Legisladores mexicanos advierten que la medida afectaría el bienestar de millones de familias y fomentaría el uso de canales informales
Rafael Ramírez | OEM-Informex
La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de México rechazan la propuesta del congresista republicano Jason Smith, presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas que envían migrantes mexicanos desde ese país.
A través de sendos comunicados, las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras coincidieron en que la medida es injusta, discriminatoria y contraria a los principios de cooperación binacional, por lo que hicieron un llamado a su cancelación.
Desde el Senado, legisladores de todos los grupos parlamentarios calificaron como “doble tributación” el gravamen propuesto, al recordar que los trabajadores migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, sin recibir a cambio beneficios sociales proporcionales.
Subrayaron que el 80 por ciento del ingreso generado por estos trabajadores permanece en la economía estadounidense, mientras que el 20 por ciento restante —las remesas— sustenta a millones de familias en México.
“La propuesta orillaría a los migrantes a enviar dinero a través de vías informales, fuera del sistema financiero, con consecuencias negativas tanto para México como para Estados Unidos”, advirtieron.
El pronunciamiento fue firmado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López; y los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya (PAN), Manuel Añorve (PRI), Manuel Velasco (PVEM) y Alberto Anaya (PT), quienes llamaron al Congreso estadounidense a reflexionar y rechazar cualquier medida que atente contra el trabajo honesto y la dignidad de los migrantes.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva también expresaron su “absoluto rechazo” a la propuesta, al considerar que representa un “atentado contra la dignidad de nuestros paisanos” y una violación a los principios democráticos e instrumentos internacionales firmados por ambos países.
“Las personas migrantes no son criminales. Contribuyen al desarrollo económico y social de Estados Unidos y de México. El pago por su trabajo les pertenece, y gravarlo injustamente sería una afrenta a los derechos humanos y a la cooperación binacional”, concluyeron.
Ambas cámaras refrendaron su compromiso con los derechos de los migrantes y pidieron resolver las diferencias a través del diálogo y el entendimiento, no mediante medidas unilaterales que lastiman a las familias mexicanas.
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