¿Quién tiene la razón AMLO o el INE? Autora: Ivonne Acuña Murillo

Foto: Especial.

En la última semana, la opinión pública ha presenciado un áspero enfrentamiento entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en voz del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. La razón: el derecho del primer mandatario a informar a sus gobernados y la supuesta intención de la autoridad electoral de limitar dicho derecho.

De un lado y otro se esgrimen argumentos que parecen válidos. Sin embargo, una revisión más puntual se hace necesaria para responder: ¿Tiene razón el primer mandatario al defender el modelo de comunicación política, basado en las Conferencias de Prensa de cada mañana, que implantó desde que fuera jefe de gobierno del Distrito Federal (2000-2005)? ¿Son atendibles las razones dadas por Córdova Vianello para limitar dicho modelo en el contexto del proceso electoral de 2021?

Antes de ofrecer argumentos para responder a estos cuestionamientos, es pertinente explicar los hechos que llevaron a este enfrentamiento.

El 28 de diciembre de 2020, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante el INE una queja en contra del presidente López Obrador por afirmar, en conferencia de prensa, que la alianza entre los partidos PRI, PAN, PRD son más de lo mismo, una alianza en la cual dichos “partidos conservadores” buscan mantener sus privilegios. A decir del partido, esto supone una violación al Artículo 134 constitucional que en su párrafo 8º dice:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Como respuesta, la Comisión de Quejas del INE, pidió al presidente que dejara de pronunciarse en favor de Morena y en contra de la alianza de partidos opositores, como de manera recurrente había hecho desde noviembre. Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dicha decisión por lo que el tribunal pidió al INE que su Consejo General decidiera si el presidente debe o no callar sobre temas electorales. Morena se opuso en la sesión del Consejo del viernes 15 de enero amenazando con demandar a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, además de criticar acremente al INE, que se defendió afirmando estar cumpliendo los mandatos del TEPJF. El debate llegó al punto de acusar al INE de un intento de censura en contra del presidente.

A pesar de la tensión el INE decidió, como medida cautelar, que las Conferencias de Prensa de cada mañana no fueran transmitidas en vivo y de manera íntegra por los diversos medios de comunicación, sino de manera parcial cuidando de no reproducir las partes que pudieran ser consideradas como propaganda gubernamental.

Cabe aclarar que el INE no puede determinar si el presidente violó o no la ley electoral, eso corresponde al TEPJF. Lo que si puede hacer es dictar medidas cautelares como pedir al presidente que no haga propaganda a favor de Morena o en contra de sus opositores, mientras el tribunal toma la última decisión. Pedimento que AMLO ha desoído al afirmar su derecho a defenderse de los ataques de que es objeto por parte de sus opositores.

En este escenario, el INE ofreció una medida que ha resultado polémica al punto que uno de los consejeros del mismo instituto, José Roberto Ruíz Saldaña, afirmó, en el espacio de Astillero Informa, del 14 de enero, no estar de acuerdo con lo que asume una decisión no consensada con el Consejo General, en torno a si las “Mañaneras” son información o propaganda, sino que más bien expresa la postura personal del consejero presidente Córdova.

Dados los ataques de otros personajes de la vida pública, Lorenzo Córdova aclaró, el 12 de enero, que:

Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes, que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión integra de esas conferencias al considerarse que al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución.

La afirmación de Córdova tiene como antecedente un hecho relevante. En mayo de 2019 el mismo presidente López Obrador, en conferencia de prensa, aceptó que no se transmitieran las conferencias en los dos estados donde se iban a celebrar comicios, Baja California y Puebla. Admitió incluso que durante el periodo de consulta para la revocación de mandato se suspendan también a nivel nacional.

Este acuerdo se basa en la reforma electoral de 2007, promovida desde la misma izquierda con López Obrador como actor central, para evitar que se repitiera el intervencionismo electoral de Vicente Fox Quesada en la elección de 2006. En dicha reforma, no están incluidas las “Mañaneras”, probablemente porque se pensó que AMLO no llegaría a la silla presidencial, por lo que se podría pensar que el INE o Córdova Vianello hacen una interpretación muy particular del Artículo 134 al aplicarlo a dichas conferencias y pretender la suspensión de su transmisión completa en tiempo real.

¿Qué cambió? ¿qué lleva hoy al presidente de la República a rechazar una medida cautelar que acató, sin protestar, dos años atrás, y acusar un intento de censura?

Cambió el contexto, habrá que responder sin vacilar.

En primer lugar, el proceso electoral en curso se lleva a cabo en medio de una de las pandemias más peligrosas vividas por la humanidad en función de las características del virus, de su fácil propagación y sus secuelas. Emergencia sanitaria que hace necesaria la información profusa por parte de quien gobierna y está al frente en cada país.

Aunque, de hecho, la información referida a salud o seguridad no puede ser prohibida, otros rubros calificados como “logros de gobierno” si pueden ser censurados al ser interpretados como propaganda. ¿Aumentar el número de camas y de personal médico en tiempos de pandemia es tema de salud o logro enunciado como propaganda? ¿Usted puede diferenciar una cosa de otra?

En segundo lugar, los intentos del INE por impedir la transmisión completa y en tiempo real de las conferencias mañaneras, ya no en dos estados sino en todo el país, se dan poco después de que empresas de medios (Twitter, Facebook) se atrevieran a anteponer el derecho privado al público al “apagar” o cerrar las cuentas de un presidente en funciones, Donald Trump, sin importar si con esto se violaba el derecho de la ciudadanía a la información. El mismo Trump sostuvo en un tuit: “Me han silenciado a mí y a ustedes, a los 75 millones de grandes patriotas que votaron por mí”.

