@jos_redo
No me convence la figura de la revocación de mandato porque agrega incertidumbre e inestabilidad al sistema político. Los riesgos son mayores cuando se implementa sin un rediseño institucional, como ocurre en México. Puede generarse una dinámica política de confrontación permanente e ingobernabilidad si ese proceso deriva en la destitución de un Presidente democráticamente electo.
Entiendo la idea que movió al presidente López Obrador a proponer la reforma para la revocación de mandato: a mitad del sexenio hay que preguntarle al pueblo si el Presidente debe continuar hasta el final de su mandato o debe retirarse. Pero la reforma al artículo 35 constitucional se hizo a rajatabla, buscando sobre todo que AMLO cumpliera su promesa de campaña al respecto, por eso se implementó sin adaptar el andamiaje de nuestro sistema político.
Para empezar, sería disfuncional que un Presidente solo estuviera tres años en el poder. Es poco tiempo para acreditar una obra de gobierno consolidada, visible en obras, reformas o transformaciones. Por lo tanto, y ya lo estamos viendo, el Presidente tiene que dedicarse desde el primer día de su sexenio a hacer campaña electoral más que a gobernar.
Esta campaña permanente es letal para la realización de acciones realmente transformadoras, ya que éstas suelen requerir el consenso de las fuerzas políticas y sociales: la confrontación y la polarización incesantes dejan poco margen de maniobra para esto. Ni al gobierno ni a la oposición les interesa el consenso, el estímulo mayor es aplastar al enemigo para ganar la consulta de revocación de mandato.
Si el Presidente pierde la consulta y es destituido, sobreviene un proceso altamente peligroso porque se tendría que nombrar un sustituto que llegaría a la Presidencia no por el voto popular, sino por acuerdos palaciegos entre las cúpulas. La legitimidad del Presidente sustituto sería nula, provocando un vacío de poder legítimo e ingobernabilidad.
Creo que, si se quiere recuperar el espíritu de la idea de que el Presidente se someta a la ratificación o revocación de su mandato por parte del pueblo, la mejor forma es la de la reelección. Que el mandato presidencial se acorte a cuatro años, con el derecho del Presidente a reelegirse por otro período consecutivo de cuatro años. Y ya, solo hasta dos períodos consecutivos. De este modo, el Presidente tendría cuatro años para acreditar su obra de gobierno y ganarse la voluntad popular con vistas a su reelección, con un diseño jurídico, político e institucional que brinde certidumbre a todo el proceso.
Si un Presidente se reelige así, sería un proceso muy distinto a una victoria en el proceso de revocación de mandato, porque se trataría de un triunfo frente a otros candidatos en una elección debidamente programada, organizada y regulada. En cambio, la victoria en la revocación de mandato ocurriría en un monólogo, un soliloquio del Presidente consigo mismo que, lejos de esclarecer y hacer visibles los grandes problemas nacionales, lo que genera es un ensimismamiento personalista que presagia una polarización extrema.
En cuanto al proceso de revocación de mandato que puede celebrarse en 2022, hay una serie de insuficiencias que, en todo caso, demuestran lo precipitado de la inserción de este cambio constitucional.
En primer lugar, el proceso de revocación de mandato debió programarse para el sexenio 2024-2030. La tradición, la filosofía y hasta la elegancia del Constituyente Permanente establece que una reforma de este calado debe aplicarse a partir del siguiente sexenio, tratándose del marco jurídico del Ejecutivo Federal o la siguiente Legislatura, tratándose del Congreso. Pero Morena y AMLO, en una postura realmente bravucona, impusieron la realización de la consulta de revocación de mandato en este mismo sexenio.
Es el típico balazo en el pie. Esa audacia puede derivar en una eventual revocación del mandato de AMLO. Sería una tremenda ironía que el Presidente con mayor respaldo popular desde Lázaro Cárdenas, fuera destituido por el mismo pueblo que lo encumbró. Todo puede suceder: en un momento de enojo popular, combinado con la metralla política de sus enemigos, podría darse la revocación de mandato de López Obrador. Las consecuencias serían imprevisibles y las lamentaciones interminables.
Independientemente de la postura que tengamos ante la gestión de AMLO, que en lo esencial está plagado de claroscuros igual que los sexenios anteriores, aunque en las formas sí es distinto; más allá de que nos gusten algunas acciones del gobierno de López Obrador y que otras nos parezcan reprobables, lo cierto es que, en mi opinión, sería indeseable que su mandato se viera cortado abruptamente a la mitad del camino.
Siguiendo con las anomalías del proceso de revocación de mandato que puede implementarse en 2022, la reforma estableció que solo puede realizarse a petición de un número de ciudadanos equivalente al tres por ciento de la lista nominal de electores. Esto quiere decir que deben movilizarse y recabar firmas alrededor de cuatro millones de ciudadanos, para que proceda. Lograr esto es casi imposible sin el apoyo del gobierno de la Republica. Tal parece que la reforma se hizo con la intención de que el proceso solo se concrete si el gobierno quiere respaldarlo.
No, la revocación de mandato debió haber quedado establecido en la Constitución como un proceso a realizarse sin requisito alguno. Que su realización no dependa de firmas, peticiones, respaldos ni nada de eso: debió haber quedado como un ejercicio programado institucionalmente, como los procesos electorales populares formales. En este punto tenía razón el presidente López Obrador: la realización de la consulta de revocación de mandato debió programarse en la fecha de las elecciones intermedias, pues su naturaleza política es similar.
En conclusión, el proceso de revocación de mandato, en las condiciones jurídicas, institucionales y políticas vigentes, sería más una fuente de confrontación exacerbada y propaganda destructora del enemigo, que una fuente de legitimidad. Además, el presidente López Obrador no necesita más legitimidad, pues la tiene en demasía; por lo tanto, si se realiza esa consulta, AMLO y la estabilidad política del país entrarían en un proceso absurdo (por inútil) donde tienen todo que perder y nada que ganar.
Si finalmente se realiza la consulta de revocación de mandato, lo mejor para el país es que gane el sí por la continuidad de López Obrador. En 2018, cuando AMLO ganó 30 millones de votos, no existía la figura de revocación de mandato en la Constitución. Lo eligieron para seis años. Si gana el no, si el Presidente López Obrador sería destituido, la voluntad de esos 30 millones de ciudadanos sería defraudada y entraríamos en una vorágine de incertidumbre e ingobernabilidad casi incontrolable. No deben confiarse en Palacio: a pesar de la popularidad de AMLO, todo puede pasar en esa consulta. Recuerden el Brexit o la elección de Trump en 2016: a veces lo impensable ocurre; cuando menos se espera, los demonios se liberan.
