Revelan red de abuso sexual infantil en escuelas públicas y privadas de siete estados de México (nota de Patricia Carrasco en OEM-Informex)

Imagen ilustrativa.

El informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia Patricia Carrasco, señala que participan directivos, profesores, personal administrativo y de intendencia

Patricia Carrasco | OEM-Informex

El informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denuncia que en escuelas públicas y privadas de siete estados de México han operado grupos delictivos que se dedican a la explotación sexual infantil organizada.

En la red participan directivos, profesores, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños y niñas dentro y fuera de los planteles, y los han video grabado con fines de pornografía infantil.

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Los niños describen violencia extrema contra ellos, como ser amordazados con cinta adhesiva, amarrados, utilización de orina, heces durante las agresiones, violencia psicológica extrema.

Los infantes comentan que son sacados de las escuelas, llevados a otras casas, donde sufren agresiones; dicen que son sedados y obligados a tomar cosas que les causan sueño; posteriormente, cometen diversos actos de abuso sexual en su contra.

Así lo revelan los testimonios de múltiples niños y niñas, quienes describen también la presencia de cámaras de video usadas durante los abusos.

La ODI, agregó, ha acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

El documento precisa que las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.

Empero, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.

En un comunicado, que se acompañó con el estudio, se detalló que la ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos.

“Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.

El documento, coordinado por Margarita Griesbach y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, señala con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.

También resaltó que la explotación sexual infantil en preescolares públicos y privados no es investigada por autoridades judiciales.

Y los citados abusos han sido denunciados durante años por un grupo de académicos y activistas, quienes vienen exigiendo una investigación ante los organismos de justicia.

Empero, en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación con tan solo cuatro oficios en los que negó reconocer a los denunciantes como víctimas y también su posibilidad de impugnar la falta de investigación.

Desde el 2008 la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. conoció del primer caso de explotación sexual infantil en escuelas.

La violencia narrada por las víctimas, en edades de 3 y 4 años de edad, describen actos monstruosos a manos de adultos entre los que se incluyen autoridades educativas.

El informe que revela el escenario de abusos ocurrido en diversas escuelas públicas y privadas en México forma parte de una serie de patrones aberrantes de abusos sexuales realizados en contra de niñas y niños indefensos que se repiten en igual magnitud en países como Israel.

Según el estudio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido conocimiento desde hace años de estos casos. La respuesta del organismo ha sido no informar ante la policía o la fiscalía cada vez que recibe una denuncia sobre presuntos delitos graves en una escuela cometidos contra niñas y niños. En su lugar, la SEP se investiga a sí misma, por lo que ante este procedimiento institucional es imposible distinguir la incompetencia del encubrimiento.

Los codenunciantes sostienen cuatro peticiones a la justicia de la República Mexicana: 1) que se investigue debidamente y que se reconozca a los denunciantes como víctimas con derechos para participar en la investigación; 2) que se garanticen métodos especializados para escuchar las testimoniales de niños y niñas; 3) que se modifiquen los procedimientos administrativos de la SEP y se avise a la policía de manera obligada ante cualquier denuncia de abuso sexual, y 4) que se garanticen escuelas transparentes, sin casas privadas dentro de la escuela, cuartos obscuros o salones ocultos.

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