San Miguel de Aquila: “mi papá es un defensor de la dignidad de su pueblo” (nota de en15dias)

Foto: redes sociales.

La comunidad de San Miguel de Aquila vive, desde hace una década, un asedio por el crimen organizado, por disputas económicas entre grupos de la comunidad y por la violencia en el municipio.


Por: en15dias.com

El domingo 15 de enero el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada, denunciaron organizaciones sociales este martes 17 de enero.

Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50 horas.

“Mi papá es un defensor de los derechos indígenas y defensor de la dignidad de su pueblo de la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila en el municipio de Aquila en Michoacán.

Mi papá tiene, pues prácticamente, toda su vida defendiendo la comunidad indígena nahua que es donde nosotros pertenecemos”, señala en entrevista telefónica para en15dias.com, Keyvan Valencia, hijo de Antonio Díaz Valencia.  

Su padre, representa al grupo mayoritario de la Asamblea indígena, con más de 400 comuneros “a los que mi papá representa y lidera”.

Desde hace unos 10 años empezó un conflicto de intereses económicos dentro de la misma comunidad la comunidad indígena de Aquila; esta es de las pocas comunidades indígenas en el país y la única en el estado que percibe regalías por la explotación minera, que está dentro de su territorio.

Narra que bajo este contexto, los conflictos que que empezaron fue cuando se fracciona la comunidad indígena, “gracias a los intereses económicos de un grupo minoritario que solamente buscaba beneficiarse económicamente”.

Esto empezó hace siete años con el intercambio de regalías entre la Empresa Ternium y la comunidad indígena. Esto origina varios problemas.

“Empiezan a separar las familias, empieza a separarse la comunidad. A raíz de esto el grupo minoritario empieza, pues a tratar de corromper a varias autoridades, a tratar de buscar por todos los medios hacerse ellos con el control económico de la comunidad y es ahí cuando delegan a mi papá”.

Fue una vez presidente municipal de Aquila; lo designan a él como representante del grupo mayoritario para defender los intereses de la comunidad indígena.

La Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila, mantuvo un conflicto, por espacio de 30 años, derivado del pago de regalías por la explotación de hierro en la mina que se encuentra en terrenos del núcleo, lo cual generó que cuatro distintos grupos disputaran la titularidad de la representación comunal, y con ello, evitarán la renovación de sus autoridades como lo mandata la Ley Agraria.

En 2016, fue posible superar las desavenencias existentes y, finalmente, lograr acuerdos de unidad con lo que se restablecía el tejido social en la comunidad.


AMBIENTE TENSO

En cuanto al ambiente en la comunidad, aseguró que el ambiente es muy tenso.

“Hasta el momento de hoy (17 de enero / 22 hrs) no se ha levantado un plantón que hay en el puente que conecta Colima con Michoacán, en la carretera federal está tomado el puente por parte de la comunidad indígena de San Miguel Aquila.

“Había estado tranquilo todo; siempre hay peligro latente. Tú lo sabes por por la región misma, pero había estado tranquilo, dentro de lo que cabe. Ahorita el ambiente es muy tenso; la gente está muy enojada, está muy molesta

Señaló que “el plantón no se va a retirar hasta que no haya la aparición de mi papá y del licenciado con vida”.

El licenciado Ricardo Arturo Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

Ha fundado Asesoría y Defensa Legal del Sureste y tiene una larga trayectoria nacional e internacional en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos.


MINERÍA EN MICHOACÁN

Hasta diciembre del 2017, el total de concesiones mineras vigentes en Michoacán sumaba 780, en un área de 856,619 hectáreas (ha), según el documento “Panorama Minero del Estado de Michoacán”, publicado por la Secretaría de Economía en 2018.

El documento federal, realiza un comparativo y concluye que “mientras el territorio estatal estaba protegido en el 2004 con un 6.01% de su superficie en concesiones mineras tituladas, para el 2012 se incremento a 18.71%”.

En el 2016 se incrementó de modo considerable, al llegar a 23.97% de la cobertura estatal con 1138 concesiones. 

ONU CONDENA DESAPARICIÓN

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ocurrida la noche del domingo 15 de enero, en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.

Asimismo, la ONU-DH hace un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, los defensores se encontraban llevando a cabo actividades relacionadas con su labor de defensa de derechos humanos cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares. Posteriormente, la camioneta en la cual viajaban fue localizada abandonada, con impactos de arma de fuego, cerca de Cerro de Ortega. El paradero de ambos defensores es desconocido.

Ricardo Lagunes es abogado y ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998.

“La desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante. En México defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial, que debe ser protegida. Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida” destacó Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México de la ONU-DH.

“Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición”, agregó.

La ONU-DH recuerda que el Estado mexicano tiene una obligación reforzada para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente.

 El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, tratado de derechos humanos ratificado por el Estado mexicano, establece la obligación de adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar cualquier ataque contras las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Asimismo, recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada estableció, en los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que la búsqueda debe iniciarse sin dilación y que las acciones de búsqueda deben incluir, cuando sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes.

La ONU-DH llama a las autoridades a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para cumplir con su deber de buscar con vida a los defensores Lagunes y Díaz, que asegure una coordinación eficiente entre las instituciones federales y locales y reconozca el derecho de sus familiares a participar en la búsqueda.

 De igual modo, es fundamental llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.

Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad a la familia y personas allegadas de los señores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y reitera su compromiso para trabajar junto con las autoridades y la sociedad civil para construir estrategias que permitan fortalecer las medidas eficaces de prevención, protección y de acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos.

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