31 de marzo de 2023 – Este viernes, el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, habló sobre las irregularidades detectadas y expuestas en el informe anual de 2022 del instituto, y explicó que, si existen faltas graves, sí hay posibilidad de que haya algún tipo de delito, lo que podría llevar a sanciones penales.
“Si existieran faltas graves, que debe el Órgano Interno de Control promover el procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (porque constitucionalmente a ese tribunal le corresponde imponer las faltas graves), también podría existir la posibilidad de que existiera algún tipo de delito, dado que la Ley Penal también señala por actos similares, señala que puede constituir delitos; sí existe la posibilidad”, afirmó en entrevista para Astillero Informa.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se puede señalar que exista algún tipo de ilegalidad manifiesta, pues eso se puede determinar hasta la etapa de las investigaciones, “por lo tanto, el Órgano Interno de Control no puede señalar que exista algún tipo de preocupación para la sociedad al respecto”, indicó.

En cuanto a las declaraciones de Lorenzo Córdova respecto al informe anual, el contralor del INE subrayó que es una práctica que se ha realizado de manera cotidiana por los órganos fiscalizadores, pues aseguró que “la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordena al Órgano Interno de Control rendir informes de resultados y de gestión semestral y anualmente”.
“El carácter preliminar no quita que sean observaciones relevantes y que deban ser conocidas por la opinión pública, por la sociedad, para que tome sus propias consideraciones al respecto y desde luego, en caso de que se solvente se harán del cocimiento también, o en caso de que no se solventen, se iniciarán las investigaciones y los procedimientos responsables que correspondan”, insistió.
Cabe destacar que, el entrevistado por Julio Astillero, también afirmó que la ley es muy clara, y en caso de que existan eventuales responsabilidades, los órganos fiscalizadores deben iniciar las investigaciones correspondientes, o bien, promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en caso de que se trate de faltas graves.
“No existe ningún tipo de excepción para que, una vez dejado el cargo, se deje de investigar; y eventualmente se inicien procedimientos de responsabilidades, la ley lo que señala es que mientras estuvo la actuación del servidor público todas sus actuaciones, todos sus actos, deben ser revisados, y en su caso, investigados y sancionados”, apuntó.
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