Con esta discusión, la Corte deberá de resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que el Congreso estableció en el Artículo 19 constitucional desde el 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso.
SinEmbargo.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La discusión sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa terminó por este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aunque ésta continuará el día de mañana 6 de septiembre, se prevé que se mantenga sin cambios en la Constitución, ya que cuatro ministros se han pronunciado contra declaratoria de inconstitucionalidad: Loretta Ortíz, Yasmin Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Juan Luiz González Alcántara.
Esta mañana la SCJN comenzó la discusión sobre si elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa en el país. Con esto, por primera vez, se discute un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos.
En su participación, el Ministro Luis María Aguilar Morales, encargado de elaborar el proyecto de sentencia por esta discusión, consideró que la prisión preventiva forzosa es contraria a los derechos humanos y dañina para el sistema de justicia.
“No es que desaparezca la prisión preventiva […)] sino que sólo sea dictada por un Juez cuando el Ministerio Público justifique las razones para aplicarla”, expresó Aguilar.
También la Ministra Yasmin Esquivel aseguró que no comulga con el proyecto, pues se incumpliría con una norma de la Constitución aunado a que le estarían dando la espalda a las víctimas que demandan justicia.
“En cuanto a este tema, del estudio de fondo de este proyecto, no participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución o -dicho de otro modo- incumplir una norma establecida en ella. […] Ignorar lo que sucede en Michoacán, Tamaulipas, Morelos y en muchas partes de nuestro país sería darle la espalda al sufrimiento y la impotencia de las familias víctimas de homicidios, de feminicidios, de personas desaparecidas y de secuestros. Así como el dolor de todas las personas que día a día se suman a miles que pierden su patrimonio, a veces escaso, y que son sustento de muchas familias. No atender a todas estas víctimas implica no escuchar a la sociedad mexicana que demanda justicia y vivir con tranquilidad”, comentó la Ministra.
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