Este suceso puso en alerta al presidente López Obrador que el 7 de enero rechazó la “censura” que Twitter y Facebook habían impuesto a su homólogo estadunidense, después del asalto al Congreso de Estados Unidos. Esto se interpretó como un apoyo al presidente Trump y no como una postura general en contra de la posible censura que una empresa privada puede ejercer en contra de la máxima autoridad política de un país. Para muchos incluso, AMLO estaba “poniendo su barba a remojar al ver la de su vecino cortar”.

Pero no fue el presidente mexicano el único en hacer pública su molestia como reportó Página 12, en “Fuerte rechazo de líderes europeos al cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump”. Mandatarios de la talla de Angela Merkel, canciller federal de Alemania, también lo hicieron. La canciller consideró, a través de su portavoz Steffen Seibert, “problemático” el cierre de las cuentas del presidente saliente de los Estados Unidos, pues “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa”.

En coincidencia, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, cuestionó el hecho de que la decisión haya surgido de las compañías y no de un marco regulatorio legal como el que la Unión Europea (UE) planea crear para regular a los gigantes digitales.

Asimismo, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interno, expresó su “perplejidad” por la decisión de prohibir el acceso de Trump a redes sociales sin que mediara un control legítimo y democrático.

Lo anterior, permite sostener que no es lo mismo aplicar las reglas de convivencia aceptadas al entrar a una red social a un ciudadano o ciudadana común, que a quien encabeza un Estado y representa a su población. La obligación, además del derecho, que contrae un gobernante respecto del derecho a la información de sus gobernados no puede quedar sujeta a la voluntad de una empresa privada que aduciendo violación a las “reglas de uso”, unilateralmente impuestas, censure la voz del presidente de una Nación.

Apoyar lo hecho por Twitter y Facebook es permitir que un poder económico se imponga a uno de carácter político. ¿Qué puede esperar el mandatario de cualquier país, si el presidente del más poderoso puede ser censurado por una empresa privada?

Ciertamente toda empresa privada se reserva “el derecho de admisión”; sin embargo, este no puede ser aplicado en contra de los derechos reconocidos a todas las personas en el sentido de la no discriminación, el trato equitativo, etc. En el caso que se comenta, no puede aceptarse que Twitter y Facebook impidan a la ciudadanía de un país recibir la información de quien gobierna, juzgando a priori si esta es verdadera o falsa.

La mala costumbre de “proteger” a la ciudadanía de una supuesta falta de criterio se traslada así de los diversos gobiernos a dos plataformas digitales que, de manera unilateral, deciden que pueden o no escuchar sus usuarios, dejando de lado el hecho de que esos usuarios son ciudadanos con derechos reconocidos. De esta manera, jamás votantes y usuarios podrán llegar a la mayoría de edad y ejercer a plenitud los derechos reconocidos nacional e internacionalmente.

Pero el asunto no paró ahí, Apple, Google y Amazon vetaron a Parler, la red social utilizada por los seguidores de Trump, como informó el sitio 20minutos.es. Y para que no haya confusiones, no se defiende la toma del Capitolio estadunidense ni el llamado del presidente Trump a la violencia, sino el derecho de la ciudadanía a ser informada y a decidir por cuenta propia a quien escucha, omite o sanciona.

Es en este punto que López Obrador relaciona la censura de una empresa de medios con el intento del INE en relación con las Mañaneras, para resistirse a una transmisión parcial y restringida ahora que “está de moda la censura”. “El horno no está para bollos” habría que decirle al INE y a Córdova a partir del timing que en política siempre cuenta.

En tercer lugar, los dos años de gobierno de la actual administración han transcurrido en medio de feroces ataques en contra del propio presidente y su proyecto de transformación, la 4T, como él mismo reconoce. En este punto, alerta el hecho de que se busque impedir al presidente defenderse de tales ataques y no se impida que sus opositores los usen como insumo de campaña.

En descargo del INE se podrá decir que busca equilibrar las fuerzas al limitar la exposición presidencial y cuidar que sean los propios partidos que, en igualdad de condiciones, compitan en esta contienda electoral. Sin embargo, ¿qué se puede decir del árbitro electoral que sanciona a unos y consiente a otros?

Como ejemplo, el mismo INE estuvo de acuerdo en bajar el spot del “Tumor”, en que Morena cuestiona la alianza del PAN y el PRI y dejar al aire el de la “Barredora”, en la que el PRI crítica lo hecho por AMLO en sus dos años de gobierno. Algo de duda debería provocar esta decisión, ¿no le parece?

Para cerrar, se antoja preguntar:

¿Por qué Lorenzo Córdova comunicó una medida extrema y al parecer no consensada, en lugar de comenzar por lo más sencillo?

¿No basta que el INE indique qué puede o no decir el presidente en lugar de restringir la transmisión de las Conferencia Mañaneras a nivel nacional?

¿Puede el INE ajustar sus medidas a un contexto cualitativamente diferente al de 2019?

¿Puede el presidente López Obrador ceder y abandonar su derecho a defenderse de sus opositores durante la veda electoral, permitiendo que en todo caso sea Morena quien lo haga?

¿Quién tiene la razón: el presidente López Obrador o el INE?

Ivonne Acuña Murillo
Ivonne Acuña Murillo

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.


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