Para que Javier García Cabeza de Vaca pudiera obtener el control de las fuerzas policiales debió presentar pruebas que justificaran una situación de fuerza mayor.
Alfredo Maza | OEM-Informex.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el decreto por el que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, decidió extender el periodo durante el que tiene el control sobre la policía del municipio de Matamoros.
“En el caso, en el decreto impugnado, el gobernador expresó razones que resultan insuficientes para justificar la ampliación de la temporalidad de la medida, pues no se dio noticia de algún nuevo acontecimiento calificado como situación de fuerza mayor o alteración grave del orden público”, concluyó la Corte.
En efecto, la Constitución de México prevé el traslado de atribuciones originarias desde los municipios a los gobiernos estatales en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Sin embargo, el mismo documento indica que esta decisión debe estar suficientemente motivada y fundada por ser de carácter excepcional y estrictamente temporal.
“De lo contrario, la autoridad podría ampliar periódicamente su temporalidad sin exponer las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, lo que daría lugar a que la facultad se tornara permanente y esto supondría un obstáculo para regresar al esquema constitucional ordinario y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno”, expuso la corte.
En el caso concreto de García Cabeza de Vaca, la Segunda Sala señaló que “no se exponen las razones por las que, a juicio del gobernador, los hechos que originalmente dieron lugar al traslado de atribuciones no han sido superados en el plazo previsto”.
Por ello se determinó invalidar el decreto, aunque especificó que esta medida no tiene el efecto de que el gobierno estatal deba retirar las fuerzas policiales estatales del municipio, sino que deberá coordinarse con el presidente municipal para desarrollar las estrategias que aseguren la continuidad de la seguridad pública.
Esto, incluso, podría darse a través de un nuevo convenio entre ambas autoridades para que el gobierno de Tamaulipas se encargue de la seguridad pública de Matamoros de forma temporal o para que ambas autoridades trabajen de forma coordinada.
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