló la venta de dichas hectáreas con el contubernio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por este motivo, varios ejidatarios ya han interpuesto denuncias por corrupción en contra de diferentes funcionarios de esta dependencia. 

“En diciembre de 2022, en una asamblea que también tuvo muchas irregularidades, se autorizó a los comisariados ejidales vender a Grupo Meta esas 30 hectáreas. En esa asamblea, decidieron el precio, que fue de 38 millones de pesos, pero decidieron pagar a más de 500 ejidatarios solo una cantidad como contraprestación por el uso de ese territorio. Quienes se dieron cuenta de la serie de irregularidades –porque no se habían cubierto todos los requisitos para expropiar un terreno como ese–, [descubrieron que] la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se prestó a estas, porque se desconocía de dónde habían salido los 38 millones de pesos para pagar la indemnización a los ejidatarios”.

Sin embargo, los ejidatarios promovieron un amparo para frenar esa venta, además de que presentaron “denuncias de actos de corrupción de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tanto de aquí  como de oficinas centrales”.