Fue trasladado al hospital capitalino y posteriormente llevado de regreso al reclusorio
Alfredo Fuentes | El Sol de México
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, salió está tarde del Reclusorio Norte donde se encuentra preso para acudir a una revisión médica en el Hospital General de Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.
El exfuncionario, que permanece preso en el penal federal desde el pasado 24 de agosto, fue trasladado al hospital capitalino y posteriormente llevado de regreso al reclusorio.
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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al exprucurador, señalado de ser el artífice de la llamada “verdad histórica” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se le realizó una tomografía en el tórax con el propósito de darle seguimiento a su estado de salud.
La dependencia detalló que el traslado de Murillo Karam se dio de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades penitenciarias para revisar su salud debido a que tiene un diagnóstico de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC.
El extitular de la extinta PGR fue detenido sin oponer resistencia el pasado 19 de agosto en su casa en las Lomas de Chapultepec por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina, por su presunta responsabilidad en la obstrucción de justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Posteriormente, el 24 de agosto, fue vinculado a proceso por el hecho mencionado y se le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, pese a que por ley se le podría otorgar la prisión domiciliaria debido a su edad, sin embargo, por tener un alto riesgo de fuga, el juez federal ordenó que permaneciera en el Reclusorio Norte.
Murillo Karam es el exfuncionario de más alto nivel del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto detenido por la desaparición de los jóvenes y de ser encontrado culpable por los tres cargos, podría ser sentenciado de 43 a 82 años de prisión.
