Ocupan cargos directivos y gerenciales en la empresa paraestatal o alguna de sus filiales
Alfredo Maza | OEM-Informex
Seis de los 20 servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus filiales o empresas subsidiarias que testificaron ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades detectadas en contratos celebrados con la constructora Odebrecht siguen laborando en la actual administración como altos funcionarios.
Sus declaraciones son parte de los archivos desclasificados por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de un acatamiento a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que el 17 de noviembre de 2021 ordenó transparentar todos los documentos del caso Odebrecht.
Una revisión realizada por El Sol de México a la página de los directorios de la paraestatal publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia permitió detectar que éstos testigos tienen cargos directivos y gerenciales tanto en Pemex como en Pemex Transformación Industrial.
Tal es el caso de José Samuel Sánchez Reyes, subdirector Jurídico de Contratos y Convenios de Pemex, quien ocupa actualmente el mayor puesto de los seis funcionarios en activo y quien compareció ante la PGR el 6 de abril de 2017 por haber sido partícipe dentro del proceso de contratación para la refinería de Tula, Hidalgo, aunque testificó no haber recibido “ninguna instrucción para agilizar el procedimiento ni la revisión” del contrato.
De ahí le siguen funcionarios que trabajan hoy en día dentro de Pemex Transformación Industrial. Estos son Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos Industriales; André Arthur Glorieux González, gerente de Proyecto 1; José Aarón Marrufo Ruiz, gerente de Proyectos 2; Arturo Arregui García, gerente de Proyectos 4; Armando Hiram Hinojosa González, gerente de Administración de Impactos y Normatividad.
Según la información desclasificada, estos rindieron al menos ocho declaraciones como testigos durante el año 2017 debido a que tuvieron una participación, ya sea directa o indirecta, en al menos cuatro de los contratos celebrados para las obras de las refinerías de Tula y Salamanca, así como de la planta Etileno XXI.
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