Además, negó que esté interviniendo en los temas políticos peruanos al apoyar a su expresidente
Rafael Ramírez | OEM-Informex
Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la relación entre ambos países está supendida hasta que se resuelvan los temas legales.
El presidente de México negó que con su apoyo a Castillo esté interviniendo en la política peruana, mientras tanto “está en pausa” la relación diplomática con el gobierno de la nueva mandataria Dina Boluarte.
“Está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, aseguró.
López Obrador sostuvo su respaldo a Castillo y dijo: “Sí es Pedro Castillo presidente de Perú, hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad”.
También se le insistió si reconoce a la nueva presidiera Boluarte y dijo que: “el reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestra tradición. Haciendo un poco de historia, cuando se hacía un golpe de estado o de invadía nuestro territorio se buscaba el reconocimiento del extranjero”, subrayó.
Este martes se le preguntó al mandatario si él está teniendo injerencia en la política de Perú y respondo que no, mientras habló de un documento firmado por mandatarios latinoamericanos.
“Sí quiero aclarar algo: acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Argentina, Bolivia y Colombia en donde con apego a acuerdos internacionales se exhorta a que se respete el voto de los ciudadanos y no se reprima al pueblo”, dijo López Obrador.
También sostuvo que su gobierno lamenta mucho lo que está sucediendo en Perú, una problemática que incrementa por los medios de comunicación.
“Sobre todo por el pueblo hermano de Perú, porque esto se genera arriba, la llamada cúpula económica, los medios de información provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos”.
Este lunes, en Perú, ante las protestas de simpatizantes de Pedro Castillo, la nueva presidenta, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
